El 'recado' de la Justicia al Gobierno y a Canarias por el conflicto con los menas: "Más lealtad institucional"

Concretamente, establece una serie de trámites previos a la acogida delmena, como "su reseña de identificación" policial, una resolución administrativa que, de forma individualizada, le asigne a un órgano del Estado o la celebración de una entrevista con el mismo, acompañado de un intérprete y con conocimiento de un fiscal.

Sin estos requisitos, entre los que se encuentra el hecho de que la Administración estatal deba identificar a cada menor, Canarias se niega a acogerles. La Fiscalía Superior de Canarias recurrió este protocolo y la Justicia le ha dado la razón. Aunque no entró en el fondo del asunto y tan sólo analizó se existían esta "especial urgencia", el TSJC sí subraya que este cambio de reglas puede complicar bastante la acogida de los menores.

Así lo expresaba el tribunal en su auto: "[El nuevo protocolo canario] supone una innovación no poco relevante del régimen jurídico".

Es más, los jueces recalcaban que los requisitos que pretendía exigir el Gobierno canario "pueden comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata y recepción de dichos menores a las autoridades".

"Pues bien, tan relevante alteración del actual marco normativo aconseja en este trance el mantenimiento del actual statu quo, finalidad conservativa que, por otro lado, es la prototípica que las medidas cautelares miran a satisfacer", concluyeron los jueces, antes de subrayar la "repercusión" que el nuevo reglamento "es susceptible de desplegar" sobre un colectivo "tan especialmente sensible y vulnerable como es el de los menores al que van dirigidas las actuaciones contempladas en el mismo".

Reuniones políticas

Ahora bien, a semana que viene, el ministro Ángel Víctor Torres pretende reunirse con Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP. Es éste un nuevo intento para desencallar la reforma de la Ley de Extranjería.

Pero el socialista canario se ha encontrado con que, enfrente, tiene un bloque sólido: ya son 14 autonomías, de las 17 que existen, con una posición común en esta materia. Es decir, una mayoría reforzadísima en el seno de la Conferencia Sectorial, que derrotaría cualquier propuesta alternativa.

Así que si el ministro (y antecesor de Calvijo en el Gobierno insular) quiere lograr un pacto, tendrá que aportar lo único que le falta: el dinero de Hacienda.

Según ha podido saber este periódico, el pasado lunes, Tellado atendió una llamada de Torres, que le planteaba, de nuevo, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, para que las derivaciones de menas pasen a ser obligatorias para el resto de comunidades autónomas, en caso de "sobreocupación" de una de ellas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reunido con el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Europa Press

Tellado le dijo que sí. Pero le advirtió de que no habría una reunión "sólo para verse las caras". Y que únicamente habría pacto si se cumplían tres factores.

El primero, que a la reunión fuese Clavijo, el presidente canario y aliado del PP en la manera de afrontar la llamada "emergencia migratoria". A eso accedió sin problemas el ministro. De hecho, la reunión no se celebró el jueves pasado por problemas de agenda del líder autonómico.

El segundo requisito, que Torres cumpliera con la tarea que se llevó de su último encuentro a tres. El pasado 12 de agosto, el presidente canario logró que el popular y el socialista interrumpieran sus vacaciones. Se vieron en Madrid y llegaron a un principio de acuerdo, a falta de que el ministro lo completara con un informe de plazas mínimas y máximas para cuantificar los menores no acompañados exigibles a cada autonomía.

Ese dosier, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, aún no ha sido remitido ni a Tellado ni a Clavijo.

Antonio Sempere Europa Press

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Y el tercer requisito es el más difícil: que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ponga el dinero. Porque aquel preacuerdo fechado el 12 de agosto obligaba al Estado a financiar a las autonomías sobrepasadas de plazas (entre el 100% y el 150%) e, incluso, a asumir con sus recursos la acogida del resto de menas (a partir del 150% de sobreocupación en una región).

Montero, según ha podido saber este diario, no está facilitando esta posibilidad al ministro encargado de la crisis migratoria. Aún no está cerrada la fecha para la reunión, pero pasan los días, "y sin los datos ni dinero", quizá se cancela la reunión, advierte a EL ESPAÑOL el entorno del presidente autonómico.