La Audiencia avala que la juez que imputó al hermano de Sánchez investigue sus 'mails' y los de varios cargos del PSOE

La Audiencia Provincial de Badajoz ha avalado que la juez que investiga a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ordenase a la Guardia Civil incautar y analizar sus e-mails y los de varios cargos del PSOE pacense.

Así consta en una resolución, fechada este miércoles, que avanza EL ESPAÑOL y que supone un espaldarazo para la instrucción que capitanea la juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

El tribunal tenía en su mano la posibilidad de avalar la decisión de la magistrada, revocarla o acotarla. Y considera que el auto en el que ordenó dicha medida fue "exquisitamente cuidadoso" a la hora de determinar el "ámbito subjetivo y el objetivo afectado" por tal orden, "cumple a rajatabla" los requisitos legales y estaba "motivado de forma profusa". Descarta, por tanto, que se trata de una decisión prospectiva.

De esta forma, la Audiencia Provincial de Badajoz desestima el recurso interpuesto por Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación pacense y secretario general del PSOE extremeño. Él era, tal y como avanzó este periódico, uno de los cargos cuyos correos también fueron volcados por la Guardia Civil, además de los de David Sánchez.

Por ello, Gallardo impugnó la orden de la juez. Lo hizo, en primer lugar, mediante un recurso de reforma, presentado ante el propio Juzgado. Biedma lo rechazó y mantuvo su decisión. Posteriormente, el político presentó un recurso de apelación ante la instancia superior, la Audiencia de Badajoz, que confirma ahora que "existía motivación más que suficiente" en el auto que firmó la instructora "para justificar, en este caso concreto", la entrada de la Guardia Civil en la sede de la Diputación.

La defensa del hermano del presidente del Gobierno también trató de impugnar la decisión de la instructora, pero presentó su recurso fuera de plazo y tuvo que adherirse al resto de ellos, por lo que la Audiencia tan sólo ha analizado los escritos de Gallardo y de otro cargo provincial, Alejandro Cardenal, jefe del servicio jurídico de la Diputación.

Este organismo provincial contrató a David Sánchez en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses y como parte de un programa para fomentar la ópera en la región.

La causa contra él se inició con una denuncia del sindicato Manos Limpias, que le acusa de "cobrar sin ir a trabajar" a la sede de la Diputación, así como de residir en Elvas, una localidad lusa cercana a la frontera, "para pagar menos impuestos". No obstante, un informe de Hacienda, ya enviado a la juez por parte del Ministerio, descarta que, con ello, haya cometido un fraude fiscal, uno de los delitos que se investigan en este procedimiento.

Este auto de la Audiencia Provincial de Badajoz también respalda la postura de la Fiscalía, que había solicitado que los recursos presentados por Gallardo y por Cardenal fuesen desestimados, como así ha ocurrido.

Considera el tribunal que la medida adoptada por la juez fue idónea, necesaria, estuvo justificada y estaba vinculada a los hechos objeto de investigación. En este caso, la magistrada trataba de averiguar si existió algún tipo de concierto previo o trato de favor para adjudicar la plaza al hermano del hoy presidente del Gobierno. En 2017, Pedro Sánchez ya era secretario general del PSOE a nivel nacional.

Según concluye la Audiencia Provincial de Badajoz, el auto de la juez que ordenaba a la Guardia Civil a incautar miles de e-mails "contiene la necesaria motivación que requiere la injerencia en los derechos fundamentales que se dicen vulnerados en el recurso".

Entre otras cuestiones, la magistrada señalaba la escasa actividad laboral de David Sánchez en la Diputación. Subrayaba, de hecho, que llegó a estar un año sin despacho. Por contra, el organismo provincial alegó que el suyo era un "cargo de alta dirección", que no requería presencialidad ni control horario (lo que comúnmente se denomina fichar).

Por ello, al Audiencia pacense recalca ahora que la decisión de la juez de analizar los correos electrónicos de varios cargos de la Diputación, con el objetivo de investigar cómo y por qué se contrató a David Sánchez, no podría haberse llevado a cabo de ninguna otra forma que no fuera el desplazamiento de la Guardia Civil hasta su sede y el volcado de los servidores. 

"No podemos sino refrendar dicha motivación sin encontrar esa indeterminación y vulneración que refleja, sin mayor justificación, el recurso [del presidente de la Diputación]", concluye la Audiencia provincial pacense.

"En una afirmación que no cabe sino compartir, la afectación del entorno digital de dichos afectados viene limitada claramente, pues se refiere a comunicaciones realizadas solamente en el ámbito de su función laboral. No hablamos así de correos particulares que pudieran referirse a su estricta intimidad", añade el tribunal.

"La medida es idónea por cuanto no cabe obtener la información requerida con nuevas testificales o nuevos requerimientos documentales", finaliza.