El empresario Álvaro Romillo, responsable de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club y quien ha confesado haber sufragado a Alvise Pérez con 100.000 euros, también gestiona un festival con estrellas de talla mundial cuyo último concierto se celebrará este sábado en Málaga.
Por ello, la defensa de Romillo ha solicitado a la Audiencia Nacional que nombre a un administrador judicial que evite la quiebra de la compañía responsable del evento y del resto de mercantiles de su grupo.
Así consta en un escrito firmado por su abogado, Francisco Miranda, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Ya ha sido enviado al Juzgado Central de Instrucción número 4, cuyo titular es el juez José Luis Calama. El empresario pretende ofrecer colaboración total con las autoridades judiciales.
Este magistrado recibió hace escasos días una denuncia de varios afectados por el cierre de Madeira Invest Club, asesorados por el bufete Aránguez Abogados. A ésta, le siguieron otras denuncias por supuesta estafa, como la presentada por Zaballos Abogados.
En efecto, la plataforma de inversión ha clausurado su web y, debido al bloqueo de sus cuentas en Portugal, ha frenado los pagos a sus inversores. Ya en 2023, en España, Madeira fue señalada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El organismo supervisor la tachó de "chiringuito financiero" y alertó de sus prácticas.
Ahora, en el citado escrito, la defensa de Álvaro Romillo pone a disposición de la Justicia todos sus bienes, con el objetivo de hacer frente "a las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse" de este procedimiento judicial. Por ello, considera "indispensable" que el juez evite la quiebra del grupo empresarial.
Madeira Invest Club
Como explica el documento, con el dinero recaudado a través de la actividad inversora de Madeira Invest Club se constituyeron otras sociedades, que el escrito enumera una a una. Y tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, las mercantiles Negro Carbón Málaga SL, MalagaForum SL y Selvatic Fest están vinculadas a la organización del festival musical, que tiene el mismo nombre que esta última.
Este sábado, 28 de septiembre, está previsto el concierto del artista Saiko como clausura de la edición de 2024 del Selvatic Málaga Fest.
Por ello, ahora Romillo —conocido por su alias, CryptoSpain— pone todas sus empresas a disposición de la Audiencia Nacional y solicita al juez que designe a un administrador que las gestione para evitar la quiebra del grupo, ya que, de no hacerse, peligra el posible pago a los denunciantes. "Que con los ingresos procedentes [de las compañías] se pueda, llegado el caso, hacer frente al pago de los inversores que tengan algún contrato vigente e incumplido por parte de nuestro mandante", explica el abogado de Romillo.
Asimismo, como expresa la defensa, "debe tenerse en cuenta que algún activo, si no se administra en la forma adecuada, puede perder todo su valor en semanas". Por otro lado, el escrito también pretende evitar la quiebra del grupo si Romillo, finalmente, acaba exonerado.
Su abogado expone que la designación de un administrador judicial "cumple un doble objetivo". Por un lado, "restaura el orden jurídico lesionado por la infracción", ya que el patrimonio de Romillo serviría para resarcir a los inversores. Además, "en el caso de sentencia absolutoria, [la medida] conserva su patrimonio hasta ese momento". Asimismo, el auxilio judicial, recuerda el letrado, "evitaría la destrucción de pruebas".
Las supuestas víctimas de la estafa representadas por el bufete Zaballos apoyan esta petición. En otro escrito, fechado este miércoles, esta acusación también solicita que un administrador judicial gestione el conglomerado, que cuenta con "numerosos empleados a su cargo" y registra "volúmenes de facturación muy relevantes a nivel económico".
Romillo y Alvise
El propio Álvaro Romillo reconoció en un escrito dirigido a la Fiscalía General del Estado haber pagado 100.000 euros en metálico a Alvise Pérez para financiar su campaña al Parlamento Europeo.
Así se desprende de los más de 50 folios que recogen chats entre ambos y que el antiguo dueño de Madeira Invest aportó como anexo al documento.
Tras conocer esta información, el bufete Aránguez Abogados, que representa a varios inversores del cripto-club, ha solicitado al juez Calama que derive la causa al Supremo para que este tribunal —el único con competencias para ello— investigue al ya eurodiputado.
Por otro lado, Pérez, en abril de 2024, antes de obtener su escaño en Bruselas, participó en un evento celebrado en el Hipódromo de La Zarzuela en el que promocionó Madeira Invest Club.
Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, una vez obtuvo su asiento en el Parlamento Europeo, prometió a Romillo "hacer lobby" desde el corazón de la UE en favor de su empresa y de "libertad financiera" asociada a las criptomonedas, una divisa digital opaca y recurrentemente investigada en los últimos años en innumerables operaciones policiales de las autoridades de la Eurozona.