Carles Puigdemont, en una imagen de archivo en el Parlamento Europeo./
El bluf de la estrategia judicial de Puigdemont: pierde todas las sentencias dictadas por el Tribunal de la UE hasta ahora
El expresidente catalán, que ha propagado durante años que la Justicia europea pondría en evidencia a las instituciones españolas y a la Eurocámara, solo ha obtenido a su favor en el TJUE tres autos de medidas provisionales desde 2019.
29 septiembre, 2024 03:51"Nos trataron como si fuésemos marcianos... pero teníamos razón", se jactó el entorno de Carles Puigdemont el pasado abril, cuando el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE Maciej Szpunar pidió la anulación de la decisión del presidente del Parlamento Europeo que denegó al expresidente catalán el acta de eurodiputado tras las elecciones de mayo de 2019, por no haber acatado la Constitución Española.
El pasado jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió no seguir el criterio de Szpunar y rechazó el recurso de la defensa de Puigdemont, al que ha condenado a pagar las costas del proceso al haberse desestimado todas sus pretensiones.
El varapalo para Carles Puigdemont, que lleva años prediciendo que la Justicia europea desautorizaría al Parlamento Europeo y a las instituciones españolas ("menos mal que tenemos Europa", proclamaba su equipo jurídico en la red X) es rotundo.
El TJUE no solo avala la decisión del entonces presidente de la Eurocámara Antonio Tajani de no dar el escaño a Puigdemont en 2019. Tampoco desautoriza a la Junta Electoral Central española, que excluyó a Puigdemont de la lista de eurodiputados enviada al Parlamento Europeo por no haber prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, conforme establece la ley electoral española. Por ende, no desacredita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que en junio de 2020 confirmó la corrección de la decisión de la Junta Electoral Central.
Además, el TJUE no se pronuncia, como pretendía Puigdemont, sobre si la obligación legal de los eurodiputados españoles de acatar la Constitución es compatible con el Derecho de la UE.
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Y, contradiciendo de nuevo al expresidente catalán prófugo, establece que el control de ese requisito no corresponde al Parlamento Europeo, sino "exclusivamente a los tribunales nacionales, en su caso tras una remisión prejudicial al TJUE" o a este último si hay un recurso por incumplimiento promovido por la Comisión Europea.
En la práctica, el contenido de la sentencia del TJUE pone muy difíciles las cosas a Antoni Comín. La actual presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, no le ha expedido la credencial de eurodiputado tras las elecciones del 9 de junio por el mismo motivo que en 2019: no ha acatado la Constitución. Es improbable que los tribunales nacionales vayan a modificar su criterio o que la Comisión Europea inicie un recurso por incumplimiento.
Así que el primer litigio ante el TJUE que termina en un fallo irrecurrible se ha saldado con el fracaso de la estrategia de Puigdemont.
Pese a la propaganda, hasta ahora el expresidente catalán no ha obtenido ninguna sentencia favorable en Luxemburgo.
Fallos adversos
El primer fallo adverso lo emitió el Tribunal General de la UE el 6 de julio de 2022. Es el asunto que el jueves finiquitó el Tribunal de Justicia, ratificando la sentencia del TGUE y avalando la actuación de Tajani.
La segunda sentencia, también del TGUE y emitida el 5 de julio de 2023, desestimó la pretensión de que se anulara la decisión del presidente del Parlamento Europeo de no amparar la inmunidad parlamentaria de Puigdemont frente a las órdenes de detención dictadas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena el 14 de octubre de 2019, tras la sentencia del procés.
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La tercera sentencia emitida hasta ahora por el TGUE, que está recurrida ante el TJUE, rechazó anular los suplicatorios concedidos por el Parlamento Europeo a petición de Llarena para que Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí fueran juzgados en la causa del procés. Todos ellos perdieron la inmunidad como europarlamentarios.
En medio de estas tres sentencias se han dictado por parte del Tribunal de Justicia europeo varios autos sobre cuestiones incidentales. Son las únicas decisiones que han dado alguna alegría a los prófugos, ya que tres autos de medidas provisionales devolvieron en distintas etapas (diciembre de 2019, junio de 2021 y mayo de 2022) la inmunidad mientras el TJUE se pronunciaba de manera definitiva.
En enero de 2023, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el juez Llarena, el TJUE determinó que Bélgica no podía denegar la entrega de Puigdemont alegando que el Tribunal Supremo no es competente para juzgarle y que por ello existe un riesgo de que se vulnere su derecho a un juicio justo.
La batalla continúa
Los anteriores procesos pueden considerarse escaramuzas si se tienen en cuenta las batallas jurídicas pendientes.
La sentencia sobre el proces que dictó la Sala Penal del Tribunal Supremo en octubre de 2019, avalada en todo por el Tribunal Constitucional, se encuentra recurrida por varios de los condenados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, sobre todo, está pendiente la ley de amnistía, ya cuestionada ante el TJUE por órganos como la Audiencia Nacional o el Tribunal de Cuentas.
El pasado 29 de julio, la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez presentó la primera cuestión prejudicial dirigida a cuestionar la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Hernáez ha formulado al tribunal europeo ocho preguntas para dilucidar si la amnistía del procés -que se extiende a la responsabilidad contable, cifrada en 3,4 millones de euros según el fiscal- se opone a las normas comunitarias que obligan a los Estados miembros a desarrollar una "lucha eficaz y disuasoria contra el fraude" y contra "toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea”.
