El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado la petición del Gobierno autonómico de levantar la suspensión temporal al protocolo elaborado por el Ejecutivo de Fernando Clavijo sobre la acogida de menas.
Este nuevo reglamento exigía, entre otros requisitos, que autoridades estatales identificaran a cada menor que llega en patera al archipiélago antes de ser atendido por funcionarios insulares.
La Fiscalía recurrió el nuevo protocolo y el TSJC ordenó su suspensión de forma urgente, al apreciar, en sintonía con el Ministerio Público, que podía vulnerar derechos de los menas (acrónimo de menores extranjeros no acompañados).
Tras la suspensión cautelar, el Gobierno de Clavijo tuvo un plazo de tres días para presentar alegaciones, que no han sido suficientes como para reactivar la aplicación de estas nuevas medidas.
Ahora bien, en un auto fechado este viernes, el TSJC sí admite que "no le falta razón" al Ejecutivo autonómico cuando invoca la "saturación de sus recursos". Ahora bien, el tribunal reconoce que no se está pronunciado sobre el fondo del asunto —la legalidad o no del nuevo protocolo canario—, sino sobre la pertinencia de mantener suspendida su aplicación de forma cautelar.
"Será al término del proceso, cuando se dispongan de todos los elementos de juicio
necesarios, cuando, inevitablemente, habremos de alcanzar un pronunciamiento a este
respecto", avanzan los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
"En cualquier caso, habida cuenta de la vulnerabilidad de los sujetos afectados por la resolución impugnada (menores extranjeros no acompañados) y teniendo presente también la máxima protección que merecen los derechos que se alegaban vulnerados por dicha resolución (derechos fundamentales), difícilmente cabe imaginar otro supuesto como éste que requiriera la adopción una resolución urgente y excepcional, en correspondencia, por lo demás, con las circunstancias de especial urgencia concurrentes a juicio de esta Sala y que legitimaban el signo de la resolución adoptada a la postre", justifica el TSJC.
El Tribunal Superior de Justicia canario insiste (y ahonda) en el recado que mandó al Gobierno central y al Ejecutivo canario en el auto en el que suspendió el protocolo autonómico.
"De ahí también la apelación a la lealtad institucional y a la colaboración de las instancias implicadas, para lo que no son suficientes los esfuerzos realizados y cuyo logro, más allá de la formalización de un encuentro en el seno de una conferencia sectorial, requiere una interacción mucho más intensa y completa, a partir de la información y puesta en conocimiento de las respectivas iniciativas que las instancias implicadas se propongan acometer, porque lo reclama así el principio de cooperación", recalca la Sala.
"A decir verdad, junto a los principios de unidad y autonomía, constituye el tercer pilar del Estado autonómico, cuya aplicación resulta insoslayable, además, cuando el ejercicio de las competencias respectivas se proyecta de forma concurrente sobre el mismo espacio físico, como aquí acontece", añaden los magistrados.