La nº2 de García Ortiz descarta que el fiscal general cometiese un delito al difundir la nota de prensa sobre el novio de Ayuso
García Ortiz asumió la difusión de esta nota informativa, que revelaba que fue González Amador quien planteó un pacto a la Fiscalía.
30 septiembre, 2024 12:13La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha descartado que su superior directo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cometiese un delito de revelación de secretos al difundir una nota de prensa con detalles del procedimiento por fraude fiscal en el que está inmerso Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.
En dicha nota informativa, cuya difusión asumió el propio García Ortiz, se revelaba que fue el propio González Amador quien había sugerido un pacto al fiscal de su caso y no al revés, como sí había publicado, sin ser cierto, un diario de tirada nacional.
En aquel comunicado, enviado a la prensa, se incluían, fechados con exactitud, extractos de conversaciones por e-mail mantenidas entre el abogado defensor de González Amador y el representante del Ministerio Público que le acusaba de dos delitos de fraude a Hacienda.
Fue entonces cuando el novio de Ayuso interpuso una querella contra el fiscal general del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos. Otras entidades y particulares, como el líder del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, han presentado las suyas propias.
Al tratarse del fiscal general, la causa contra él, que había sido tramitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fue derivada al Tribunal Supremo, ante el que está aforado García Ortiz, al igual que otras autoridades nacionales, como los diputados del Congreso.
Ahora, en un informe de 45 folios, Sánchez Conde defiende la actuación de su superior con respecto a la difusión de la nota. La considera "inocua" y de "nula lesividad".
Insiste la número dos de García Ortiz en que lo reflejado en aquel difundido —el cruce de correos electrónicos entre un fiscal y el abogado defensor— ya era conocido por la opinión pública. De hecho, incide en que dichos e-mails "ya circulaban por las redacciones de diferentes medios de comunicación" y no eran parte del objeto del procedimiento contra González Amador. Todos ellos, ya habían sido publicados en unos u otros medios.
Asimismo, la teniente fiscal del Supremo incide en que la primera noticia firmada por un periódico sobre este asunto —"cuya falsedad quedó poco después contrastada"—, sumadas a las "manifestaciones realizadas desde el entorno de la Presidencia de la Comunidad de Madrid", hizo "imprescindible" la publicación de la nota de prensa, para aclarar cómo sucedieron, realmente, los hechos.
El informe de Sánchez Conde reprocha, a su vez, la "reacción virulenta del entorno del investigado" contra la fiscal jefa de Madrid, una vez se hizo pública su condición de investigado en un procedimiento penal por fraude fiscal.
Según expresa el informe de la fiscal, aquella nota de prensa se redactó respetando todas las recomendaciones en materia de Protección de Datos y en ningún caso vulneró el derecho de defensa de González Amador.
"En definitiva, ante el interés suscitado por la opinión pública en relación con las informaciones publicadas, [la nota de prensa] se dedicaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados (...) que faltaban clamorosamente a la verdad y confundían a la ciudadanía", expresa Sánchez Conde.
"En este contexto de desinformación y falta de veracidad se encontraba la necesidad, además de defender la imparcialidad de un órgano de naturaleza constitucional como es el Ministerio Fiscal y sus propios integrantes, que desarrollan sus funciones con absoluta profesionalidad, de dar información auténtica y fidedigna", concluye el informe enviado a la Sala Segunda del Supremo. Este tribunal deberá decidir ahora si imputa o no a García Ortiz por estos hechos.
Durante su discurso en la ceremonia de apertura del Año Judicial, el propio fiscal general, ante la cúspide del Poder Judicial, destacó como esencial la labor de la Fiscalía en pos de la transparencia y la lucha contra los bulos. Sus palabras fueron interpretadas, por tanto, como una alusión a la causa en la que el Alto Tribunal debe decidir, en cuestión de días, acerca de su posible imputación.