Un juzgado admite a trámite la denuncia del PSOE andaluz sobre los contratos sanitarios de emergencia de la Junta

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE andaluz el pasado 20 de junio contra el Gobierno de la Junta de Andalucía por "presunta malversación y prevaricación" en la adjudicación de casi 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria.

Según el PSOE andaluz, estos contratos fueron realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19. Sin embargo, alegan que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguió utilizando hasta 2023, "dos años después de su derogación legal".

En mayo de 2021 el Gobierno central derogó estos contratos de emergencia. Por su  parte, la Consejería de Hacienda advirtió en unas contrataciones al resto de departamentos estas contrataciones de emergencia debían tener "carácter excepcional y residual" y que las razones debían estar motivadas.

EFE

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Según informa el propio partido, que ha solicitado personarse como acusación particular, la admisión a trámite de esta denuncia conlleva la apertura de diligencias sobre estos contratos realizados presuntamente "sin publicidad, ni control, ni concurrencia y basándose en una normativa derogada".

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, valora la admisión a trámite de esta denuncia. A su juicio, los mismos se realizaron mediante "adjudicaciones a dedo, adjudicaciones sin concurso de recursos públicos a la sanidad privada".

La Junta niega el fraude

Desde la Junta de Andalucía niegan el supuesto fraude y limita los reparos expresados por la Intervención a "salvedades" en los contratos.

En concreto, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, aseguró este miércoles que "no hay ningún fraude" en estos contratos de emergencia a los que fecha en 2021. Sirvieron, por ejemplo, para que "ningún diabético se quedara sin insulina".

Todo ello después de que los grupos de la oposición elevaran este miércoles la presión sobre el Gobierno andaluz. En concreto,  la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, elevó la cifra supuestamente defraudada a 758 millones de euros.

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Desde el PSOE andaluz suman estos casi 300 millones a "otros 458 millones en contratos troceados a conciencia para dárselo a sus amigos -sanidad privada- sin ningún tipo de concurrencia competitiva", refiriéndose a la información publicada por eldiario.es.

La sesión de control

Esta cuestión ha monopolizado una tensa sesión de control a Juanma Moreno en el pleno andaluz. Toda la oposición le ha criticado en bloque por este asunto y le han acusado de "corrupción".

Sin embargo, el choque más áspero se produjo con el jefe de la oposición y líder del PP, Juan Espadas. Moreno ha tirado de hemeroteca y le ha recriminado que en 2018, el último año de gestión socialista, con Susana Díaz al frente, se utilizó la fórmula de contratos menores para adjudicar 791 millones de euros en las ocho centrales de contratación provinciales.

Además, ha añadido que la Cámara de Cuentas fiscalizó la contratación pública de aquel ejercicio. "Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal fraccionando los contratos", ha citado Moreno textualmente.

"¿Usted va a denunciar a Susana Díaz y a sus excompañeros por esos 791 millones? Por coherencia, debería hacerlo inmediatamente. ¿Va a decir que el PSOE que se repartió dinero ilegalmente?", le preguntó Moreno.

No obstante, el presidente andaluz siguió tirando de hemeroteca hasta su etapa como consejero de Vivienda en 2009 y como alcalde de Sevilla unos años más tarde. "El 96% de los contratos de su consejería eran menores y nueve de cada diez contratos del Ayuntamiento en 2016 también. Cuando usted fue alcalde, los aumentó un 4.000%".

El líder socialista justificó estos datos asegurando que "los contratos menores no son ilegales, sino la fragmentación de contratos millonarios en pequeños contratos lo que señalan los interventores", lo que provocó las risas de la bancada popular.

Pero también el echó en cara que su Gobierno ha obstaculizado esta investigación "todo lo que ha podido" y ha negado que la Junta les haya proporcionado 68 informes de los interventores, como ha asegurado el propio presidente en la sesión de control.

Fue entoces cuando Moreno le acusó de "intentar criminalizar y enfangar una situación de emergencia en la sanidad", aunque sin pronunciarse abiertamente sobre la primera causa judicial que le salpicaría, centrándose en el fraccionamiento de los contratos y no en los de emergencia.

Fuentes del Gobierno andaluz aseguran que la tranquilidad es total en San Telmo al considerar que se trata de un procedimiento administrativo, que han hecho todas las administraciones durante la pandemia y que sirvieron para comprar medicamentos o prótesis que se necesitaban con urgencia.

"Nos preocuparía si alguien hubiese metido la mano en la caja, pero no tenemos constancia. Lo habríamos denunciado como ya hicimos ante la Fiscalía cuando lo vimos", haciendo alusión al caso de la venta de mascarillas que no llegó a consumarse porque la propia Junta lo frenó.