La Audiencia Nacional ha absuelto, de nuevo, al excomisario José Manuel Villarejo del delito de cohecho, aunque ha mantenido su primera condena en el mismo número de años de cárcel: 19 años.

Así consta en una sentencia de 508 folios firmada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que, por orden de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, tuvo que rehacer este fallo. Ahora bien, la nueva conclusión es idéntica a la anterior: pese a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, el expolicía queda absuelto del delito de cohecho. También se le exonera de extorsión en grado de conspiración.

No obstante, Villarejo sí ha sido condenado, de nuevo, por delitos de revelación de secretos de empresa y de particulares y por el de falsedad en documento mercantil en las piezas Iron, Land y Pintor, las tres primeras ramas del caso Villarejo que llegaron a juicio.

En efecto, la Sala de Apelación anuló la primera sentencia de este juicio —las tres piezas se juzgaron de forma conjunta— y obligó a la Sección Cuarta a que "valorara la totalidad de la prueba practicada" en la vista oral y se pronunciara sobre todos los delitos objeto de acusación.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó condenar a Villarejo también por el delito de cohecho, al considerar que recibió encargos de empresas debido a su rol de policía nacional en activo y por funciones vinculadas a este cargo. Ahora bien, la Sección Cuarta lo descarta. Aunque no lo hace de forma unánime.

La magistrada Carmen Paloma González discrepa del criterio de sus compañeros y reitera que Villarejo debería ser considerado autor de dos delitos de cohecho pasivo por la contratación de su empresa Cenyt para diversas labores de investigación.

El socio de Villarejo, Rafael Redondo, también ha sido condenado a 13 años de cárcel por los mismos delitos que el comisario. Otras nueve personas resultan condenadas a penas de entre tres meses y dos años de prisión, mientras que 16 han sido absueltas. Entre las exoneradas, la esposa de Villarejo, Gemma Alcalá, su hijo (José Manuel Villarejo Gil), además de los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla. A Enrique García Castaño, apodado El Gordo, se le excluyó del juicio debido a que sufre una grave enfermedad.

De esta nueva sentencia ha sido ponente la presidenta del tribunal que enjuició a Villarejo, la magistrada Ángela Murillo, cuya jubilación se efectuó mientras ultimaba esta segunda resolución. Murillo alcanzó el pasado 13 de septiembre la edad máxima permitida para un juez, 72 años, y debía colgar la toga. Sin embargo, por no dejar la resolución a medio escribir, continuó trabajando en ella hasta este octubre.

'Iron', 'Land' y 'Pintor'

A principios de 2022, el excomisario se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional en la vista oral que aglutinó las tres primeras piezas que llegaron a juicio del caso Villarejo, de las más de 50 que integran la compleja macrocausa.

Estas tres ramas eran las llamadas Iron, Land y Pintor, por las que el fiscal pidió para el excomisario un total de 83 años y 6 meses de cárcel. Los tres términos hacen referencia a los nombres con los que el expolicía designó los proyectos de investigación y espionaje por los que fue contratado. Generalmente, a través de su empresa Cenyt.

La pieza Iron (con una petición de pena de 44 años de prisión por parte del fiscal) se refiere a un encargo hecho a Villarejo en 2013 por el bufete Herrero & Asociados para que investigara si varios de sus antiguos socios y empleados, que se habían marchado de la firma para crear la suya propia, estaban entrando en sus bases informáticas para sustraer contratos de la cartera de clientes.

En la pieza Land (con una petición de pena de 38 años y 10 meses de prisión por parte de Anticorrupción) se condenó a Villarejo a tres años de cárcel por falsificación de documento mercantil y a otros nueve años como autor de tres delitos de revelación de secretos particulares al haber descubierto y revelado los datos de posicionamiento y tráfico de llamadas, entre julio y agosto de 2013, de Silvia Gómez-Cuétara, viuda de Luis García Cereceda, propietario de Procisa, de una conocida de ésta y de un empleado.

El encargo fue hecho por Susana García-Cereceda y dos de sus empleados, Francisco Lorenzo Peñalver y David Fernández Aumente, en el marco de una disputa interna de la familia García-Cereceda por la herencia del fallecido promotor de la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Finalmente, la Fiscalía pedía para Villarejo cinco años y seis meses de prisión en Pintor. En esta pieza, se juzgó la contratación de Villarejo por el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando Muñoz para espiar a un exsocio, Mateo Martín Navarro, y al abogado de éste, el exjuez Francisco Javier de Urquía, con el fin de extorsionarles.