La asociación mayoritaria de fiscales pide a García Ortiz que dimita: "La situación es crítica y lamentable"

"Nunca hubiésemos imaginado que la institución podría encontrarse en una situación tan crítica y lamentable en la que quien la dirige se encuentra investigado en causa penal”, ha manifestado la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.

La AF considera, "sin perjuicio de defender el principio de presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz, como el de cualquier otro ciudadano", que "no puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la Fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos”.

“Los fiscales tenemos una serie de incompatibilidades específicas, así como un código ético propio que nos exige un plus de imparcialidad y de probidad”, ha indicado Dexeus.

La presidenta de la AF ha recordado que el reglamento de la carrera fiscal "prevé la posibilidad de que un fiscal ordinario sea separado del cargo en el caso de que se le incoe una causa penal y ello en beneficio de la apariencia de imparcialidad y de honradez de la institución.

“¿Qué apariencia de imparcialidad podrá tener el fiscal que emita informes en las actuaciones referidas al fiscal general, si éste es su superior jerárquico y sigue dependiendo del mismo?”, se ha preguntado.

Para Dexeus, lo que se va a valorar en los tribunales es la actuación concreta de García Ortiz y si se ha excedido en sus funciones. "Que el fiscal general se ampare detrás de la institución es inadmisible”, considera.

Para la AF, la condición de investigado de quien dirige el Ministerio Fiscal "genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación de quienes la representamos".

"Revertir esta anomalía, recuperar el respeto a nuestro trabajo, requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible”, sostiene.

"Ha perdido la condición de jurista de prestigio"

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) considera que García Ortiz "ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio" que exige la Constitución para ser fiscal general.

"Es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado [sic] por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito", explica en un comunicado de esta asociación, recogido por Europa Press.

Para la APIF, el fiscal general "ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público" y, por tanto, "no es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto".

La APIF opina que es "urgente y necesario" modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incluir una nueva causa de cese del fiscal general del Estado. La actual regulación establece que el responsable del Ministerio Público solo puede cesar por incompatibilidades, a petición propia, por incapacidad, por incumplimiento grave de sus funciones o cuando cesa el Gobierno, pero no por ser investigado por un presunto delito.

A su parecer, mantener un fiscal general del Estado con la condición de investigado "es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho".

La UPF discrepa del Supremo

La Unión Progresista de Fiscales, de la que fue portavoz García Ortiz, ha apoyado la actuación del fiscal general y la de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

La UPF ha mostrado su "profunda preocupación" por "la presión y el desgaste" a los que están siendo sometidos la figura del jefe del Ministerio Público y la propia institución.

Para esta organización, la resolución del Supremo "en modo alguno implica desvirtuar la presunción de inocencia" del fiscal general y muestra, "de forma sosegada pero firme", su discrepancia con la argumentación del alto tribunal, ya que considera que los hechos investigados no tienen carácter delictivo.

Para la UPF, la nota informativa que envió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 se enmarca en "la obligación del Ministerio Fiscal de proporcionar a la ciudadanía una información veraz" y venía a "aclarar las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación con anterioridad a dicha nota", ello "sin aportar o revelar ningún dato que no fuera ya conocido por la opinión pública".

La UPF ha hecho un "llamamiento público a la prudencia y a la moderación, al respeto a las personas, a su presunción de inocencia y a la función constitucional ejercida por los fiscales".