La Fiscalía Anticorrupción ha enviado un informe al juez del caso Koldo en el que apoya que el magistrado solicite al Supremo la imputación del exministro José Luis Ábalos.
Al tratarse de un diputado del Congreso y, por tanto, estar aforado, sólo el Alto Tribunal puede citarle a declarar como investigado. Para ello, el juez Ismael Moreno debería enviar lo que se conoce como exposición razonada, un documento en el que explique los indicios contra un aforado y justifique los motivos por los que debe ser imputado.
Fuentes de Anticorrupción confirman a EL ESPAÑOL que el Ministerio Fiscal ha tomado esta decisión después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil enviase al juez su último informe, que, en efecto, recoge indicios en contra del exministro de Transportes.
Por ello, los delitos que el Ministerio Público le atribuye al exministro son los de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.
En el llamado caso Koldo se investiga una trama de empleados públicos y empresarios que se habría dedicado a cobrar comisiones ilegales a través de varios contratos, adjudicados, al inicio de la pandemia de la Covid-19, por el Gobierno central y por los Ejecutivos de Canarias y Baleares a ciertas empresas. Uno de los investigados es Koldo García, antiguo asesor del extitular de Transportes.
En concreto, entre otros asuntos, el dosier de la UCO recoge que Ábalos habría recibido contraprestaciones a cambio de favorecer a la trama de Koldo. De hecho, la Guardia Civil llega a calificar la relación entre ambos como un "binomio", hasta el punto de que algunos miembros de la trama se referían al exministro como "el jefe".
Otro de los cabecillas de esta red es Víctor de Aldama, considerado el comisionista/intermediario/conseguidor de la misma. La UCO señala en su informe que la trama se infiltró "en los ámbitos de actuación de los sectores públicos y privados, recurriendo al soborno y al tráfico de influencias para facilitar sus actividades delictivas y obtener beneficios económicos inherentes a las mismas".
"Los hechos que se reflejan en este informe muestran no sólo la influencia de Aldama en el MITMA [Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana] a través de presuntas prácticas corruptas, sino también el intento de éste de influir en otros órganos de decisión, mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos", señala textualmente la Guardia Civil.
Asimismo, un socio de Aldama pagó 82.298 euros en concepto de alquiler a Jesica, la entonces novia de José Luis Ábalos. La UCO detalla en su informe que la joven disfrutó de este inmueble entre 2019 y 2022.
El empresario Víctor de Aldama, en su intervención en la comisión del Parlament balear sobre el 'caso Koldo'.
Jesica, licenciada en Odontología e inquilina de una vivienda sita en la madrileña Plaza de España, también fue contratada en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. La Guardia Civil sospecha que quien hizo los pagos para su alquiler fue un presunto testaferro.
El informe también incluye una conversación del año 2020 del entonces de ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con Pedro Sánchez. En ella, el primero le comunica al presidente del Gobierno que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pretendía viajar a España y ver a Ábalos "discretamente".
En 2020, el Ministerio de Transportes, cuando Ábalos lo encabezaba y Koldo García era su principal asesor, adjudicó dos contratos, a dedo, debido a la situación de emergencia sanitaria, a la empresa Soluciones de Gestión SL, considerada el epicentro de la trama.
Concretamente, la entidad pública Puertos del Estado le dio 20 millones de euros por suministrar ocho millones de mascarillas. Por su parte, Adif le adjudicó un encargo con el mismo fin por valor de 12,5 millones de euros.
No obstante, Koldo García también maniobró con otros departamentos de la Administración para favorecer la contratación de las empresas de la trama. Por ejemplo, el último informe de la UCO recoge una conversación de WhatsApp en 2020 entre el entonces asesor y quien era en esa fecha la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol. García le recomienda dos empresas concretas para la realización de test antiCovid.
Armengol le facilita el contacto de su consejera de Salud. Una de las compañías recomendadas por García acabaría, al poco, contratada por el Govern insular. A día de hoy, la expresidenta de Baleares es la tercera autoridad del Estado, al haberse convertido, en agosto de 2023, en presidenta del Congreso de los Diputados.
Ábalos desiste
Este mismo miércoles, tal y como consta en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la defensa de Ábalos ha dejado de intentar que su cliente fuera considerado perjudicado en el caso Koldo.
El exministro lo solicitó al considerarse "víctima" de las filtraciones de la causa a la prensa que afectan a su vida personal y familiar. Por otro lado, se quejó de la auditoría ordenada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la tramitación de los citados contratos de Puertos y Adif. A juicio de Ábalos, esta medida pretendía achacarle las supuestas irregularidades con el objetivo de "eludir otras responsabilidades".
En dos ocasiones, el juez Moreno denegó a Ábalos la condición de perjudicado. No obstante, el exministro recurrió esta decisión ante la instancia jerárquicamente superior al instructor, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Pero, en el mencionado escrito fechado este miércoles, su defensa expresa "el desistimiento del recurso de apelación".