La Fiscalía Anticorrupción se opone a la querella del PP que acusa al PSOE de financiación ilegal

El pasado lunes, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, confirmó ante los medios, a las puertas de la Audiencia Nacional, la interposición de esta querella.

En ella, el PP acusa al Partido Socialista de varios delitos. Además del de financiación ilegal, le atribuye los de cohecho y tráfico de influencias.

Todo ello, en base al testimonio anónimo de un empresario que asegura conocer la entrega de dinero en efectivo en la sede nacional del PSOE, situada en la madrileña calle Ferraz.

Pese a que no se da su nombre, el medio de comunicación le identifica como un socio del comisionista Víctor de Aldama, que fue enviado a prisión provisional por Pedraz tras ser detenido por la llamada trama del fuel, un entramado empresarial que habría defraudado 182 millones de euros a Hacienda.

Es por eso que el PP presentó dicha querella en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Pedraz. No obstante, Anticorrupción ya ha comunicado al magistrado su negativa a la admisión de la misma.

Ahora, el instructor deberá decidir si admite a trámite la querella y la incorpora a este procedimiento. O si, por el contrario, en sintonía con lo que le solicita el Ministerio Fiscal, la rechaza.

Durante los últimos días, dirigentes del PP han criticado en público las denominadas "ocho autopistas de la corrupción", que, a su juicio, confluyen en la figura de Pedro Sánchez. Entre éstas, se encuentran el denominado caso Koldo, la investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, o las diligencias abiertas contra David Sánchez, hermano del anterior.

Gómez está investigada por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por otro lado, una juez de Badajoz investiga cómo fue contratado David Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz.

En el llamado caso Koldo, otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se investiga una trama de empleados públicos y empresarios que se habría dedicado a cobrar comisiones ilegales a través de varios contratos, adjudicados, al inicio de la pandemia de la Covid-19, por el Gobierno central y por los Ejecutivos de Canarias y Baleares a ciertas empresas. Uno de los investigados es Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos. Ahora bien, en esta causa también está imputado el comisionista Víctor de Aldama, también implicado en la denominada trama del fuel que instruye Pedraz.