Uno invirtió 4,5 millones de euros de su patrimonio. Otro es un directivo de una importante empresa del Ibex 35... EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los escritos presentados en la Audiencia Nacional por decenas de personas que acusan de estafa a Álvaro Romillo, el dueño de Madeira Invest Club (MIC).
Este chiringuito financiero —así lo definió la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)— está ahora bajo la lupa de la Justicia, debido a las denuncias interpuestas por decenas de inversores.
Todos ellos confiaban en la rentabilidad que prometía este club de compraventa de criptoactivos. Pero, de forma sorpresiva, el MIC suspendió sus pagos recientemente y cerró su web.
Tal y como él mismo ha declarado ante la Fiscalía, Romillo abonó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para financiar su campaña a las elecciones europeas, en las que éste último obtuvo, finalmente, tres escaños en Bruselas.
Decenas de chats entre ambos, en manos del Ministerio Fiscal y en poder de este periódico, así lo confirman. De hecho, tanto antes como después de ser eurodiputado, Pérez prometía a su financiador que haría "lobby masivo" e influiría en favor de sus empresas.
Uno de los mensajes de Signal aportado por Romillo a la Fiscalía extraído de sus conversaciones con Alvise.
Al menos dos asociaciones de afectados ya han presentado ante la Audiencia Nacional sendas denuncias masivas por la supuesta estafa del MIC. Una de ellas la firma el bufete de Emilia Zaballos y la otra, el de Carlos Aránguez.
De hecho, este último despacho ha ofrecido al juez que investiga estos hechos que uno de sus letrados se convierta en el administrador judicial de las empresas que están a nombre de Romillo para que el bloqueo de su actividad no perjudique las hipotéticas indemnizaciones.
Por su parte, Álvaro Romillo, conocido por el alias de CryptoSpain, ya ha puesto su patrimonio a disposición de la Justicia. Y asegura que acudirá a declarar cuando sea llamado por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
Arte digital
Las cantidades económicas que los denunciantes aportaron al MIC y que ahora reclaman son diversas. Algunos invirtieron unos pocos miles de euros. EL ESPAÑOL también tuvo acceso a un contrato de compraventa, por 50.000€, de una obra de arte digital en formato NFT.
Aparece firmado por un particular y por la compañía BLV Services LLC, radicada en Orlando (Florida, Estados Unidos). Esta mercantil es la que estaba detrás de Madeira Invest Club. Así lo recogía la página web del MIC, que actualmente ha sido cerrada. No obstante, los datos de domiciliación y registro coinciden con los que encabezan el contrato de venta del NFT.
Ahora bien, ¿qué es un NFT? Detrás de estas siglas se encuentra el término non-fungible token (token no fungible, en español).
El término proviene del latín fungi, que significa gastar, y de token, que significa ficha en inglés y que hace referencia a una unidad de valor basada en criptografía y emitida en la red tecnológica Blockchain. Los tokens más conocidos son las criptomonedas y, entre ellas, el bitcoin.
El citado contrato presentaba varios escenarios sobre la rentabilidad esperada de la obra de arte digital. En el primero de ellos, si BLV Services, gracias a la inversión realizada por el particular, obtenía una rentabilidad superior al 20% de la cuantía abonada en menos de un año, devolvería el importe de la compra más el 80% del rendimiento logrado.
El segundo escenario establece la misma cláusula si el rendimiento, un mes después, era superior al 15%. A partir de julio de 2025, el comprador podría resolver el contrato. BLV debería devolver el importe abonado, más el 80% de cualquier rentabilidad que hubiera podido generar.
El contrato, que se rige por la jurisdicción portuguesa, también garantizaba que el inversor pudiese "verificar el rendimiento obtenido a través de la plataforma Madeirainvestclub.com", en la que el vendedor estaba obligado a ir detallando los rendimientos que obtiene del dinero entregado. Pero dicha web ya ha cerrado. La persona que ha invertido casi 4,5 millones de euros también firmó su contrato con BLV Services LLC.
La supuesta estafa
Además de los bufetes Aránguez y Zaballos, el despacho Soriano i Piqueras también representa a varios de los inversores.
En declaraciones a EL ESPAÑOL, el letrado Víctor Soriano insiste en que, "pese a la enorme complejidad del asunto, hay pocas dudas de que nos encontramos ante una estafa".
"Se ha convencido a los perjudicados a aportar ingentes sumas de dinero bajo la falsa apariencia de la compra de obras de arte digitales, cuando la verdadera naturaleza de esas aportaciones era la de inversiones a una sociedad que no contaba con las autorizaciones administrativas para operar en España y que había sido declarada como un chiringuito financiero por la CNMV", expone.
"Es importante que los inversores perjudicados se personen, cuanto antes, en el procedimiento como acusación particular; en mi opinión, en un caso como este, en el que se ha hablado desde momentos muy iniciales de la posibilidad de acuerdos, es relevante que lo hagan, tomando las riendas del procedimiento y en contacto con la dirección letrada que elijan", añade Soriano.