García Ortiz dice a los fiscales de Sala que es "un objetivo de naturaleza política" en medio de la "polarización"

García Ortiz no vinculó en absoluto esa percepción al proceso penal que acaba de abrir el Tribunal Supremo para investigar si el fiscal general intervino en la filtración a los medios de comunicación de datos reservados relativos a la denuncia por delitos fiscales interpuesta contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Fue más bien una explicación de por qué cree García Ortiz que todo lo que sale del fiscal general está siendo objeto de una "exacerbada crítica".

El máximo responsable del Ministerio Público se reunió ayer durante tres horas con los fiscales de Sala para darles cuenta de su decisión de no renunciar al cargo tras la resolución unánime de la Sala Penal del Supremo de abrir una causa por revelación de secretos. 

Según distintas fuentes de la Junta, García Ortiz admitió que, en el plano personal, para él sería más fácil marcharse y señaló que le ha costado mucho tomar una decisión en la que ha tratado de sopesar "lo que es bueno o malo para la carrera fiscal".

"O menos malo", se corrigió, porque "las circunstancias en las que se está moviendo este mandato han determinado que esté en el foco y sea un objetivo de naturaleza política".

Señaló que todas sus decisiones pueden ser criticadas y se pueden cuestionar los nombramientos que ha propuesto, algunos de ellos revocados por el Tribunal Supremo. "Eso es completamente legítimo", dijo, porque está dentro del campo de actuación del fiscal general.

"Me han pedido muchas veces la dimisión", recordó, como ha ocurrido con anteriores fiscales generales, lo que le parece también legítimo.

Pero "el foco, la polarización, el extremo al que estamos llegando hacen que la figura del fiscal general, siempre polémica, siempre ahí puesto en una especie de diana, esté aumentado su exposición y sea objeto de una exacerbada crítica", sostuvo.

García Ortiz expresó su respeto a la decisión de la Sala Penal del Supremo y se mostró seguro de que no ha hecho nada incorrecto.

Pero ello no fue suficiente para que varios fiscales de Sala, ocho de forma abierta y otros de una manera menos clara, dejaran de ponerle de manifiesto que su negativa a dimitir coloca a la institución en una situación muy comprometida, que será "insostenible" si no se produce en un plazo breve una resolución de archivo.

La mayoría de los fiscales de Sala expresaron su respaldo a García Ortiz y le instaron a "resistir".

Críticas al Supremo

También se escucharon críticas jurídicas al auto de la Sala Penal, que no ve indicios delictivos en el hecho que motivó la elevación de una exposición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (la nota informativa en la que la Fiscalía salía al paso de noticias falsas sobre la denuncia interpuesta contra la pareja de Ayuso) y sí ve indicios en la revelación de los correos electrónicos intercambiados entre la defensa del denunciado y la Fiscalía (que no han querido ser investigados por el TSJM ni se mencionaban en la exposición al Supremo).

Las críticas a la resolución del Tribunal Supremo fueron contestadas, entre otros, por el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, y por el fiscal ante el TC, Pedro Crespo. Este último puso de manifiesto que el auto de la Sala Penal no era el objeto de la Junta y que, si se iba a tratar, García Ortiz debía abandonar la reunión.

Luzón defendió que es una resolución "motivada y que recoge indicios", por lo que genera inquietud el recorrido que pueda tener y la "situación límite" en la que se pondrá a la Fiscalía en función de las diligencias que se acuerden.

A este respecto, Jaime Moreno manifestó que "llamarán a declarar al fiscal general". "Si ir como el fiscal Álvaro García Ortiz es malo, ir como fiscal general es mucho peor porque nos lleva a todos los fiscales en la mochila".

A diferencia de Dolores Delgado, que hizo una encendida defensa de su sucesor, la también exfiscal general María José Segarra expresó su preocupación "por la situación de la institución" con su máximo responsable investigado por el Tribunal Supremo. 

"No hay que hacer palotes para saber cuántos estamos a favor o en contra de la dimisión", dijo Segarra. "No nos corresponde valorar si la decisión de no renunciar es correcta o no. Pero la situación será insostenible si continúa la investigación y no se produce una pronta resolución de archivo".

El fiscal general no ha entrado en futuribles y ha dejado en el aire cómo actuará ante la evolución del proceso penal iniciado.