La Asociación de Usuarios de Criptomonedas ha vuelto a solicitar la imputación de Alvise Pérez por la supuesta estafa cometida por el chiringuito financiero Madeira Invest Club (MIC).
Esta organización fue una de las dos que presentaron sendas denuncias masivas en nombre de decenas de inversores que confiaron su dinero al MIC, después de que esta compañía suspendiera los pagos esperados y cerrase, sorpresivamente, su página web. El dueño de Madeira Invest Club es Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, y es contra quien se dirigen esta y otras denuncias.
Tal y como el mismo Romillo ha declarado ante la Fiscalía, abonó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para financiar su campaña a las elecciones europeas, en las que obtuvo tres escaños en Bruselas.
Decenas de chats entre ambos, en manos del Ministerio Fiscal y en poder de este periódico, así lo confirman. En ellos se muestra que, tanto antes como después de convertirse en eurodiputado, Pérez prometía a su financiador que haría "lobby masivo" e influiría en favor de sus empresas.
Es por ello que la Asociación de Usuarios de Criptomonedas insiste en solicitar que Luis Pérez —su nombre real, Alvise no es más que un alias— sea investigado en esta causa judicial.
Ahora bien, al tratarse de un eurodiputado, está aforado ante el Supremo. Sólo el Alto Tribunal podría citarle a declarar. Por ello, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, adscrita al bufete Aránguez Abogados, plantea que toda esta causa judicial quede en manos del más alto órgano judicial de España. Por el momento, se tramita en la Audiencia Nacional. Concretamente, en el Juzgado Central de Instrucción número 4.
Se trata de la segunda vez que esta acusación solicita al juez instructor que incluya a Alvise Pérez como investigado. El magistrado José Luis Calama lo rechazó en una primera ocasión. No obstante, el bufete Aránguez Abogados ha recurrido esta decisión y Calama, ahora, podría desdecirse o, por el contrario, mantener su criterio.
De ocurrir esto último, será la instancia jerárquicamente superior al Juzgado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la que tenga la última palabra.
No obstante, entre una petición y otra, ha ocurrido un hecho relevante para desentrañar la presunta estafa de la que los denunciantes acusan a Romillo. Tras conocerse la existencia de los chats entre ambos, Alvise confirmó que había cobrado del empresario 100.000 euros en efectivo. Pero los atribuyó a sus "honorarios" por unos supuestos "servicios cobrados sin factura".
Alvise admite en un vídeo en sus redes sociales el cobro de los 100.000 euros.
El escrito enviado al juez Calama por parte de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas menciona este hecho. Y recuerda que, ya en 2023, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había advertido sobre Madeira Invest Club, tachándola de "chiringuito financiero". Pese a ello, el abril de 2024, Alvise participó en un acto de promoción del MIC en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid).
"Resulta, además, claramente incriminatorio el hecho de que el señor Luis Pérez fuera consciente de la advertencia de la CNMV en la que se destacaba que esta sociedad no estaba habilitada para desempeñar la actividad que ejercía y aun así, promocionara la misma y no se opusiera a recibir el dinero de su CEO", expone el abogado Carlos Aránguez.
"Ha quedado probado que la relación entre el jefe de la trama criminal, don Álvaro Romillo, y don Luis Pérez va más allá de una mera promoción en redes sociales, beneficiándose el uno del otro, de sus respectivas actividades, generando una mayor difusión de la organización entre los ciudadanos y compartiendo tanto billeteras digitales como transferencias de dinero de procedencia desconocida", exponen los denunciantes. Por ello, solicitan al juez Calama que se inhiba en favor del Tribunal Supremo.