El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una demanda en los juzgados contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por referirse a él como un "delincuente confeso".
Los abogados del empresario reclaman 100.000 euros al jefe del Ejecutivo y 50.000 al ministro en sus demandas, presentadas como paso previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes de la defensa.
Con esta actuación, la pareja de la presidenta madrileña continúa la ofensiva judicial emprendida contra varios ministros por declaraciones en relación al pacto que ofreció su defensa a la Fiscalía para reconocer dos delitos fiscales y evitar así ir a juicio.
En este caso, la defensa del empresario considera que unas declaraciones del presidente del Gobierno y del ministro Bolaños vulneraron sus derechos fundamentales y, con su demanda de conciliación, busca que se retracten públicamente.
"Delincuente confeso"
Se refiere, en concreto, a una comparecencia del jefe del Ejecutivo en Bruselas del pasado 17 de octubre en la que respaldó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras abrirle causa el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos del procedimiento que se dirige contra Alberto González Amador en un juzgado de Madrid.
Sánchez defendió que el fiscal general "ha hecho su trabajo, perseguir al delincuente" y se refirió a González Amador como "un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda, que se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia".
Un día antes, el pasado miércoles, el ministro Félix Bolaños también defendió al fiscal general en una comparecencia desde el Congreso, en la que indicó: "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad".
A principios del pasado mes de febrero, el abogado de González Amador propuso un pacto a la Fiscalía en el que aceptaba "íntegramente" la comisión de dos delitos relativos a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, y proponía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros para evitar ir a juicio.
Actualmente está imputado por un juzgado de Madrid junto a cuatro empresarios en una causa en la que se investiga un posible fraude de 350.951 euros entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer por la entidad Maxwell Cremona S,L., de la que González Amador es administrador.