Un grupo de denunciantes de la supuesta cripto-estafa de Madeira Invest Club (MIC) ha solicitado a la Audiencia Nacional que cite a declarar como testigo a Alvise Pérez y que ordene al eurodiputado entregar los 100.000 euros que recibió del dueño del MIC, Álvaro Romillo.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Está fechado a mediados de octubre y firmado por el abogado Juanjo Ortega, letrado de la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCES), una de las agrupaciones de afectados que presentó una denuncia contra Romillo y Madeira Invest Club.
Lo hizo en nombre de decenas de inversores que confiaron su dinero al MIC y después de que esta compañía suspendiera los pagos esperados y cerrase, sorpresivamente, su página web.
Tal y como el mismo Romillo ha declarado ante la Fiscalía, abonó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para financiar su campaña a las elecciones europeas, en las que obtuvo tres escaños en Bruselas.
Decenas de chats entre ambos, en manos del Ministerio Fiscal y en poder de este periódico, así lo confirman. En ellos se muestra que, tanto antes como después de convertirse en eurodiputado, Pérez prometía a su financiador que haría "lobby masivo" e influiría en favor de sus empresas.
Es por ello que ANCES pide que Luis Pérez —su nombre real, Alvise no es más que un alias— sea citado a declarar como testigo ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
Asimismo, su letrado solicita que esos 100.000 euros sean entregados a la Justicia y retenidos, así como "cuantos bienes haya podido recibir de la [empresa] denunciada", Madeira Invest Club.
Alvise admite en un vídeo en sus redes sociales el cobro de los 100.000 euros.
Tras conocerse la existencia de los chats entre ambos, Alvise confirmó que había cobrado del empresario 100.000 euros en efectivo. Lo hizo a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. Pero los atribuyó a unos "honorarios" por unos supuestos "servicios cobrados sin factura". De hecho, animó a sus seguidores a evitar el pago de impuestos. "Hacienda es una mafia", manifestó.
A juicio de ANCES, "tales revelaciones constituyen un reconocimiento de hechos delictivos". Concretamente, el delito de blanqueo de capitales. Por ello, la asociación amplía así su denuncia original y atribuye a Romillo este nuevo ilícito.
Madeira Invest Club adquirió cierta notoriedad después de que Alvise participara en uno de sus eventos públicos y animara a la inversión en la cripto-plataforma. El acto se celebró el pasado mes de abril, en el Hipódromo de La Zarzuela, antes de que se celebrasen las elecciones europeas del 9-J.
En ellas, la lista encabezada por Pérez, denominada Se Acabó La Fiesta, acabaría obteniendo tres escaños en Bruselas. Ahora bien, Alvise participó en ese evento, pese a que, en mayo de 2023, casi un año antes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtiera sobre el MIC.
Tal y como avisó el supervisor de los mercados españoles en un comunicado público, Madeira Invest Club "no está autorizada para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva".
La Fiscalía del Supremo
Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo investigaba los hechos narrados por Romillo, ya que Alvise, al ser eurodiputado, está aforado ante el Alto Tribunal. Este martes se ha conocido que el fiscal Fernando Rodríguez, encargado de dichas diligencias preprocesales, las ha archivado y remitido a la Audiencia Nacional, donde ya se tramita el citado procedimiento en el que se investiga la supuesta estafa del MIC.
"En lo que respecta al señor Luis Pérez, en la denuncia presentada [por Álvaro Romillo] ante la Fiscalía General del Estado se narran hechos con posible relevancia penal [un supuesto delito de financiación ilegal de partidos], que se derivan de su colaboración con las actividades desarrolladas por el señor Romillo a través de sus sociedades Madeira Invest Club y Sentinel y de la entrega de 100.000 euros en el contexto de una campaña electoral", narra el fiscal en un decreto.
Ahora bien, a renglón seguido, expone: "Pero estos mismos hechos forman parte de una de las denuncias y ampliación de denuncias presentada en la Audiencia Nacional y ya están siendo conocidos por el Juzgado Central de Instrucción número 4".
Por tanto, será su titular, el magistrado José Luis Calama, el que siga investigando, por el momento, la supuesta estafa del MIC. Ahora bien, si hallase indicios de delito contra Alvise, debería solicitar al Supremo su imputación. Al ser aforado, sólo el Alto Tribunal podría investigarle y citarle a declarar en tal condición. Para ello, Calama debería enviar un documento denominado exposición razonada a la Sala Segunda (Sala Penal). No obstante, lo que ANCES solicita al juez instructor es la citación de Alvise como testigo, para lo que Calama sí es competente.