La Policía Nacional ha enviado decenas de informes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que desmontan el supuesto "espionaje masivo" a los primeros diputados de Podemos y que el propio partido denunció, como tal, ante la Justicia.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dichos dosieres, que fueron solicitados a la Policía por parte del magistrado con la intención de desentrañar si los 55 diputados que obtuvo la formación en 2015 fueron víctimas de una guerra sucia.
Lejos de eso, los citados informes constatan que las diversas búsquedas de los nombres de estas personas en bases de datos policiales se debieron a gestiones rutinarias, desde la tramitación de denuncias hasta la renovación de documentación. Así lo había publicado ya este periódico mientras la Policía recopilaba esta información.
De hecho, como desveló este diario, Pablo Iglesias, antiguo secretario general de Podemos, disfrutó de protección policial debido a las amenazas de varios ultraderechistas, proferidas contra él a través de Twitter.
Un paquete de documentos enviados a la Audiencia Nacional refieren a la exministra Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos y sucesora de Iglesias.
Las búsquedas con su nombre efectuadas en bases de datos policiales corresponden a "controles aleatorios" efectuados durante una manifestación en 2016. De hecho, el agente que los efectuó está ya jubilado y, según subraya uno de los dosieres, "no constan rastreos exhaustivos de esta persona [Ione Belarra] por parte del funcionario referido".
Por otro lado, un inspector de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, destinado en Melilla en 2016, alegó que la búsqueda que realizó sobre Ione Belarra se debió, "únicamente, a la mera curiosidad, no subyaciendo ningún otro ánimo ni motivo ajeno al descrito".
Fragmento del informe sobre las búsquedas relativas a Ione Belarra.
Y la consulta se produjo cuando este agente "tuvo conocimiento de la visita de una Comisión Ministerial a Melilla en el año 2016".
En el caso de otro de los primeros diputados de Podemos, cuya identidad este periódico prefiere mantener en el anonimato, las búsquedas de su nombre en bases de datos policiales corresponden a "un acta de propuesta de sanción por posesión/consumo de droga de fecha 19/04/15".
Fragmento de otro de los informes, relativo a las búsquedas sobre otro exdiputado de Podemos.
Sobre Alberto Rodríguez, quien llegó a ser secretario de Organización de Podemos, uno de los informes enviados al juez recoge "consultas realizadas en vía pública por dotaciones policiales pertenecientes a distintas unidades uniformadas incardinadas en la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, en las que se solicitaban los antecedentes de Alberto Rodríguez por distintas actuaciones en la calle".
Por otro lado, parte de estas búsquedas eran erróneas: los policías acabaron consultando el fichero de líderes de Podemos que se apellidaban exactamente igual que las personas cuyos datos querían consultar realmente. Así sucedió, por ejemplo, con la exministra de Igualdad Irene Montero Gil. La documentación en poder de este diario demuestra que al menos dos funcionarios buscaron su nombre por error, dado que realizaban gestiones relativas a dos varones con los dos mismos apellidos que la política.
De hecho, como recuerda otro de los informes, "dentro de las funciones de la Brigada de Información se encuentra la recepción, tratamiento y desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad". "Para ello se chequean en las bases de datos policiales decenas de personas diariamente, por muy diversos motivos, desde alquileres de vehículos hasta eventos o movimientos sociales, deportivos, laborales, entre otros muchos".
Una de las policías que efectuó otra búsqueda, relativa a otro de los primeros diputados de Podemos, también descarta algún motivo espurio en su actuación. De hecho, como consta en su respuesta, enviada a la Audiencia Nacional, se debió a "algún trámite" rutinario de los que efectúa su comisaría. En su caso, una de Castellón de la Plana. Los dos apellidos que buscó coincidían con los de uno de los primeros diputados de Podemos, sin poderse determinar, de hecho, que la búsqueda refiriera a él.
Pese a todo ello, la cúpula del partido, durante los últimos meses, ha lamentado lo que califica de "espionaje masivo" contra sus líderes. Fue, precisamente, a raíz de una querella de Podemos como se inició esta causa judicial. Al inicio del procedimiento, Pedraz recibió 55 archivos de Excel, uno por cada diputado, que recogían todas las búsquedas de sus nombres y apellidos efectuadas en bases de datos policiales. Para aclarar por qué se habían producido, el magistrado ordenó a la Policía que plasmase los motivos en estos informes.
Francisco Martínez
Este mismo lunes, ha declarado como investigado por estos hechos Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad. Ante el juez, ha negado "cualquier persecución o espionaje" a Podemos.
Desde las 10.30h hasta las 11.30h, Martínez ha contestado a todas las preguntas del fiscal y de su abogado. Ha subrayado que él no ha accedido nunca a ninguna base de datos policial en busca de información sobre Podemos. Y ha reiterado, en línea con los informes policiales mencionados, que las consultas que recogen estos dosieres "siempre han tenido que ver con gestiones policiales ordinarias y tareas burocráticas".