El juez del Supremo ordena incautar todos los dispositivos del fiscal general y declara secreta la investigación

Hurtado ha acordado esa diligencia a petición de González Amador, que ejerce la acusación particular tras interponer una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la difusión pública de datos relativos a la investigación realizada contra él por presuntos delitos fiscales. El TSJM elevó el caso al Supremo dado el fuero de García Ortiz.

Es la primera vez que se investiga penalmente a un fiscal general y también la primera que se ordena una diligencia tan extrema como la intervención de sus dispositivos electrónicos con el fin de comprobar el intercambio de mensajes que ha tenido en relación con la investigación a González Amador.

Manos Limpias pide al Supremo que suspenda de funciones a García Ortiz y ya no sea jefe del fiscal de su caso

Hurtado ha acordado esa diligencia -llevada a cabo esta mañana, antes de que el fiscal general haya podido designar a su abogado defensor- en una resolución de la que ha notificado únicamente su parte dispositiva.

Ello es debido a que, en otra resolución dictada también hoy, el magistrado declara secreta la investigación al fiscal general durante un mes.

El juez del Supremo ha ordenado la entrada y registro del despacho del fiscal general "al objeto de proceder a la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos" que pudieran tener relación con la supuesta revelación de datos de la investigación a González Amador, según consta en la resolución.

Intervención de móviles e 'e-mails'

Además de los documentos que se encuentren, el instructor de la Sala Penal ordena "aprehender el teléfono o teléfonos móviles" de García Ortiz "así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar (tablet, ordenador portátil u otros)".

Hurtado decreta que se realice una copia de todos los dispositivos informáticos, telemáticos y telefónicos y, en el caso de que no pudiera realizarse, acuerda su incautación.

También ordena el volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales o cualquier otro repositorio de información de Internet administrado por el fiscal general, así como las conversaciones mantenidas a través de WhatsApp.

Registro a la fiscal jefa de Madrid

En otra resolución, el instructor de la causa ha autorizado la entrada y registro en el despacho de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, con la misma finalidad de intervenir todos sus dispositivos y documentos relacionados con la revelación de datos de la investigación tributaria a González Amador.

El ámbito de la diligencia acordada respecto a Rodríguez es el mismo que a García Ortiz.

Con anterioridad, el juez instructor del Supremo ha dictado otra resolución en la que incoa las diligencias previas y requiere a Álvaro García Ortiz para que designe abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión.

En la misma resolución, da traslado a las acusaciones populares personadas, que son la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento de todas ellas.

La Sala Segunda decidió, por unanimidad, iniciar el proceso contra García Ortiz tras la interposición de dos querellas por la Fundación Foro Libertad y Alternativa y el sindicato Manos Limpias y de la elevación de una exposición del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco José Goyena, que ha investigado una querella de González Amador y una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid.

La investigación del TSJM se centró en una nota informativa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 14 de marzo con el fin de salir al paso de noticias falsas de algunos medios, según los cuales el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo de conformidad penal a González Amador y luego lo había retirado "por órdenes de arriba" con el fin de llevarle a juicio.

La realidad era que el pacto había sido ofrecido a la Fiscalía por el abogado de González Amador en un correo electrónico en el que se asumía que el empresario había cometido dos delitos fiscales.

Pero el Supremo no ve revelación de secretos en esa nota informativa. Tras mencionar los numerosos datos publicados por los medios sobre la investigación de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía al novio de Díaz Ayuso, el alto tribunal afirma que "aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos".

Para la Sala Penal, la revelación de datos reservados está en la difusión de los correos electrónicos que la defensa de González Amador intercambió con el fiscal que redactó la denuncia contra él, Julián Salto. La iniciativa de ese intercambio de mensajes partió del defensor del empresario, que ofreció llegar a un acuerdo sobre la pena asumiendo la comisión de delitos fiscales por parte de la pareja de Ayuso.

"En concreto", afirma la Sala en cuanto al objeto de la causa abierta ahora en el alto tribunal, "cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial, enviados por el fiscal Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa".

Por otro lado, en un escrito fechado este miércoles y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la APIF, una de las acusaciones populares de esta causa, ha solicitado al Supremo que suspenda a García Ortiz de sus funciones, de forma provisional, mientras dure este procedimiento.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se suma así a la misma petición que ya hiciera Manos Limpias. Ambas acusaciones coinciden en esgrimir el mismo motivo: si García Ortiz sigue ejerciendo como fiscal general, será, por tanto, el superior jerárquico del miembro del Ministerio Público que participe en este procedimiento en su contra. Y ello, a juicio de Manos Limpias y la APIF, es una "distorsión inaceptable" que podría afectar a su independencia.