El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado nombrar a un administrador judicial que controle temporalmente las empresas vinculadas a Álvaro Romillo.
Este cripto-empresario fue denunciado por estafa por decenas de inversores que habían confiado en una de sus compañías, Madeira Invest Club (MIC), que, de forma sorpresiva, hace unos meses, cerró su web y cesó los retornos económicos previstos.
Asimismo, Romillo abonó 100.000 euros en efectivo al hoy eurodiputado Alvise Pérez para sufragar su campaña electoral del 9-J. A cambio, tal y como consta en unos chats aportados por el empresario a la Fiscalía, el político y agitador se comprometía a promocionar sus negocios y la inversión en criptoactivos desde el corazón de la Unión Europea.
Tras admitir las diversas denuncias por estafa contra Romillo, el juez Calama abrió una investigación a principios del pasado octubre.
Poco después, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, que presentó una de las denuncias masivas que dieron origen al procedimiento judicial, solicitó al magistrado que nombrase a un administrador judicial. Concretamente, sugirió que fuese uno de los socios del bufete Aránguez Abogados, al que está adscrito la plataforma de afectados.
Pero el juez rechaza esta posibilidad. Considera que es prematura, además de poco justificada.
"En el presente caso, al margen del incipiente estado de la investigación, dificulta la apreciación de los presupuestos que la adopción de una medida cautelar de la naturaleza de la interesada, el solicitante [la Asociación de Usuarios de Criptomonedas] limita a interesar su adopción de forma totalmente huérfana", critica Calama.
"Por consiguiente, no ha lugar a la adopción de la medida cautelar en cuestión habida cuenta del estado incipiente de la presente investigación, así como por la defectuosa demanda presentada al efecto, sin perjuicio de que la solicitud pueda, en su caso, nuevamente ser presentada en cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y una vez la investigación haya avanzado", añade, en una resolución fechada el pasado día 31 y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Como avanzó este periódico, el propio Romillo, que ha puesto sus bienes a disposición de la Justicia, apoyaba la designación de un administrador judicial para sus negocios, que incluyen, entre otros, la organización de un festival de música con estrellas de talla mundial y varias cadenas de restauración.
Recientemente, el magistrado sumó a este procedimiento la denuncia presentada por Romillo contra Alvise, en la que el empresario aportaba los mencionados chats con el político y agitador. Esos mensajes acreditaban la entrega de 100.000 euros en efectivo que Pérez habría destinado a su campaña del 9-J.
El instructor, de hecho, ha ofrecido a Alvise declarar de forma voluntaria en la Audiencia Nacional el 20 de noviembre, así como aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa. Pero como Pérez es eurodiputado, sólo el Tribunal Supremo, ante el que está aforado, podría investigarle y citarle a declarar en tal condición.
Por el momento, Calama, para indagar en el posible delito de financiación ilegal de partidos, abrió una pieza separada en esta causa, distinta de la principal, en la que investiga la supuesta estafa del MIC.