La Justicia obliga al Imserso a pagar 800.000 euros a una afectada por la talidomida

Este fármaco fue diseñado para combatir las náuseas de las embarazadas y acabó causando malformaciones en los fetos. No fue retirado del mercado en España hasta 1985, cuando el resto de países lo habían vetado en noviembre de 1961.

Gran parte de las víctimas de la talidomida nacieron sin algún brazo o pierna y sufren envejecimiento prematuro y una situación de mayor o menor dependencia.

En este caso concreto, la mujer presenta un nivel de discapacidad del 67%. La Justicia le ha concedido una indemnización de 12.000 euros por cada punto porcentual, que, sumada a los intereses de demora, suma unos 800.000 euros.

Así consta en una sentencia, fechada este jueves, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 4 de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

E.E

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En 2015, el Tribunal Supremo consideró prescrita la supuesta responsabilidad de la farmacéutica alemana Grünenthal Pharma SA, que comercializó la talidomida.

En 2018, el Gobierno aprobó un decreto que contemplaba la concesión de ayudas a las víctimas del fármaco. No obstante, restringía el concepto de beneficiarios de las indemnizaciones. Lo ceñía a aquellos que contaran con un determinado informe —de enfermedades raras— emitido por un comité creado al efecto.

La situación cambió cuando el Tribunal Supremo reconoció como afectados a los que ya hubieran sido concebidos como tal por resoluciones administrativas previas. Entre éstos, se encontraba la víctima que ahora recibirá 800.000 euros.

El Imserso es la entidad encargada de pagar las ayudas y la mencionada sentencia es la primera que obliga a la Administración a abonar esta cantidad. Desde la asociación Avite, la principal de afectados por la talidomida, señalan que, "en adelante, se irán dictando más sentencias como éstas".

La víctima ha sido defendida por el letrado Ignacio Martínez, adscrito a la asociación El Defensor del Paciente y abogado de Avite.

El Imserso había denegado en enero de 2024 la indemnización a esta víctima, al no constar en el Registro Estatal de Enfermedades Raras. No obstante, como el Supremo suprimió este requisito que sí incluía el decreto, la mujer presentó un recurso contra aquella negativa, ya que contaba con resoluciones administrativas previas que sí la consideraban víctima de la talidomida. En efecto, había sido registrada como tal por la Junta de Andalucía.

De hecho, el informe que acredita su grado de discapacidad recoge una "malformación congénita coincidente [con la] talidomida". Asimismo, ya había recibido una ayuda de 80.000 euros, concedida por el Imserso en 2010, como víctima del fármaco.

"Es inadmisible que el propio Estado (...) resuelva primero que es afectada por la talidomida en firma y luego le deniegue una ayuda sobre la base de que no lo es", establece la Audiencia Nacional.