El cripto-empresario Álvaro Romillo, investigado por supuesta estafa, ha recurrido la decisión del juez José Luis Calama de confiscar los coches de lujo vinculados a las compañías de su grupo, Madeira Invest Club (MIC). Entre esos vehículos hay varios Ferraris, un Jaguar E-Type o un Porsche Cayenne.
En un escrito fechado este miércoles, el abogado de Romillo, Francisco Miranda, recuerda que su cliente confesó ante la Fiscalía haber pagado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez, que habrían financiado la campaña de éste a las elecciones europeas.
Miranda recalca que esa "autodenuncia" —así la denomina— no sólo salpicó a Pérez, sino que el cripto-empresario acabó investigado también por un posible delito de financiación ilegal de partidos.
Además de impugnar la confiscación de los coches de lujo, el abogado de Romillo ha recurrido la negativa del juez a designar un administrador judicial que evite la quiebra de las compañías vinculadas al MIC. Gran parte de ellas tienen sus cuentas bancarias bloqueadas.
Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, se opuso a esta posibilidad. Y ahora, en respuesta a esa decisión, la defensa del cripto-empresario subraya que si Madeira Invest Club y las sociedades que lo conforman se van a pique, ello dificultaría que Romillo pudiese indemnizar a los inversores que le han denunciado por la supuesta estafa.
En el escrito, que avanza EL ESPAÑOL, el abogado de Romillo recuerda al juez que su cliente "presentó una autodenuncia" en la que admitía haber pagado 100.000 euros a Alvise, asumiendo "la responsabilidad civil o penal que de estos hechos pudiera derivarse". Es decir, acatando que podría atribuírsele un posible delito de financiación ilegal, como así sucedió.
El letrado subraya la intención de su cliente de seguir colaborando con la Justicia y su voluntad de "resarcir a los perjudicados, para lo cual es absolutamente necesario que se acceda a la medida cautelar [la designación por parte de Calama de un administrador judicial]". De hecho, el despacho Zaballos Abogados, que representa a cientos de denunciantes de Romillo, apoya que el juez nombre a una persona que evite la quiebra de las compañías.
Coches de lujo
La defensa de Romillo se opone al decomiso de los vehículos de lujo, ya que, a su modo de ver, la resolución judicial que ordenó incautarlos no está debidamente justificada. En su recurso, Miranda subraya que el magistrado debe explicar la relación entre todos los bienes que ordena confiscar y el delito cometido. En este caso, la supuesta estafa.
"Como toda medida cautelar, el decomiso provisional debe estar presidido por el principio de proporcionalidad y debe adoptarse motivadamente, de acuerdo con un proceso racional y lógico debidamente explicitado que, precisamente por la necesidad de establecer su relación con el delito, debe ser necesariamente individualizado para cada uno de los bienes decomisados cautelarmente", expone el letrado.
"Con todos los respetos, nos encontramos ante una motivación genérica, poco concreta y que ni tan siquiera explica su finalidad", critica.
De hecho, como insiste Miranda, su intención de que un administrador judicial tutele las empresas del grupo Madeira Invest Club también afectaría a los coches registrados a nombre de varias de estas sociedades.
El pago a Alvise
El propio Romillo confesó ante la Fiscalía haber pagado 100.000 euros en efectivo a Alvise. Ese dinero, según consta en los chats entre ambos que aportó junto a su denuncia, acabó financiando la campaña de Pérez a las elecciones europeas del 9-J.
En esos comicios, la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF) acabó obteniendo tres escaños en Bruselas. Las citadas conversaciones entregadas por Romillo al Ministerio Público constatan que Alvise, tanto antes como después de convertirse en eurodiputado, se comprometió a fomentar la buena prensa de las compañías del cripto-empresario y a "hacer lobby masivo" en su favor desde el corazón de la UE.
La confesión de Álvaro Romillo provocó que el juez le atribuyese un supuesto delito de financiación ilegal de partidos, por haber efectuado ese pago. Ese asunto se investiga en una pieza separada de la causa, distinta de la principal, que versa únicamente sobre la supuesta estafa. Es en ésta en la que Calama acordó el decomiso de los coches de lujo y donde denegó la designación de un administrador judicial para las sociedades del MIC.
Este miércoles, acompañado de su abogado, Romillo acudió a la Audiencia Nacional a declarar sobre la supuesta financiación ilegal de SALF. Calama, dada la condición de aforado de Alvise, había ofrecido al eurodiputado comparecer en esta misma fecha, aunque Pérez no ha aparecido, tras alegar que estaría en Bruselas.
Ante el juez, el cripto-empresario se ha reafirmado en su "autodenuncia", ha reconocido el pago de 100.000 euros y ha explicado que, pese a no tener un contrato ni un acuerdo concreto con el político, esperaba obtener de éste "favores futuros" a cambio de ese dinero.
Financiación ilegal
La financiación ilegal de partidos políticos es un delito de mera actividad. Es decir, que no requiere que se produzca el resultado. Basta con una mera conducta tendente a lograrlo. En este caso, la entrega de un dinero para financiar la campaña.
Sucede lo mismo con el cohecho, por ejemplo. Debido a esta particularidad, además de castigar a los que reciben donaciones irregulares, se persigue a quienes las efectúan.
Es por ello que Romillo, tras confesar el pago a Alvise Pérez, acabó investigado por un delito de financiación ilegal de partidos, en vez de disfrutar del estatus de testigo que le correspondería, en otras circunstancias, en tanto que denunciante de los hechos.