El empresario Claudio Rivas, en prisión provisional por la llamada trama del fuel, ha solicitado al juez que investiga esta causa, Santiago Pedraz, quedar en libertad.
Lo hizo hace varios días, después de que su socio Víctor de Aldama declarara voluntariamente en otro caso judicial, también instruido en la Audiencia Nacional (el llamado caso Koldo), pero por otro magistrado.
Aldama, tras comparecer ante Ismael Moreno (el instructor del caso Koldo) sí quedó en libertad, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal es común para ambas causas. Se trata de Luis Pastor Motta. Y fue quien pidió a Pedraz la libertad para Aldama.
Pero, pese al intento de Rivas de tratar que la declaración de Aldama en el caso Koldo también le beneficiase a él en la causa sobre la trama del fuel, Pedraz le ha denegado la libertad.
Lo ha hecho en sintonía con Anticorrupción. La Fiscalía, en un informe, expuso que Aldama sí se ha abierto a colaborar con la Justicia, mientras que Rivas sigue negando los hechos que se le atribuyen, pese a los indicios en su contra.
Como expuso el fiscal Luis Pastor, a diferencia de Aldama, "Claudio Rivas Ruiz-Capillas persiste en su actitud de negar" los hechos que se le atribuyen.
En el caso de la trama del fuel, el juez Pedraz investiga un entramado de empresas de hidrocarburos que, supuestamente, habrían defraudado más de 182 millones de euros en concepto de IVA.
Rivas sería el cabecilla de esta red. Así lo cree la Fiscalía y así lo plasmó en el informe en el que se opuso a la libertad del empresario: "Existen indicios que corroboran no sólo su participación en los mismos, sino el ocupar un papel director en su ejecución, siendo el principal beneficiario de la defraudación cometida".
Declaración de Aldama
Ante el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, Víctor de Aldama aseguró haber pagado comisiones a, entre otros, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, número tres del partido. Éste ha negado la veracidad de estas declaraciones.
El llamado caso Koldo toma su nombre del de Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes, y versa sobre una red que, supuestamente, habría cobrado mordidas a través de contratos públicos adjudicados al inicio de la pandemia de la Covid-19.
Por otro lado, el supuesto fraude de empresas de hidrocarburos, que ha mantenido a Aldama en prisión provisional hasta el pasado jueves, está cifrado por los investigadores en más de 182 millones de euros en concepto de IVA. Pedraz aún lo investiga bajo secreto de sumario.