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La juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha citado a declarar como investigados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y al presidente de la Diputación Provincial pacense, Miguel Ángel Gallardo. Este último, además, es secretario general del PSOE extremeño.

Así consta en un auto, fechado este mismo miércoles y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.La magistrada Beatriz Biedma interrogará a David Sánchez el 9 de enero de 2025, a las 9.30 horas. Media hora después, hará lo propio con Gallardo, según consta en la resolución.

El músico David Sánchez, cuyo nombre artístico es David Azagra, es compositor. Desde 2017, está contratado por la Diputación de Badajoz. Primero, para coordinar los conservatorios pacenses, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas del ente provincial. Posteriormente, se le asignó la labor de dirección del proyecto Ópera Joven, que trata de promocionar este género musical por la región.

Esta causa judicial se inició con la denuncia del sindicato Manos Limpias, que acusa a David Sánchez de "cobrar sin ir a trabajar". También, de residir en Portugal "para pagar menos impuestos". En efecto, Azagra vive en un palacete de la localidad lusa de Elvas, cercana a la frontera con Extremadura. Ahora bien, un informe de Hacienda descartó que esta actuación suponga un delito fiscal.

Como avanzó EL ESPAÑOL, la juez Biedma ordenó a la Guardia Civil incautar miles de correos electrónicos de las cuentas profesionales de Azagra, Gallardo y otros cargos de la Diputación. ¿El objetivo? Indagar en las condiciones en las que se produjo la contratación del hermano de Pedro Sánchez por parte del ente provincial.

En su resolución de este miércoles, la magistrada explica que del informe que elaboró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras analizar los e-mails, "se deriva la existencia de indicios racionales de criminalidad relativos a delitos contra la Administración pública".

Por ello, la magistrada señala que, "en el presente momento procesal, y una vez practicadas las diligencias de investigación tendentes a determinar la procedencia de la continuación de la presente instrucción, a los efectos de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra los mismos, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión, procede oírles en declaración como investigados".

Además de a David Sánchez Pérez-Castejón y a Miguel Ángel Gallardo, Beatriz Biedma ha citado como investigados a: Elisa Moriano (directora del Área de Cultura y Acción Ciudadana de la Diputación de Badajoz entre 2015 y 2019), Cristina Núñez (diputada delegada del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social hasta julio del 2018), Juana Cintas (directora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz entre los años 2015 y 2023), Manuel Candalija (jefe de servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas ente diciembre de 2015 y agosto de 2023 y, actualmente, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud) y Félix González Márquez (actual jefe de sección de Gestión Administrativa y Asuntos Generales y, anteriormente, jefe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos).

También, a Emilia Parejo Gala (directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar de la Diputación hasta 2023 y, actualmente, coordinadora de la Delegación del Área de Igualdad) y a Francisco Martos Ortiz (diputado delegado del Área de Cultura y Deportes desde el 2019).

Asimismo, la juez considera "necesario, pertinente y útil" tomar declaración como testigos a los sucesivos directores del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, así como la directora del Conservatorio Profesional de Música de la ciudad. También, en calidad de testigos-peritos, a los autores del informe de Hacienda que exculpó a David Sánchez del delito fiscal que le atribuía la denuncia de Manos Limpias.

El incremento patrimonial

El citado auto también alude al "supuesto incremento patrimonial injustificado" de David Sánchez, del que le acusaba el sindicato.

"Una vez analizadas las declaraciones de bienes que [el hermano de Pedro Sánchez] ha presentado ante la Diputación, no se ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros", detalla la juez. La denuncia de Manos Limpias sí apuntaba a esta cantidad.

Ahora bien, la UCO, en un informe, explica "que se trataría de un cálculo erróneo motivado por el hecho de que en las declaraciones relativas a los años 2017, 2019 y 2021, en el campo Valor nominal se refleja la unidad de medida en euros y en la de 2022 y 2023 no se concreta dicha unidad, por lo que se habría interpretado que se trata de número de acciones y no del valor en euros de las mismas".

Para aclarar tal circunstancia, la juez pide al banco BBVA "que informe a este Juzgado sobre el valor nominal de los depósitos de diversas acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad bancaria a nombre de David Sánchez Pérez-Castejón en las siguientes fechas: noviembre de 2017, noviembre de 2019, diciembre de 2021, noviembre de 2022 y junio de 2023".