La Fiscalía ha recurrido la resolución con la que la juez Beatriz Biedma citó como investigado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, la fiscal Begoña García subraya que dicha resolución no detalla "los indicios existentes" contra el familiar del líder del Ejecutivo.
Además de a David Sánchez, la magistrada citó como investigado, para enero de 2025, a Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz, organismo que contrató en 2017, como coordinador de los conservatorios pacenses, al hermano de Pedro Sánchez. También, a otros trabajadores del ente provincial.
"Ni siquiera se indican los concretos delitos por los que se investiga a cada uno de ellos", critica el Ministerio Público sobre la resolución de la juez. Por ello, la fiscal exige la revocación de aquel auto y que, en uno nuevo, Biedma determine "los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados".
La magistrada, en la resolución en la que citó a Sánchez y a Gallardo, aludía a "delitos contra la Administración pública" y al objetivo de "garantizar (...) el derecho de defensa" y "evitar indefensión". Hasta ahora, ninguno de los dos investigados había sido citado a declarar ante la juez.
"Hemos de señalar que no hay en la causa (...) una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados, lo cual consideramos esencial para su defensa y ésa es la omisión que (...) debe ser resuelta con anterioridad al despliegue de declaraciones", exige la Fiscalía.
David Azagra
El músico David Sánchez, cuyo nombre artístico es David Azagra, es compositor. Desde 2017, está contratado por la Diputación de Badajoz. Primero, para coordinar los conservatorios pacenses, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas del ente provincial. Posteriormente, se le asignó la labor de dirección del proyecto Ópera Joven, que trata de promocionar este género musical por la región.
Esta causa judicial se inició con la denuncia del sindicato Manos Limpias, que acusa a Sánchez de "cobrar sin ir a trabajar". También, de residir en Portugal "para pagar menos impuestos". Una vez iniciada la causa, se personaron en la misma otras acusaciones populares, como la asociación Hazte Oír.
En efecto, como relataba la denuncia, Azagra vive en un palacete de la localidad lusa de Elvas, cercana a la frontera con Extremadura. Ahora bien, un informe de Hacienda descartó que esta actuación suponga un delito fiscal.
Como avanzó EL ESPAÑOL, la juez Biedma ordenó a la Guardia Civil incautar miles de correos electrónicos de las cuentas profesionales de Azagra, Gallardo y otros cargos de la Diputación. ¿El objetivo? Indagar en las condiciones en las que se produjo la contratación del hermano de Pedro Sánchez por parte del ente provincial.
"Delitos contra la Administración"
En su resolución en la que cita a David Sánchez a declarar, la magistrada explicaba que del informe que elaboró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras analizar los e-mails, "se deriva la existencia de indicios racionales de criminalidad relativos a delitos contra la Administración pública".
Por ello, la magistrada señaló que, "en el presente momento procesal, y una vez practicadas las diligencias de investigación tendentes a determinar la procedencia de la continuación de la presente instrucción, a los efectos de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra los mismos, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión, procede oírles en declaración como investigados".
A la derecha, David Sánchez, junto al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
Además de a David Sánchez Pérez-Castejón y a Miguel Ángel Gallardo, Beatriz Biedma citó como investigados a: Elisa Moriano (directora del Área de Cultura y Acción Ciudadana de la Diputación de Badajoz entre 2015 y 2019), Cristina Núñez (diputada delegada del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social hasta julio del 2018), Juana Cintas (directora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz entre los años 2015 y 2023), Manuel Candalija (jefe de servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas ente diciembre de 2015 y agosto de 2023 y, actualmente, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud) y Félix González Márquez (actual jefe de sección de Gestión Administrativa y Asuntos Generales y, anteriormente, jefe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos).
También, a Emilia Parejo Gala (directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar de la Diputación hasta 2023 y, actualmente, coordinadora de la Delegación del Área de Igualdad) y a Francisco Martos Ortiz (diputado delegado del Área de Cultura y Deportes desde el 2019).
Asimismo, la juez consideró "necesario, pertinente y útil" tomar declaración como testigos a los sucesivos directores del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, así como la directora del Conservatorio Profesional de Música de la ciudad. También, en calidad de testigos-peritos, a los autores del informe de Hacienda que exculpó a David Sánchez del delito fiscal que le atribuía la denuncia de Manos Limpias.