La Audiencia Nacional ha condenado a diez meses de cárcel, por el delito de fraude fiscal, a Raúl Morodo, quien fue embajador de España en Venezuela mientras José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno.
La Sala de lo Penal le impone la misma pena que, durante el juicio, pactó con la Fiscalía Anticorrupción y aceptó.
Así consta en la sentencia del caso, fechada este lunes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La resolución también le obliga a pagar una multa de 88.355 euros.
A sus 89 años, acompañado de su hijo Alejo, también acusado, el exdiplomático se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre. Ambos reconocieron los hechos que les atribuía el Ministerio Fiscal.
Anticorrupción acusaba a Raúl Morodo de, en resumen, haber colaborado con su hijo para defraudar al fisco a través de los negocios de éste con PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
Todo ello, a través de la interposición de empresas pantalla, que ocultaban que Alejo era quien prestaba unos supuestos servicios de asesoría, cuya autenticidad sigue en duda en algunos casos.
¿Y con qué objetivo obraron de esta forma? A fin de evitar el considerable desembolso que le supondría tributar a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), más beneficioso que el Impuesto sobre Sociedades.
Por su parte, Alejo Morodo aceptó un total de 24 meses de cárcel por dos delitos de fraude fiscal, pena que le impone ahora la Sala de lo Penal.
El fallo también recoge varias transferencias, "sin justificación", del hijo a su padre, provenientes de los fondos recibidos por una de estas empresas pantalla.
Facturas simuladas
La resolución detalla "operaciones simuladas" a través de tres "sociedades interpuestas", que son: Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL, Furnival Barristers Corp. SA y Morodo Asociados y Abogados SL.
"La simulación se realiza mediante la emisión de facturas a los clientes por las tres sociedades mencionadas anteriormente, cuando, en realidad, los servicios son prestados total y únicamente por la persona física de Alejo Morodo sin necesidad de actuar a través de sociedades que no intervienen en la prestación del servicio ni aportaron ningún valor añadido", reza la sentencia.
Fragmento de la sentencia.
"Por tanto, la creación de dichas sociedades carece de una causa real dentro de la relación de servicios profesionales personalísimos prestados por la persona física a sus clientes, siendo su finalidad principal la obtención de una reducción ilícita de la carga fiscal evitando la tributación directa de la persona física por IRPF", añade.
A renglón seguido, el tribunal detalla que "las cantidades percibidas por las tres sociedades han sido disfrutadas e incorporadas al patrimonio personal de Alejo Morodo, mediante transferencias directas o satisfacción de gastos de naturaleza personal".
Empresas sin medios
Las tres sociedades mencionadas tienen algo en común: no tener oficinas ni instalaciones más allá del domicilio del socio, la ausencia de estructura o medios materiales o humanos para el ejercicio de su actividad, ningún gasto propio de una compañía en funcionamiento...
"Y una finalidad en su constitución de reducción de carga fiscal, sin aportar valor alguno a los servicios desarrollados", explica la Sala de lo Penal. Además, en los casos de Aequitas y Furnival, sólo tienen un cliente: Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Hugo Chávez y Raúl Morodo, entonces embajador de España en Venezuela.
Según la sentencia, Alejo Morodo creó y administró las tres compañías para "interponerlas" entre él y sus clientes. "Las sociedades emitían y cobraban facturas por los servicios de consultoría y asesoría en relaciones internacionales, servicios basados en las cualidades personales y profesionales de Alejo Morodo, que éste prestaba de forma exclusiva y personalísima", concluye la resolución.
La supuesta asesoría brindada por Aequitas a PDVSA tuvo "naturaleza personalísima" y está basada "en las relaciones personales y contactos en Venezuela" que tenía Alejo, que fue el único que intervino para prestar este servicio.
"A mayor abundamiento, no se han acreditado la realidad de estos servicios", recoge el tribunal. Además, en los años 2013 y 2014, Aequitas realizó transferencias "sin justificación" a una cuenta de Raúl Morodo, por valor de 95.000 euros y 240.000 euros, respectivamente.