Aldama pide que se desencripte un móvil incautado por Pedraz "para acreditar múltiples chats con altos cargos del Gobierno"
- Ha aportado al Supremo pantallazos de los contactos de altos cargos del Gobierno de Sánchez y asegura que los chats con ellos son "relevantes".
- Más información: Aldama dice que Carlos Moreno le pidió que le buscara casas para comprar y confirma que le pagó por un favor tributario
El empresario Víctor de Aldama asegura que la desencriptación de uno de sus teléfonos móviles, incautado por el juez Santiago Pedraz, le permitiría "acreditar múltiples conversaciones con altos cargos del Gobierno".
Considera que dichos chats serán "relevantes" para la Justicia, que "corroborarán muchos extremos" de su testimonio y que evidenciarán su "grado de penetración en instituciones del Gobierno de Pedro Sánchez".
Así lo expresa el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, en un escrito de 37 folios enviado este miércoles al Tribunal Supremo y adelantado por EL ESPAÑOL, en el que aporta pruebas de la relación de su representado con varios empresarios, ministros y cargos vinculados a los equipos de éstos.
El documento incorpora pantallazos de los perfiles de WhatsApp de Teresa Ribera, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el ministro Ángel Víctor Torres o el exjefe de gabinete de Sánchez y posterior director de Correos, Juan Manuel Serrano.
El juez Pedraz fue quien mandó a prisión a Aldama el pasado mes de octubre por la llamada trama del fuel, un entramado de empresas de hidrocarburos que, supuestamente, defraudó 182 millones de euros en concepto de IVA. En el marco de esta causa judicial, le requisó el mencionado móvil.
Y este mismo magistrado fue quien ordenó la excarcelación del empresario, al filo de las 20:30h del pasado 21 de noviembre, gracias a que la Fiscalía Anticorrupción —única parte acusadora que podía intervenir, al estar las diligencias secretas— respaldó la petición de libertad provisional de Choclán. Ni siquiera se le impuso una fianza, sólo medidas cautelares leves de comparecencias en el Juzgado y prohibición de salir de España sin autorización judicial.
Anticorrupción apoyó la libertad provisional de Aldama después de que éste declarase voluntariamente en otra causa judicial en la que también está investigado, pero que instruye otro juez de la Audiencia Nacional, el caso Koldo. Y ese testimonio es el que el empresario avanza ahora que "corroborarán" sus chats con ministros, empresarios, funcionarios y altos cargos en las diligencias abiertas por el Tribunal Supremo.
Teresa Ribera, Carlos Moreno...
La rama principal del caso Koldo, que comparte fiscal con la trama del fuel, la investiga el alto tribunal debido a que afecta al exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien está aforado por seguir siendo diputado en el Congreso. En su declaración en la Audiencia Nacional, Aldama aseguró haberle pagado comisiones a este último y a su asesor Koldo García.
Este miércoles, el escrito firmado por Choclán y dirigido al instructor del Supremo, Leopoldo Puente, solicita que su cliente pueda recuperar el acceso al móvil encriptado a fin de seguir "colaborando con la Justicia", esto es, aportando pruebas de sus vínculos con el Gobierno de Pedro Sánchez.
En concreto, el empresario pide que, una vez que Pedraz haya volcado el contenido del teléfono, la Sala Penal le autorice a "acceder al contenido de los distintos [chats de] WhatsApp" que menciona su abogado. Y desvela que el "acceso [al teléfono] está restringido con una clave de seguridad".
A lo largo de esta confesión complementaria que ha realizado por escrito, Aldama da detalles de su relación con altos cargos de ciertos ministerios. También insiste, como ya dijera en la Audiencia Nacional, en que entregó 25.000 euros en efectivo al jefe de gabinete de María Jesús Montero, titular de Hacienda. Y revela que su relación con esta persona, Carlos Moreno, se inició una vez que éste le pidió que le ofreciera pisos a la venta, ya que pretendía adquirir una vivienda.
De hecho, el letrado aporta una captura de pantalla del perfil de WhatsApp de Moreno y una tarjeta oficial de visita de éste, con el escudo gubernamental y la dirección de una de las sedes del Ministerio de Hacienda. El motivo por el que Aldama habría pagado esos 25.000 euros al jefe de gabinete de Montero, según su versión, fue el aplazamiento de una deuda tributaria a favor de la empresa Pilot Real State SL.
Según reza el escrito de Choclán, el móvil encriptado almacena "varias conversaciones de WhatsApp entre don Víctor de Aldama y el señor [Carlos] Moreno".
El pantallazo con este contacto no es el único incluido entre la documentación enviada al Supremo. Aldama también ha aportado una imagen del perfil de WhatsApp de Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica.
Al igual que sucede con Moreno, el empresario indica que posee mensajes intercambiados con ella a través de dicha app. Pero, para recuperarlos, "resulta necesario poder acceder al terminal del teléfono intervenido (...), para acreditar las múltiples conversaciones que se contienen con altos cargos del Gobierno", insiste.
En otra de sus páginas, de modo similar a los anteriores, el escrito incluye una captura de pantalla del contacto de Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete del actual presidente del Gobierno y, luego, presidente de Correos. El intermediario del caso Koldo, a través de su abogado, asegura haber tenido una "relación especial" con él.
Con éste y otros chats de WhatsApp, el letrado de Aldama —"sin querer expandir indebidamente el elenco de altos cargos relacionados" con su cliente— subraya "el grado de penetración en instituciones del Gobierno de don Pedro Sánchez" que asegura que tuvo el empresario.
El escrito incluye un pantallazo similar de Isabel Pardo de Vera, quien fue secretaria de Estado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 2021 a 2023. Previamente, entre junio de 2018 y julio de 2021 presidió la empresa pública Adif, adscrita al MITMA. En su escrito, la defensa de Choclán también aporta una captura de pantalla con su contacto.
Pardo de Vera declaró como testigo en el caso Koldo el pasado 16 de septiembre, cuando, por entonces, tan sólo lo investigaba el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
La exsecretaria de Estado fue interrogada acerca de uno de los elementos principales de esta causa: los contratos concedidos, al inicio de la pandemia de la Covid-19, por el Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión SL para el suministro de mascarillas. Para esta operación, el Gobierno empleó a dos empresas adscritas al MITMA: Puertos del Estado y la gestora de infraestructuras ferroviarias, Adif.
Iván Redondo, el ministro Torres...
En su escrito, Choclán relata que Aldama trató de que Pedro Sánchez recibiera personalmente a un directivo amigo suyo. La cita, finalmente, no se produjo, debido a la falta de huecos en la agenda del presidente del Gobierno.
No obstante, el letrado ha entregado al Supremo una carta firmada por quien era en 2020 jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo. De hecho, éste la firma "en nombre" del líder del Ejecutivo.
Y en esa misiva, Redondo responde que trasladaría a los ministerios de Transportes (dirigido, en esa fecha, por Ábalos) y a Transición Ecológica (encabezado entonces por Teresa Ribera) las propuestas que pretendía trasladar el empresario amigo de Aldama.
Por otro lado, el escrito de Choclán alude a "las gestiones" que habría hecho su cliente en favor del expresidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
¿Cuáles? "Facilitar inmuebles para encuentros de diversa naturaleza en los que participaba, junto a otras personas, el señor Torres", detalla. "En particular, fue recurrente el alquiler de un piso en la [madrileña] calle Atocha", precisa.
En su declaración en la Audiencia Nacional, Aldama relató que el principal asesor de Ábalos, Koldo García, otro de los investigados en esta causa, le pidió una comisión para Ángel Víctor Torres. En concreto, de 50.000 euros en efectivo. El empresario, según su propia versión, se negó a ello.
En la documentación remitida al Supremo también figura un pantallazo del perfil de WhatsApp del hoy ministro. Choclán subraya que se trata del mismo número al que un socio de Aldama —el empresario Ignacio Díaz Tapia, miembro de la empresa Euforins Megalab— envió su oferta de suministrar test antiCovid al Gobierno canario, presidido entonces por Torres.
"Las adjudicaciones a Eurofins Megalab se produjeron entre el 18 de diciembre de 2020 y el febrero de 2021, por un importe de 5.363.299,73 euros", recalca el escrito.