El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto el pasado 17 de diciembre. Europa Press
La UCO acredita que el fiscal general cambió de móvil una semana después de que el Supremo abriera causa contra él
- Un informe de la Guardia Civil indica que "el inicio de la actividad" del dispositivo es el 23 de octubre. El día 30, le fue incautado por la UCO.
- Más información: Las 13 horas de marzo que desquician al PSOE: del falso pacto entre el fiscal y el novio de Ayuso a los 'wasaps' de Lobato
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría cambiado de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el Tribunal Supremo abriera, el día 16 de ese mes, una causa contra él por la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador.
Este empresario es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y fue quien se querelló contra García Ortiz después de que la prensa publicara datos de una investigación en su contra por presunto fraude fiscal. Concretamente, un e-mail de su abogado ofreciendo un pacto a la Fiscalía.
En un informe, fechado este mismo viernes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la UCO analiza los números de teléfono, IMSI e IMEI asociados a la tarjeta SIM dual (dos números para un mismo aparato) que tenía el dispositivo telefónico incautado a García Ortiz. El contenido del terminal fue clonado durante el registro efectuado en su despacho.
Dicha actuación policial se produjo el pasado 30 de octubre, poco después de iniciarse la causa contra García Ortiz. Y, según revela ahora la Guardia Civil, el cambio de móvil se produjo entre una fecha y otra: una semana después de la apertura de la causa y siete días antes de que fuese incautado.
Las siglas IMSI hacen referencia a International Mobile Suscriber Identity, un número único de 15 dígitos que figura en la tarjeta SIM y sirve para identificar a un abonado de telefonía móvil. El IMEI es un código que alude a los terminales físicos.
La UCO indica en su informe que "el inicio de actividad de los IMSIs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre de 2024; es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas".
O lo que es lo mismo, el cambio de móvil se produjo una semana después de que el 16 de octubre de 2024 la Sala Penal del Supremo acordase, por unanimidad, abrir una causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Y una semana antes de que la UCO registrase el despacho de García Ortiz (30 de octubre) e incautase su teléfono, en el que los agentes no encontraron ningún mensaje relevante para la investigación.
El móvil incautado
A finales del pasado diciembre, el magistrado Ángel Hurtado, instructor de esta causa, ordenó varias diligencias en relación con el teléfono móvil de Álvaro García Ortiz.
En concreto, Hurtado pidió a la UCO que averiguara los números de teléfono e IMSI e IMEI asociados a las tarjetas utilizadas por el fiscal general, así como la titularidad vinculada a estos números de teléfono.
Una de las acusaciones populares de esta causa, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), fue la que pidió al Supremo conocer si García Ortiz "ha cambiado de terminal móvil" desde el 13 de marzo hasta la actualidad.
¿Para qué? A fin de constatar si la UCO, cuando incautó el móvil del fiscal general el 30 de octubre para analizarlo, "ha podido peritar un teléfono que no fuera usado por el investigado el día 13-14 de marzo" de 2024.
De hecho, en el informe que plasma los resultados de ese análisis, la Guardia Civil indicaba que no había encontrado en el móvil volcado ningún mensaje de interés que hubiera sido almacenado en las fechas en las que se produjo la filtración y posterior difusión en los medios del e-mail del abogado de González Amador. No obstante, otros teléfonos sí habían recibido mensajes del fiscal en esos días.
Esos días de marzo son clave en la investigación, pues el 14 por la mañana un medio afín al Gobierno publicó por primera vez un pantallazo del correo íntegro en la que el letrado ofrecía un pacto a la Fiscalía a cambio del reconocimiento de dos delitos fiscales por parte de su cliente y el pago de una multa.
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, el pasado mes de mayo.
Fue por ello que, tras publicarse esta información, el empresario se querelló contra el fiscal general del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos.
Por su parte, la defensa de la pareja de Ayuso ha solicitado al Supremo que amplíe la investigación para buscar si hay mensajes sobre él intercambiados con la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y con el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.
También, si hay alguno enviado a su sucesor, Ion Antolín —que ya ha dimitido al frente de la Secretaria de Estado de Comunicación— o a la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espadas.
