Juana Rivas, en una imagen de archivo./

Juana Rivas, en una imagen de archivo./ EP

Tribunales

El CGPJ pide a dos ministras y a Irene Montero y Victoria Rosell que aleguen sobre sus críticas a la juez del 'caso Juana Rivas'

La magistrada solicita amparo al órgano de gobierno del Poder Judicial para que "se deje de vulnerar mi independencia e influir en mi libre capacidad de resolución".

Más información: Jueces de toda España afean al abogado de Juana Rivas su "ataque y campaña mediática" contra la magistrada del caso

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El Consejo General del Poder Judicial acordó ayer admitir a trámite por unanimidad la petición de amparo presentada por la juez Aurora Angulo, titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Granada, que ha rechazado declararse competente en relación con la última denuncia por violencia de género vicaria interpuesta por Juana Rivas contra su exmarido, referida la situación de su hijo Daniel de 11 años, y reafirmó la competencia de la Justicia de Italia, donde el menor vivía con su padre. 

Esa decisión ha dado lugar a una campaña de descalificaciones y críticas contra Angulo iniciada por el abogado de Rivas y seguida por dos ministras y otros políticos. Ello ha notivado que 107 jueces de Violencia sobre la Mujer de España expresaran su "repulsa" ante esa campaña.

La magistrada ha pedido amparo al CGPJ instándole a tomar las "medidas necesarias para que, tanto desde el despacho del letrado Carlos Aránguez y asesores jurídicos de Juana Rivas -en particular, Francisca Granados- como desde los distintos Ministerios del Gobierno de España y personas que desempeñan o han desempeñado cargos públicos en dicho Gobierno -en particular la ministra Ana Redondo, la ministra Sira Rego, Irene Montero, Pablo Iglesias y Victoria Rosell-, se deje de difundir información sobre mi persona que vulnere mi independencia judicial y que tenga la intención de influir en mi libre capacidad de resolución".

De acuerdo con el procedimiento de tramitación de los amparos judiciales, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado pedir a las personas mencionadas en el escrito de Angulo que "efectúen cuantas alegaciones estimen convenientes". Tras estas alegaciones, será el pleno del CGPJ decidirá la concesión o denegación del amparo.

El escrito relata que el pasado día 10, el abogado de Rivas, Carlos Aránguez, hizo pública una nota de prensa que comenzaba: "Quédense con este nombre: Aurora Angulo. Es la jueza del Juzgado de Violencia contra la Mujer número dos de Granada".

Tras criticar sus decisiones en el caso de Juan Rivas, el letrado afirmaba que "es un hecho gravísimo que una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre".

Ese mismo día, el Ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, difundió un comunicado en el que, entre otras manifestaciones, indicaba que se debería escuchar al menor y tener en cuenta su opinión a fin de "garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador".

Añadía que existen normas internacionales "que dejan la puerta abierta a denegar el reconocimiento de una resolución de otro Estado en materia de responsabilidad parental si la misma fuera manifiestamente contraria al orden público" y opinaba que “el orden público en democracia es el orden público basado en la defensa y protección de los derechos, en este caso, del menor y de su madre”.

Por su parte, la eurodiputada Irene Montero tachó la decisión judicial como un acto de"violencia institucional insoportable". "Hay jueces que están haciendo política contra las leyes feministas y la infancia", dijo.

En una red social, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias publicó una foto de la magistrada con el texto: “Quién es Aurora Angulo, la jueza conservadora que no quiere escuchar al hijo de Juana Rivas. En 2016 Angulo archivó la denuncia de Rivas contra Francesco Arcuri. En 2024 se supo que la fiscalía italiana investiga a Arcuri por maltrato a su hijo menor”.

Según la petición de amparo, todas esas noticias del 10 de enero "deben encuadrarse en el marco de la campaña mediática iniciada con ocasión de la denuncia interpuesta por Juana Rivas contra su ex pareja el día 22 de diciembre de 2024, que tuvo entrada en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga y que dio lugar a un procedimiento penal en el que le fue denegada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Málaga la orden de protección que solicitó".

Ello dio lugar a una campaña en redes con la etiqueta Salvemos a Daniel en la que participó Victoria Rosell, exdelegada del gobierno contra la violencia de género y ahora magistrada en activo, que escribió: “Daniel tiene 10 años y ha denunciado a su padre por maltrato. Según la Guardia Civil en el sistema VIOGEN, está en riesgo alto. Si le obligan a volver a Italia con él tras denunciarle, el riesgo será mayor. España ha sido responsable de dos casos de desprotección que acabaron en asesinato…".

La ministra de Infancia, Sira Rego, manifestó que "he escuchado a Daniel, hijo
de Juana Rivas, decir que muchas veces piensa que se va a morir. Estamos preocupadas por su seguridad. Su testimonio es desgarrador. Yo le creo”.

En su escrito al CGPJ, Angulo afirma que tanto la inicial nota de prensa del abogado como las manifestaciones efectuadas por "personas de evidente relevancia pública
que han opinado no sólo sobre las circunstancias fácticas del asunto, sino también acerca de cuál debía y debe ser la resolución judicial a adoptar, constituyen un ataque a mi independencia".

No porque las decisiones judiciales no estén sujetas a crítica sino porque en este caso "se trata de poner en duda mi capacidad profesional e intentar influir en definitiva en el sentido de las resoluciones judiciales que tenga que dictar en los procedimientos en los que Juana Rivas sea parte".

Angulo señala que en este momento tiene pendiente decidir sobre recursos interpuestos por la defensa de Rivas.