Roberta Metsola y Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo./

Roberta Metsola y Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo./ Parlamento Europeo

Tribunales

Las organizaciones de jueces se movilizan ante la UE y el Congreso contra la reforma que limitará la acción popular

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura pide a Von der Leyen y Metsola que intervengan ante una proposición que "frustra la persecución y condena de delitos relacionados con la corrupción".

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Las organizaciones de jueces han empezado a movilizarse para expresar su rechazo a la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Socialista del Congreso el pasado viernes que, mediante una severa restricción de la acción popular, favorecerá, de ser aprobada en su actual redacción, a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez en los procesos penales que se dirigen en la actualidad contra ellos, así como al prófugo Carles Puigdemont.

María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, de representación mayoritaria en la carrera judicial, ha dirigido cartas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a las que traslada "nuestra enorme preocupación" por una reforma que "frustra la persecución y condena de delitos relacionados con la corrupción política, restringe el derecho a la tutela judicial efectiva y atentan contra la libertad de expresión de jueces y magistrados, configurando una nueva amenaza contra el Estado de Derecho".

La dirigente de la APM afirma que la reforma promovida por el PSOE "limitaría gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción que hoy se lleva a cabo en determinados Juzgados y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en las que aparecen como presuntos autores personas que están o han estado relacionadas o vinculadas con el Gobierno de España y con el círculo familiar de su presidente", Pedro Sánchez.

Destaca que, "como ya ha sucedido en otras ocasiones (a título de ejemplo, el intento de modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial en octubre de 2020)" y "a pesar de la gran afectación que, de aprobarse, supondría para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y al estatuto de jueces y magistrados", ni el Consejo General del Poder Judicial ni las asociaciones judiciales podrán emitir informe alguno "pues el partido del gobierno ha optado por presentar una proposición de ley en vez de un proyecto de ley, para eludir los informes técnicos, desatendiendo, una vez más, las recomendaciones de la Comisión Europea a este respecto".

Para la APM, la proposición de ley orgánica pretende una reforma del ejercicio de la acusación popular que "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva". Aunque reconoce que "más veces de las deseables hemos asistido a uso torticero de la acción popular, significadamente por parte de los partidos políticos frente a sus adversarios", la acción popular ha permitido la investigación y la condena de numerosos casos de corrupción política "a veces ante la inactividad del Ministerio Fiscal".

"La regulación de la acusación popular propuesta cercena en buena medida las posibilidades de su ejercicio porque, primero, prohíbe directamente determinados colectivos y entidades ejercer la acción popular; segundo, limita notablemente la legitimación de su ejercicio a las demás personas y entidades a las que, en abstracto, no se prohíbe, al exigir un vínculo con el interés objeto del proceso; y, tercero, superados tales obstáculos y admitida a trámite la querella, impide a quien ejercita la acción participar en la fase de instrucción, y, por ende, proponerla las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos, participar en la práctica de las mismas o interponer recursos contra su rechazo", explica.

Subraya que esas limitaciones a la acción popular "dejarán en manos de la Fiscalía la investigación de las causas de corrupción política en unas circunstancias como las que actualmente vivimos en España, en las que el fiscal general del Estado está siendo investigado por el Tribunal Supremo por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos, y cuando está en cuestión su independencia y autonomía del Gobierno".

También critica la nueva causa de abstención y recusación de jueces y magistrados "por la emisión de sus opiniones en el ámbito público y privado". "Una cosa es garantizar la apariencia objetiva de imparcialidad, básica para la confianza de los ciudadanos en la Justicia, y otra muy distinta tratar de evitar o silenciar la discrepancia y la crítica", afirma.

"Queremos mostrarle aquí nuestra preocupación y solicitarle su intervención, que en el pasado ya consiguió evitar derivas peligrosas para la democracia", concluye la misiva.

Reuniones con los grupos parlamentarios

Por su parte, la asociación judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han anunciado que pedirán reuniones a los protavoces de justicia del Congreso para transmitirles que la restricción del ejercicio de la acción popular que se pretende "supone el riesgo de que determinados hechos escapen del conocimiento de los juzgados y tribunales".

"En especial, gobiernos de cualquier signo podrían aprovechar la falta de independencia del Ministerio Fiscal y la limitación de la acción popular para crear espacios de impunidad y eludir el control que respecto de su actuación han de llevar a cabo los jueces y magistrados", consideran.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones recuerdan que los procedimientos penales acaban por sentencia, condenatoria o absolutoria, "en virtud de los hechos que se consideren probados y con respeto al principio de presunción de inocencia, y no en función de quién haya ejercido la acusación".

A su juicio, el actual ordenamiento jurídico ya contiene mecanismos suficientes para sancionar el abuso de derecho en general y las denuncias falsas y querellas infundadas en particular.

"Si lo que se pretende es acabar con el estigma social que se genera a las personas investigadas por una instrucción judicial, o limitar la llamada 'pena de banquillo', lo correcto sería dotar a los órganos judiciales de medios adecuados para que los procedimientos (en este caso, la instrucción de causas penales) se puedan completar en períodos de tiempo razonables, pero nunca limitar las vías de acceso a la tutela judicial, ni los medios de conocimiento por jueces y tribunales respecto de hechos que puedan ser delictivos", opinan.

La AJFV y FJI señalan que, al tratarse de una proposición de ley orgánica presentada por el partido político que ostenta la mayoría en el Gobierno, "cuya tramitación permite eludir informes de órganos consultivos", han solicitado reuniones urgentes con los grupos parlamentarios "para explicar las gravísimas consecuencias que la aprobación de la ley puede suponer para nuestro Estado de Derecho".