Carlos Barrabés, propietario del Grupo Barrabés.

Carlos Barrabés, propietario del Grupo Barrabés. Cedida.

Tribunales CASO BEGOÑA

"No se puede buscar la verdad a cualquier precio": la Audiencia le anula a Peinado el registro a Barrabés en el 'caso Begoña'

El tribunal considera que la decisión del juez de acordar el registro de una vivienda y una sede empresarial no estuvo motivada lo suficiene.

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La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de ordenar el registro del domicilio y de la sede de una empresa de Juan Carlos Barrabés. Y le reprocha los "conceptos muy genéricos" y las "referencias imprecisas" que esgrimió para acordarla.

Barrabés es uno de los investigados en el caso Begoña. En esta causa judicial también ostenta la misma condición Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, a la que Peinado investiga por cuatro supuestos delitos: apropiación indebida, tráfico de influencias, intrusismo profesional y corrupción en los negocios privados.

Además de anular su decisión, la Audiencia madrileña le deja este mensaje al juez instructor: "No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Sólo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etc. dentro de los parámetros fijados en la ley".

Así lo expresa en una resolución fechada este miércoles, en la que da la razón a la Fiscalía y al empresario. El tribunal, jerárquicamente superior a Peinado, le afea que, como único motivo para acordar los registros, el juez se basara en "la relación amistosa entre Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez", al sospechar que ésta podía haber intermediado en favor de que el primero recibiera contratos públicos.

Barrabés fue profesor en uno de los dos másteres que Gómez co-dirigió hasta 2024 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Asimismo, la denuncia que dio origen a esta causa, presentada por el sindicato Manos Limpias, relataba que el empresario aportó a un proceso de adjudicación pública dos avales firmados por la esposa de Sánchez. En estos procedimientos, una UTE (unión temporal de empresas) de la que formaba parte logró contratos por valor de 10 millones de euros.

Ahora bien, como declaró Begoña Gómez ante el juez, ella no trató de influir en ninguna licitación. Expresó que grandes empresas también firmaron estas manifestaciones de interés, que suponían un aval al proyecto concreto. Y descartó cualquier irregularidad.

Esta porción de la causa quedó en manos de la Fiscalía Europea, al afectar a fondos de la UE. No obstante, Peinado continuó investigando otras adjudicaciones recibidas por el Grupo Barrabés de varios organismos públicos. Entre ellos, el Centro Superior de Deportes (CSD) y el Ayuntamiento de Madrid. En el marco de esas pesquisas, ordenó los registros que ahora quedan anulados.

La "falta de concreción" con los que los acordó, a juicio de la Audiencia, es insuficiente para inspeccionar el domicilio y la sede de una compañía propiedad de un investigado. "No resulta suficiente para justificar el sacrificio del derecho fundamental afectado", señala el tribunal. Por tanto, anula la decisión del juez de acordar los registros, que había sido impugnada tanto por la defensa del propio Barrabés como por la Fiscalía, a los que da la razón.