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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Europa Press
García Ortiz explicará en el Supremo que ha cambiado tres veces de móvil desde 2022 para proteger datos sensibles
Se convierte en el primer fiscal general que comparece como investigado después de tres meses de una instrucción adversa, pero reconfortado con la decisión de otra Sala del Supremo de no tumbar su nombramiento.
Más información: El TS rechaza por unanimidad anular el nombramiento de García Ortiz como fiscal general: 'No incumplió sus funciones'
Álvaro García Ortiz será hoy el primer fiscal general de la etapa democrática que comparecerá como investigado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. Después de tres meses de instrucción en los que su situación se ha ido complicando con cada resolución del instructor, Ángel Hurtado, el responsable del Ministerio Público explicará el embrollo en el que se ha convertido un procedimiento por un supuesto delito de carácter menos grave, la revelación de secretos, que amenaza con llevarle al banquillo.
García Ortiz acude al alto tribunal reconfortado con la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que en una decisión unánime tomada ayer mismo ha rechazado anular su nombramiento como fiscal general.
Pero en la Sala de al lado, la Penal, el panorama no es en absoluto favorable al máximo responsable del Ministerio Público: el magistrado instructor resaltó el pasado 13 de enero, cuando acordó llamarle a declarar, que considera "apuntalados" los indicios de que el fiscal general "dirigió los pasos que llevaron" a la filtración de un correo muy negativo para la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. Una filtración que habría dirigido "aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales".
Y en otra resolución conocida el pasado lunes el instructor dejó claro que la línea de defensa adoptada por la Abogacía del Estado no incide para nada en lo que él considera indiciariamente relevante.
Para Hurtado, el hecho de que el origen del conflicto fuera una filtración del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (que provocó que se difundiera la falsa información de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para que reconociera haber cometido fraude tributario) carece de interés penal. Y ello es así porque MÀR contaba "con la autorización de la persona a quien concierne el secreto" (la pareja de Díaz Ayuso), mientras que el correo electrónico en el que se centra la instrucción fue "filtrado subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto".
El 'mail' de la discordia
La investigación, que empezó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en torno a una nota de prensa hecha pública por la Fiscalía el pasado 14 de marzo, se centra ahora en ese 'mail', fechado el 2 de febrero de 2024.
En él, el abogado Carlos Neira, defensor de González Amador, comunicaba a la Fiscalía de Delitos Económicos que su cliente deseaba llegar a un acuerdo de conformidad, que pasaba por el reconocimiento de su comportamiento delictivo.
"Es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT", escribió Neira a la Fiscalía de Delitos Económicos.
La literalidad de ese 'mail' fue filtrada a la prensa en la noche del 13 de marzo, después de que varios medios informaran, falsamente, de que era la Fiscalía la que había ofrecido pactar a González Amador, aunque luego había retirado su propuesta para llevarle a juicio. El propio Miguel Ángel Rodríguez difundió en redes sociales un 'tuit' con ese mensaje esa misma noche.
Hurtado sospecha que la filtración del correo del 2 de febrero partió de la Fiscalía General, bajo el control de García Ortiz. Se basa en un indicio temporal: el 'mail' llegó a la prensa "solo tras la recepción del mismo por parte del fiscal general a las 21:59 horas" del 13 de marzo. No había sido filtrado antes, ni cuando el expediente sobre González Amador estaba en la Agencia Tributaria ni cuando llegó a la Fiscalía de Delitos Económicos.
El responsable del Ministerio Público, que niega rotundamente ser el filtrador, explicará al instructor que su único interés en acceder a los correos que se cruzaron Neira y el fiscal del caso, Julián Salto, era elaborar una nota de prensa para desmentir las informaciones falsas que estaban poniendo en entredicho la actuación profesional del Ministerio Público.
Esa nota fue, en efecto, difundida a las 10.20 horas del 14 de marzo de 2024. Y, aunque el TSJM vio en ella indicios de revelación de secretos, el Supremo rectificó esa apreciación cuando las diligencias fueron elevadas a la Sala Penal por razón del aforamiento del fiscal general. La revelación no estaría ya en el comunicado informativo, sino en la filtración del correo que ha permitido al Gobierno atacar con insistencia a la presidenta madrileña por estar viviendo con un "delincuente confeso".
El magistrado Hurtado cuenta con otros datos negativos para García Ortiz, como el hecho de que cambiara de dispositivo móvil pocos días después de que la Sala Penal abriera la causa contra él.
El fiscal general explicará que su teléfono almacena información "muy sensible": desde procedimientos policiales y judiciales secretos hasta investigaciones que se siguen en otros países o contactos con Fiscalías extranjeras.
Ello le lleva a eliminar periódicamente los mensajes que almacena y, cada cierto tiempo, a cambiar el dispositivo. Así lo ha hecho tres veces desde que es fiscal general, cargo para el que fue nombrado por primera vez en agosto de 2022.
García Ortiz pidió un nuevo móvil en mayo de 2024, cuando no se sabía que el TSJM elevaría la causa al Supremo. Sin embargo, por "pura dejadez", afirman las fuentes consultadas, no hizo el cambio hasta octubre.
Las mismas fuentes precisan, no obstante, que "ni García Ortiz ni nadie" podían pensar que la primera diligencia del instructor del Supremo sería enviar a los agentes de la UCO a registrar el despacho del fiscal general para incautarse de sus dispositivos y clonarlos. Rechazará, así, que tuviera ninguna "intención de ocultar nada".
Lo que diga hoy le atará para el futuro. Hurtado ha acordado nuevas diligencias para intentar acceder al contenido del antiguo dispositivo de telefonía móvil del fiscal general.