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La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a su llegada al Tribunal Supremo, este jueves.
La fiscal jefa de Madrid dice que se limitó a dar cuenta del caso del novio de Ayuso al fiscal general obedeciendo su orden
Pilar Rodríguez ha declarado como investigada. Se ha desmarcado de García Ortiz y ha contestado al juez. También ha desmentido a Lastra.
Subraya que 12 fiscales y 4 funcionarios tienen acceso a la cuenta genérica a la que la defensa de González Amador envió el correo admitiendo el fraude fiscal.
Más información: García Ortiz niega haber filtrado el 'mail' del novio de Ayuso pero alega que "la mentira no puede ser un secreto"
Veinticuatro horas después de la declaración en el Supremo de Álvaro García Ortiz, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también ha sido interrogada en el alto tribunal por un presunto delito de revelación de secretos.
A diferencia de su superior, Rodríguez sí ha contestado a las preguntas del instructor del Supremo, el magistrado Ángel Hurtado. No ha respondido, sin embargo, a las acusaciones populares que ejercen el Colegio de Abogados de Madrid y el sindicato Manos Limpias. Tampoco a la representación del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La filtración a la prensa el pasado 13 de marzo del contenido de un correo electrónico que el abogado Carlos Neira, defensor de González Amador, envió a la Fiscalía de Delitos Económicos reconociendo que el novio de Ayuso había cometido dos delitos tributarios es el centro de la investigación de Hurtado.
Pero no el único: el instructor también indaga en la participación de la fiscal jefa de Madrid en la difusión, el 14 de marzo de 2024, de una nota de prensa en la que se desmentían informaciones falsas de que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador para que reconociera el fraude fiscal, aunque después lo había retirado "por órdenes de arriba".
Este jueves, Rodríguez, que ya declaró por estos hechos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha insistido en que no filtró el correo que Neira envió a la Fiscalía de Delitos Económicos el 2 de febrero de 2024 reconociendo el comportamiento delictivo de su cliente. Tampoco filtró ningún otro documento, aseguró.
Ha explicado que su actuación se limitó a cumplir el deber de dación de cuenta que le impone el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: García Ortiz le ordenó que le enviara los correos que se cruzaron Neira y el fiscal de delitos económicos Julián Salto y ella cumplió esa instrucción, cuya finalidad era elaborar la nota de prensa, en la que ella no participó. Lo único que hizo, igualmente a petición del fiscal general, fue verificar que las fechas y datos del comunicado informativo eran correctos.
Ha subrayado, además, que el mail fue enviado a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos a la que tienen acceso directo 12 fiscales de Madrid y cuatro funcionarios. Pero esa información pudo ser accesible a lo largo de los días siguientes a unas 60 personas, sin contar con la difusión que pudo darle González Amador y su abogado.
El contenido literal del mismo fue publicado en la Cadena Ser la noche del pasado 13 de marzo, dos horas después de que llegara a la Fiscalía General (FGE) tras ser enviado por la Fiscalía de Madrid. A la mañana siguiente, el 14, El Plural, medio afín al Gobierno y al PSOE, difundió la propia imagen del mail. El pacto de conformidad aún no ha llegado a materializarse.
Acceso de numerosas personas
"No hubo trato de favor o desfavor [a González Amador por parte de la Fiscalía]", ha señalado, antes de expresar que no supo hasta marzo que el empresario pertenecía "al entorno de la presidenta [de Madrid]".
Pilar Rodríguez también ha destacado que 571 personas (más un número indeterminado de empleados del Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla y de funcionarios la Agencia Tributaria) tuvieron acceso directo a la denuncia que la Fiscalía presentó contra la pareja de Ayuso y al expediente tributario del mismo a partir del día 5 de marzo de 2024. La primera filtración de esa denuncia se publicó en eldiario.es el 12 de marzo. Dos días después, en la mañana del 14, El Plural ya publicaba el pantallazo del correo enviado por Neira a Salto.
La dación de cuenta del expediente sobre González Amador también pudo ser conocida por 30 fiscales y funcionarios de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, ya que los documentos que Rodríguez envió se mandaron al correo genérico de la Secretaría Técnica.
Como sucedió este miércoles durante la declaración de García Ortiz, la Fiscalía no ha formulado preguntas alegando que los registros ordenados el pasado octubre por el juez Hurtado en los despachos de García Ortiz y de Pilar Rodríguez vulneraron derechos fundamentales, por lo que son nulas las pruebas obtenidas.
La nota de prensa
La noche del 13 de marzo, Rodríguez pidió a Julián Salto —el fiscal de Delitos Económicos que acusa a González Amador de dos ilícitos de fraude fiscal— que le enviara todos los correos que éste había intercambiado con el abogado del empresario, Carlos Neira. Luego, se los mandó a García Ortiz cumpliendo la orden de éste.
Dichos mensajes fueron empleados en la elaboración de una nota de prensa que se publicó en la mañana del 14. Con ella, la Fiscalía desmintió una noticia de El Mundo, diario que, a las 21:29 horas del día 13, había publicado que Salto era quien había ofrecido el pacto a Neira. En realidad, fue al revés.
Este jueves, Rodríguez ha señalado que atender esta petición de García Ortiz era su obligación; más aún cuando iban a ser empleados en contrarrestar una versión que la Fiscalía consideraba "inveraz".
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La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, este jueves.
También ha reiterado que no tiene capacidad para decidir sobre la difusión de notas informativas y que su labor se ciñó a corroborar que lo expresado en aquel borrador era veraz. No obstante, asegura que se hizo responsable luego de la difusión de la nota "por lealtad" a la Fiscalía.
Ante el juez, ha señalado que hasta recibirlos de parte de Salto, desconocía los mencionados correos que luego reenviaría a un correo personal (una cuenta de Gmail) del fiscal general. No le extrañó ese extremo; entendió que, debido al horario nocturno, era la cuenta más accesible para García Ortiz.
Rodríguez ha señalado que revisó "el iter procesal" recogido por el borrador y manifestó, simplemente, que era correcto. Ha sido entonces cuando el instructor le ha preguntado si pudo o cree que debió reclamar "la supresión de datos confidenciales" de la nota.
La investigada ha contestado que no considera que aquella información tuviera carácter reservado, pero tampoco tenía capacidad de decisión.
También ha contextualizado su frase: "Dan ganas de incorporar un poquito de cianuro". Fue un mensaje que ella envió por WhatsApp a García Ortiz tras dar el OK a la nota de prensa. Ha explicado que fue "un desahogo" porque desde la Comunidad de Madrid llevaban varios días poniendo en duda su imparcialidad y su profesionalidad.
Desmiente a Lastra
En su declaración, Pilar Rodríguez también se ha referido a un extremo de la declaración de la fiscal superior de Madrid. Y lo ha hecho para desmentirlo. Como testigo, Almudena Lastra, durante su testifical, aseguró haber reprochado a la fiscal jefa provincial que hubiera enviado los correos a García Ortiz.
"¿No te das cuenta de para qué quieren esos correos? ¡Los van a filtrar!", aseguró Lastra que le dijo a Rodríguez.
Sin embargo, este jueves, la investigada ha defendido que no recuerda que su superior le dijera "nada de ese tenor" ni que le expresase discrepancias o quejas sobre la nota aclaratoria que se acabaría difundiendo el 14 de marzo.
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo. Efe
La abogada del Estado que representa a Rodríguez ha solicitado que Lastra vuelva a declarar, a lo que el juez Hurtado se ha negado. El instructor ha señalado que el procedimiento, por el momento, está en fase de instrucción, no es un juicio.
Desde que ese mail —la propuesta de acuerdo, planteada a Salto por parte del letrado de González Amador— se hiciera público a través de El Plural, diversos dirigentes lo esgrimieron para cargar contra Ayuso. También, para tildar a González Amador de "defraudar confeso", sin serlo.
Además de García Ortiz y de Pilar Rodríguez también está investigado en esta causa Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, quien deberá declarar en el Supremo el próximo 5 de febrero.
Al inicio de este procedimiento, también estuvo investigado el fiscal Salto, pero el caso fue archivado para él cuando aún se tramitaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, antes de ser enviado al Supremo (al constatarse indicios contra el fiscal general, que está aforado).