El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo el 29 de enero.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo el 29 de enero. Europa Press

Tribunales

Parte de la cúpula fiscal exige la dimisión de García Ortiz "por el bien de la institución que dirige" tras declarar en el Supremo

Afirman que su negativa a contestar al instructor del alto Tribunal "es impropia de un Estado Democrático de Derecho" / Desde la Fiscalía General replican que ningún "factor externo debe interferir" en el proceso judicial

Más información: El juez también incluye en la investigación a García Ortiz la nota sobre el novio de Ayuso y la filtración de la denuncia

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Trece de los 33 fiscales de Sala, la más alta categoría del Ministerio Público, han pedido este viernes a través de una carta (PDF) la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por su situación procesal de investigado en el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de un correo electrónico del novio de Isabel Díaz Ayuso. Los firmantes del escrito consideran que la imagen de Ministerio Fiscal se está viendo sometida a una "tensión insoportable", consideran "impropio" de un fiscal general que se negara a contestar al instructor del Tribunal Supremo el pasado martes y concluyen que su renuncia al cargo es "imprescindible por el bien de la institución que dirige y de los miembros que la integran". 

Los firmantes del escrito son Javier Zaragoza, Antonio Narváez, Elvira Tejada, Consuelo Madrigal, José Miguel de la Rosa, Rosana Morán, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Huete, Pilar Martín Nájera, Francisco Moreno, Manuel Moix y María José Segarra.

Esa última fue la primera fiscal general del Gobierno de Pedro Sánchez y ocupó ese cargo, a propuesta de la entonces ministra de Justicia Dolores Delgado, entre junio de 2018 y enero de 2020.

Segarra no es la única fiscal de Sala de perfil progresista que suscribe la petición de dimisión de García Ortiz. También ha firmado el escrito Elvira Tejada, fiscal de Sala contra la criminalidad informática, que fue jefa de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General cuando el máximo responsable del Ministerio Público era Cándido Conde-Pumpido.

En cambio, no lo han firmado otros fiscales de Sala de perfil conservador como Jesús Alonso o Francisco Jiménez Villarejo

Entre los firmantes se encuentran los cuatro fiscales del 'procés' (Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno), así como Javier Huete, encargado de recibir al fiscal general en la puerta de autoridades del Tribunal Supremo el miércoles, cuando García Ortiz declaró como investigado.

El escrito recuerda que desde la Junta de Fiscales de Sala celebrada el pasado 17 de octubre, cuando la mayoría de ellos respaldaron la permanencia de García Ortiz en el cargo, "se han producido hitos en la causa que se sigue contra V.E. [el fiscal general] en el Tribunal Supremo que hacen imprescindible -por el bien de la institución que dirige y de los miembros que la integran- su renuncia a dicho cargo"

Los trece fiscales de Sala consideran que la imagen del Ministerio Fiscal se está viendo sometida "a una tensión insoportable" por culpa de García Ortiz y aseguran que su permanencia al frente de la institución "provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales".

"El avance de la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo y sus hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal", afirman los fiscales en el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. "El panorama se va agravando por la insólita posición en que se encuentra la Fiscal actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental".

La comparecencia del fiscal general del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del magistrado Ángel Hurtado es "impropia de un Estado Democrático de Derecho", señalan: "puede hacerlo [negarse a responder] como investigado don Álvaro García Ortiz; nunca el fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de 'velar por la independencia de los Tribunales'".

Por último, inciden en que los "escenarios procesales" en los que se encuentra García Ortiz son "claramente reveladores de la necesidad de su dimisión". Y concluyen: "Tal renuncia no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad: dejando intacta la presunción de inocencia que ampara a V.E., le abre la vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando, eso sí, al margen a la Institución a la que se debe".

Fuentes cercanas al fiscal general han expresado, tras conocer el escrito, su "absoluto respeto al proceso, sin que factores externos deban interferir".