El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Supremo el pasado 29 de enero. Europa Press
El juez Hurtado pregunta a las partes si suprimir los datos personales del fiscal general afectaría a la tutela judicial
El instructor del Tribunal Supremo acusa recibo de la queja de García Ortiz sobre la difusión de información personal que considera que ha puesto en riesgo su seguridad y su intimidad.
Más información: El CGPJ investiga ya la queja del fiscal general por la inclusión de sus datos personales en informes de la UCO
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que instruye la causa abierta al fiscal general del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dictado una resolución en la que pone en conocimiento de las partes la queja de Álvaro García Ortiz sobre la difusión de sus datos personales para que, en su caso, formulen alegaciones.
El fiscal general ha presentado una queja por escrito en el Consejo General del Poder Judicial en relación a la entrega a las partes de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el tráfico de llamadas del máximo responsable de la Fiscalía en las fechas en las que se filtró a la prensa información sobre el expediente por fraude tributario abierto al empresario Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso.
El informe de la UCO incorporaba varios anexos an los que aparece el tráfico de llamadas del fiscal general y la identificación del titular de la línea telefónica a la que él llama o desde la que le llaman, junto con el dato de las direcciones particulares de todos ellos.
Figura, así, en esos anexos al informe de la UCO el domicilio de García Ortiz, además de sus teléfonos y DNI. Pero también el de los titulares de los números de teléfono a los que el fiscal general ha contactado o que le han contactado a él, incluido el de su propio jefe de escoltas.
Esta situación llevó la pasada semana a García Ortiz a pedir a Interior un aumento de su protección, que ya ha sido acordado.
El fiscal general presentó ayer una ampliación de su queja tras constatar que la información comunicada por la UCO al instructor desglosa todas sus llamadas realizadas y recibidas durante 10 meses, a pesar de que Hurtado ordenó que el análisis de los agentes se restringiera a las fechas comprendidas entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, el periodo en el que se centra la investigación.
“Constan en la causa y se ha dado traslado a las partes de aproximadamente 240.000 registros de mi actividad diaria y profesional”, ha alegado el investigado.
El instructor señala en su resolución que "conocida la queja presentada por el fiscal general del Estado en el Consejo General del Poder Judicial "relativa a la difusión de datos del investigado en determinados medios, al parecer extraídos del informe de la UCO de 7 de febrero de 2025, incorporado a las actuaciones, quede constancia de ello".
El magistrado pide a las partes personadas que formulen alegaciones "en la medida que pueda verse afectado su derecho a la tutela judicial efectiva, caso de tales datos que se han de incorporar al sumario, en virtud de lo acordado en una resolución jurisdiccional, fueran omitidos”.
Hurtado vuelve a recordar a las partes que tienen un deber de reserva sobre los datos de la instrucción.
