La huelga de funcionarios de Justicia sigue su curso. Y no son el único colectivo que exige al ministerio de Pilar Llop que sus peticiones sean escuchadas. Este lunes tuvo lugar la reunión del Comité de Huelga con Justicia para intentar acercar posturas. Y lo han hecho en pleno caos judicial por la amenaza de que los jueces y fiscales se unan a la huelga del funcionariado.
Tras una larga e intensa reunión dividida en dos sesiones, los funcionarios de la Administración de Justicia confirmaron este martes que no hubo acuerdo entre las partes. Y, en rueda de prensa, han anunciado una huelga total para varios días de mayo.
Los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT también han convocado una concentración el próximo día 4 frente a la sede del Ministerio de Justicia. Hasta ahora, habían efectuado paros parciales entre las 10 y las 13 horas, que han quedado sustituidos por las siete jornadas de huelga total que se celebrarán el 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.
[Los abogados piden a las fuerzas políticas la especialización judicial en Derecho de Familia]
Por su parte, la ministra Pilar Llop recalcó desde la Feria de Abril de Sevilla su voluntad negociadora: "No es el momento de adoptar determinadas medidas de presión". La dirigente indicó, además, que gracias a la gestión de su equipo ya se llegó a un gran pacto con los sindicatos para poder subir los salarios de los funcionarios en diciembre de 2021, por lo que considera que es posible volver a abrir vías de entendimiento. Los sindicatos, no obstante, no descartan cualquier nueva medida de presión.
¿Qué está pasando con los funcionarios?
El pasado 17 de abril, los funcionarios de la Administración de Justicia comenzaron una huelga indefinida para reivindicar un aumento salarial en línea con el que han tenido los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los anteriormente llamados secretarios judiciales. Hasta ahora, estas huelgas parciales han consistido en paros diarios de tres horas: de 10 a 13h.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, el pasado jueves en el Congreso
Su intención es conseguir un aumento salarial como el que firmó recientemente el colectivo de LAJ, quienes tras dos meses de huelga, sellaron con el Ministerio un aumento de entre 430 y 450 euros mensuales a partir de 2024.
Este conflicto se ha traducido en la paralización de cientos de miles de actuaciones judiciales, cifra que está cerca de llegar al millón, según cálculos del Comité de Huelga, que cifran el seguimiento de la huelga en un 85%. Sin embargo, Justicia los cifra entre el 15 y el 18%.
¿Quiénes son los convocados a la huelga?
El personal convocado a la huelga es el correspondiente a los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia. Es decir, el 93% de la Administración de Justicia, tal y como expresó el Comité de Huelga a través de un comunicado conjunto.
CCOO, UGT, STAJ y CSIF son los sindicatos convocantes. Los llamados a la huelga son los funcionarios pertenecientes al subgrupo A1, donde se incluyen médicos forenses y facultativos, el subgrupo A2, de Gestión Procesal y Administrativa y técnicos especialistas de laboratorio, el subgrupo C1, donde se encuentran los miembros de Tramitación Procesal y Administrativa y ayudantes de laboratorio, y el subgrupo C2, de Auxilio Judicial.
¿Qué piden los funcionarios?
El motivo principal de la huelga es la exigencia de un aumento salarial en línea con el que se aprobó para los letrados de Justicia. Los funcionarios demandan un incremento del Complemento General del Puesto, el cual se debe aplicar a todos los Cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales.
Este aumento salarial se desglosaría de la siguiente en forma, en función de los diferentes subgrupos previamente citados: piden una subida de 430 euros al mes para los profesionales de la categoría A1, de 400 euros más al mes para el subgrupo 2, de 375 euros al mes para la categoría C1 y de 350 euros mensuales adicionales para los funcionarios del subgrupo C2.
Sin embargo, los funcionarios no sólo piden este aumento salarial, sino también que se eliminen las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población. Por último, exigen la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), y que se negocie la aplicación de la misma en asuntos conflictivos, como destinos, horarios y retribución de funciones.
¿Habrá también huelga de jueces y fiscales?
Además de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia ya convocada, el Gobierno tiene otro posible problema a la vista y es la convocatoria de otra por parte de jueces y fiscales, tal y como manifestaron este lunes las principales asociaciones de estos colectivos.
Si Justicia no actualiza sus retribuciones, como exigen, la intención de jueces y fiscales es la de convocar una huelga indefinida que comenzaría el próximo 16 de mayo. De confirmarse esta opción, podría suponer un caos absoluto para el correcto funcionamiento del Ministerio y de la Administración de Justicia.
En un comunicado conjunto, jueces y fiscales se quejaron de la enorme carga de trabajo para los tribunales y para el Ministerio Público: "Afecta tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y de los miembros de la Fiscalía".