El V Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia ya ha concluido. Por quinto año consecutivo, los Estados Generales del sector sanitario se han reunido para analizar la situación del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Por la cita se han pasado más de 140 ponentes del Gobierno, de las comunidades autónomas, de las profesiones sanitarias, de la ciencia, de las universidades, de las empresas y de la industria. Sus intervenciones han servido para poner el foco en los principales retos y deberes que España todavía tiene pendientes y que se deben abordar sin demora.
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Colaboración público-privada: la Administración Pública y las empresas no deben sólo colaborar, sino que su cooperación debe pasar a otra dimensión. Se debe normalizar esta relación, así como la existencia del sector privado dentro del Sistema Nacional de Salud como ingrediente esencial. No sólo para colaboraciones esporádicas, sino como parte estructural del modelo. La compartición de datos sanitarios sin fronteras es esencial para el paciente.
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Reformas legislativas: en los próximos meses y años se vienen varias reformas legislativas fundamentales para el ámbito de la sanidad tanto en España como en Europa. Será clave que para estos cambios las Administraciones públicas españolas y europeas busquen el consenso con los sectores sanitarios con el fin de que los cambios no empeoren el actual ecosistema.
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I+D: Europa está perdiendo la carrera de la innovación en productos sanitarios. Ya no lidera los ranking de patentes de medicamentos y ha sido adelantada por China. Para solventar esta situación es necesario revisar los incentivos para la investigación y el desarrollo y no rebajar los periodos de protección por patente.
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Evaluación: la evaluación de medicamentos y productos sanitarios debe recortar tiempos para mejorar el acceso de los pacientes y de los ciudadanos a ellos. Un acceso temprano que debe ser prioritario sobre todo en productos para enfermedades raras, que deberían contar con su propia vía de aprobación.
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Financiación: la salud no es algo que dure un año. No tiene sentido que la financiación de la sanidad se plantee y dependa de unos presupuestos que tienen 365 de duración. Es necesaria una visión a medio y largo plazo y plantear fórmulas de financiación para la sanidad plurianuales.
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Recursos humanos: la revisión del Estatuto Marco se ha convertido en una prioridad. Hay que actualizarlo y generar incentivos para los profesionales sanitarios y buscar vías que permitan elevar la productividad, sobre todo en la sanidad pública. Además, es necesario aplicar medidas urgentes para abordar la situación de la Atención Primaria, cuya situación empeora año tras año.
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Farmacia: es necesaria una mayor integración de las oficinas de farmacia en el sistema sanitario, así como acudir a sus recursos cuando sea necesario. Su colaboración es fundamental para poder abordar una de las principales lacras del sistema sanitario de los últimos años: los problemas de suministro de medicamentos.
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Prevención: la salud pública debe ser el mantra de la sanidad española. Es más eficiente y barato prevenir que curar. Y además es menos traumático. Para ello se requiere incentivar los diagnósticos y las campañas de cribado, así como poner en marcha la Agencia Estatal de Salud Pública, todavía pendiente.
- Obsolescencia: pese al plan INVEAT, que permitió una renovación parcial de la equipación tecnológica de los hospitales españoles, todavía quedan importantes lagunas en la actualización de la tecnología sanitaria. Este es el caso de los equipos de radiología: siete de cada diez tienen más de diez años de vejez.
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Industrialización: lograr el objetivo europeo de una autonomía estratégica abierta pasa, también, por una (re)industrialización del sector sanitario. Europa necesita volver a fabricar materias primas para elaborar sus propios medicamentos y productos y tecnologías sanitarias, y no sufrir episodios de desabastecimientos profundos como los de la pandemia u otros más recientes. Y para ello son necesarios nuevos incentivos para las empresas sanitarias, como incentivar la compra pública por valor o las actualizaciones de los precios de los medicamentos y otros productos sujetos a decisiones públicas.