España tiene una gran oportunidad por delante. Hacer que los trabajadores sénior en activo que se aproximan a la edad legal de jubilación, gracias a su mejor estado de salud que en generaciones anteriores y a su mayor esperanza de vida, trabajen más allá del límite prefijado por la ley para retirarse. Y, por tanto, compaginen pensión y empleo.

En la actualidad, según Eurostat, el promedio europeo de ciudadanos que cobran pensión y siguen trabajando está en el 13%. España, junto a Grecia y Rumanía, está en el rango bajo de la horquilla comunitaria, en el 4,9%.

Nuestro país vecino, Portugal, se sitúa en la media europea, mientras que Italia y Francia se aproximan al 10%. En el lado opuesto, los países escandinavos elevan su tasa hasta el 50%.

Por lo que, según los expertos, España tiene recorrido para igualar, cuanto menos, a sus vecinos mediterráneos, lo que supondría duplicar su porcentaje actual. Así lo han expresado en el II Foro Silver Economy, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

“Hay que facilitar que aquellas personas que puedan y quieran, que trabajen más allá de la edad legal de jubilación: cotizan, pagan impuestos, consumen y crean trabajo. Ahora mismo no se está aprovechando lo suficiente esta posibilidad”, ha puesto de manifiesto Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre.

Complementar la pensión pública

Durante el debate, también se ha tratado la insuficiencia de la pensión pública y la necesidad de reforzarla con productos financieros privados de previsión social complementaria.

El 60% del gasto total en España ya lo realizan personas mayores de 50 años. “Y para que esto siga así, hay que garantizar ingresos. Para que una persona cuando se retire de la vida laboral, siga conservando su nivel de vida y consumiendo”, ha esgrimido Fernández Palacios.

Para lograr esto, un primer paso sería, “por prudencia, establecer un sistema de pensiones mixto que trate de aprovechar las fortalezas del sistema de reparto [el actual] y del sistema de capitalización”. Así como empujar los pilares privados de la pensión.

En cuanto a los planes de pensiones individuales, Marta Borque, responsable de Vida y Pensiones de Unespa, ha abogado por que el Gobierno suba de 1.500 a 5.000 euros el monto máximo que los ciudadanos pueden desgravarse anualmente en el IRPF por aportar a sus pensiones privadas, como se prevé en las Haciendas forales del País Vasco.

“Y si esto no se pudiera hacer o, incluso, hacerlo de forma complementaria, establecer un régimen transitorio para que los trabajadores que aún no pueden disponer de un plan de pensiones de empleo, puedan ahorrar en un plan de pensiones individual con el mismo nivel de aportaciones que se contemplan en el sistema de empleo, y establecer una obligación posterior de trasladar estos ahorros al sistema de empleo cuando éste exista para estos trabajadores o tengan la oportunidad”, ha deslizado Borque.

Y es que, como ha subrayado Fernández Palacios, “el incentivo que más rápido se entiende para fomentar la previsión social complementaria es el fiscal”.