La despoblación es uno de los principales retos que tiene por delante Castilla-La Mancha y por ello ha sido tratada en una mesa del Foro Económico Español 'Castilla-La Mancha: logros y desafíos' moderada por el redactor jefe de El Español El Digital Castilla-La Mancha Alberto Morlanes en la que ha participado el comisionado para el Reto Demográfico del Gobierno de Castilla-La Mancha Jesús Alique y los presidentes de cuatro de las diputaciones de la región: Álvaro Gutiérrez (Toledo), José Manuel Caballero (Ciudad Real), Santiago Cabañero (Albacete) y José Luis Vega (Guadalajara).
Para plantar cara a este problema, Castilla-La Mancha tiene en vigor una ley pionera que como ha destacado Alique "nunca se había aprobado ni en nuestro país ni en otro de Europa." Uno de los puntos destacados de la norma es la fiscalidad diferenciada que como ha resaltado el comisionado "plantea deducciones del IRPF por vivir en zonas en riesgo de despoblación, que unidas a otras similares en el acceso a la vivienda, por ejemplo, provoca que una pareja joven puedan pasar 14 ó 15 años sin pagar si elige vivir en una zona rural."
Mesa Redonda: Los retos ante la despoblación y la ley pionera de CLM
Pero más allá de medidas fiscales, apoyo a empresarios o ayudas al transporte, Alique ha destacado que la ley "se ha planteado de una manera transversal y multisectorial, implicando a todas las Consejerías del Gobierno."
Junto a los ayuntamientos, las diputaciones son las instituciones que tienen que combatir en primera línea con la despoblación. Algunas, como Guadalajara o Toledo además tienen la particularidad de que algunas de sus comarcas están perdiendo población mientras otras como La Sagra o el Corredor del Henares están creciendo a un ritmo muy alto. En este sentido, el presidente toledano Álvaro Gutiérrez destacaba que "una vez que hemos sido capaces de poner en primera línea el problema, tenemos que actuar para que las personas que vivan en las zonas rurales en las urbanas tengan las mismas oportunidades."
"Hay que cambiar la creencia popular de que marcharse del pueblo a la ciudad es síntoma de progreso y creo que ese cambio se está produciendo desde las diputaciones," añadía Gutiérrez.
En la misma línea, el presidente de la Diputación de Ciudad Real José Manuel Caballero analizaba que "no podemos obligar a nadie a vivir donde no quiere, pero tenemos que garantizar los mismos servicios para las personas que decidan vivir en zonas rurales o urbanas."
A la hora de plantear la lucha contra la despoblación, aseguraba que es indispensable afrontarlo como "un asunto de Estado, con líneas presupuestarias nítidas y accesibles también desde la Unión Europea." "Igual que en los 80 y en los 90 se financiaron las cabezas de ganado, igual es la hora de financiar las cabezas humanas, que son más importantes," añadía.
Otro de los puntos sobre los que incidía el presidente ciudadrealeño es "un cambio en el modelo administrativo para que un pueblo de cien habitantes no tenga que hacer las mismas gestiones para contratar, por ejemplo, que una ciudad como Madrid."
Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete Santiago Cabañero también insistía en otra de las aristas que plantea este problema, la de los "éxodos dentro de la misma provincia" y que en el caso de su provincia propicia que "el 78% de la población se concentre en Albacete y un puñados de grandes municipios."
Cabañero, que además se reivindicaba como habitante de una zona rural, ha aseverado que la primera misión a llevar a cabo es "volver a prestigiarlo para convertirlo en tierra de oportunidades."
Por último, José Luis Vega ha pedido que "se tengan en consideración las zonas limítrofes a las zonas en riesgo de despoblación como Molina de Aragón, que tiene que afrontar los problemas que Teruel sin ser considerada zona en riesgo de despoblación por la Unión Europea".
El presidente guadalajareño ha resaltado varias de las acciones que están llevando a cabo para mejorar la vida de los habitantes de las zonas más despobladas como la puesta en marcha de 30 cajeros que permitirán a los habitantes de los pueblos más pequeños llevar a cabo sus gestiones financieras.