Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha puesto el acento sobre el enorme peso que tienen las comunidades autónomas en materia de Dependencia. En este sentido, ha asegurado que en 2022, "el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aportado 615 millones de euros" mientras que "el Gobierno de España no ha llegado a los 100 millones" cuando "las aportaciones deberían estar al cincuenta por ciento".
En su intervención en la segunda jornada del II Foro Económico Español de Castilla-La Mancha 'Logros y Desafíos', ha remarcado que más allá del asunto de la financiación, el Gobierno de García-Page hizo "una apuesta clara por la dependencia con un enfoque político claro". Como dato, ha recordado que "en 2015 el prespuesto en dependencia era de 372 millones", una cifra que ha crecido hasta los 615 de la actualidad permitiendo "no solo ofrecer mejores recursos y servicios, sino también reducir las listas de espera".
Bárbara García Torijano también se ha referido al programa sobre turismo social anunciado en las últimas horas por Emiliano García-Page. "El programa de mayores activos funciona y por eso, hemos querido llevarlo a las personas con discapacidad. Además, con este programa buscamos concienciar a la sociedad de lo importante que es que los recursos sean accesibles para todos", explicaba.
Otro asunto puesto sobre la mesa por la consejera es la creación de empleo en el ámbito del Bienestar Social, del que dependen 25.000 personas, la mayoría de ellas mujeres. Para llegar a estas cifras, García Torijano ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada para "llegar a rincones donde la administración no llega".
Exclusión y pobreza
En Castilla-La Mancha, en torno al 33% de su población se encuentra en riesgo de exclusión o pobreza. Sobre este "preocupante dato" la consejera ha reconocido que "pese a que hemos mejorado la tasa de pobreza severa, nos queda mucho por hacer y por eso estamos trabajando en un plan estratégico contra la pobreza de manera transversal".
En una situación muy complicada también se han encontrado los 3.000 refugiados ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, que han llegado a Castilla-La Mancha en este año de invasión rusa. Desde el estallido bélico, ha asegurado que "nos pusimos en marcha para dar una respuesta rápida y real no solo a los refugiados, sino también a la ciudadanía que se volcó con su voluntad de ayudar". La manera de articular toda esta ayuda fue "un comité de respuesta de emergencia muy transversal con entidades de primera acogida, delegaciones de gobierno y varias consejerías" a través del cual se consiguió, entre otras cosas, "tener ahora mismo 900 escolarizados y ofrecer a todos los refugiados tarjetas sanitarias". Esta respuesta, "debe hacernos sentir orgullosos del trabajo que hemos hecho todos como sociedad", sostenía.
Por último, García Torijano ha recordado que la próxima semana se va a aprobar, previsiblemente por unanimidad, la Ley de Atención a la Infancia y que tienen en cartera otras normas como la de Accesibilidad. Por ello, ha finalizado diciendo que "nos queda mucho por hacer".