La pandemia, y las restricciones que llevó aparejada consigo, supusieron una reducción de la movilidad, en general, y en las ciudades, en particular. En este último caso, de media, el transporte urbano se ha recuperado en un 75%. Aunque hay ciudades en las que llega al 90%-95%. “Pero el transporte privado se ha recuperado mucho más”, señaló María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Mitma durante el II Simposio del Observatorio de la Movilidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.
Dicho de otra manera: la recuperación del transporte urbano va por barrios. “No es homogénea. Ni a nivel ciudades, ni a nivel interurbano. Es una tendencia que tenemos que tratar de corregir”, subrayó María José Rallo. Y remarcó: “El gran reto es tratar de seguir recuperando usuarios en el transporte público”.
Un desafío al que hay que añadir otros como la reducción de emisiones, garantizar la movilidad, seguir transformando la ciudad… “En estos campos creo que vamos en la buena dirección pero hay que acelerar”, propuso Pablo Hermoso de Mendoza, presidente de Red de Ciudades Inteligentes (RECI).
El también alcalde de Logroño indicó que la pandemia puso sobre la mesa la pregunta de a quién dedicar el espacio público en las ciudades: que el coche fluya o que el peatón pueda disfrutar de la misma. “Las ciudades han hecho el esfuerzo de pensar en el peatón. Quizás sean provisionales. Lo que sí está claro es que deben consolidarse”, manifestó.
Pero en esa consolidación, y a pesar de los avances, indicó que hace “falta valentía y asumir el coste político que conlleva”. Porque ahí entra en juego un cambio radical y cultural, también del ciudadano.
Homogeneizar
En la mesa redonda organizada por EL ESPAÑOL-Invertia sobre ‘Los grandes retos de la movilidad y las ciudades’ también participó Dionisio González, director de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP). “La situación del transporte público es crítica tras la caída de la demanda fruto de los confinamientos. Pero es crítica también para las ciudades”, advirtió. Por ejemplo, el teletrabajo ha hecho caer la demanda un 20%.
En otro orden de cosas, Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), centró su intervención en el coste de la obra civil. Conviene recordar que la cesta de materiales supone el 37% del coste total de la obra. Y dicha cesta se ha encarecido, de media, un 54%.
“La obra civil produce 6.000 millones de euros cada año por lo que la escalada de precios supone 1.200 millones de euros de sobrecoste. Es un problema que hay que resolver”, indicó. Y recalcó: “Debe hacerse de forma rápida. Cada día que pasa es un día menos que queda para cumplir con los requisitos de los fondos Next Generation”.
Lo que los ponentes dejaron claro es que cada ciudad tiene estrategias y costes diferentes. Y que hay que acelerar el proceso de reducción de gases. “La aceleración tiene que ver con un momento de audacia y valentía política. Reducir un 50% la emisión de gases de efecto invernadero en las ciudades deben hacerlo rápido. Ningún alcalde ha despeatonalizado una calle peatonalizada. Hay que ampliar aceras, hacer caminos escolares seguros, que la gente coja su bicicleta… El abuso del coche en el centro de las ciudades es un problema. Las políticas públicas deben conseguir mayor seguridad y bienestar”, argumentó Pablo Hermoso de Mendoza.
Para María José Rallo, existe consenso en el tipo de movilidad que queremos: descarbonizada, inclusiva, vertebrada en torno al transporte público… “Pero descender a lo concreto es más complicado. En esa línea hay un gran dinamismo. Todos están activos. Pero en lo micro hay muchos problemas”.
En el camino hay dos incentivos importantes: la obligación legal derivada de la ley de cambio climático y los fondos del plan de transformación, recuperación y resiliencia. “Hemos lanzado una ayuda a los ayuntamientos de 1.000 millones de euros y hemos recibido peticiones por 1.500 millones”, apostilló. A la par indicó que el ministerio quiere ser el interlocutor con las instituciones “sin coger competencias de nadie” para homogeneizar y que los municipios “se beneficien”.
Por su parte, Dionisio González indicó que “estamos ante una oportunidad estratégica. Tenemos las expectativas de la ley de financiación y la gobernanza requerida, el liderazgo político y el apoyo de los ciudadanos”.
Lo que recalcó Julián Núñez es que estamos ante “una oportunidad de modernizar nuestras infraestructuras y que la reforma sea algo más que un mecanismo para mantener las carreteras”. María José Rallo concluyó resaltando que “sin consenso político y social el modelo no podrá implantarse. El ministerio tiene un compromiso de consenso. En el primer trimestre de 2022 habrá una propuesta para poder empezar a trabajar en ella”.