En las torres gemelas murieron 3.000 personas. En las residencias españolas, durante la pandemia, 30.000. Con estos datos empezó Cristóbal Valderas, presidente de CLECE, su participación en el ‘II Simposio Observatorio de la Sanidad: Las Lecciones de la Covid-19’, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia y que se ha iniciado este lunes.
Preguntado sobre qué se podía haber hecho y no se hizo para no alcanzar estas cifras, Cristóbal Valderas fue rotundo: “El tema de las residencias no está en la agenda política”. Para corroborar su afirmación, apuntó una serie de datos que consideró como “definitivos”. España gasta un 0,7% del PIB en tema de cuidados. La media de los países de la OCDE en ese aspecto está en el 1,7%. Y los países más avanzados llegan hasta el 3,5% del PIB. Por tanto, cinco veces más que España.
“Podíamos haber dedicado más recursos antes de la pandemia”, subrayó el presidente de CLECE que se lamentó que no se haya aprendido que hablar de residencias es hablar “de un ámbito asistencial, no sanitario”. Además hizo hincapié en que “en la pandemia no ha habido coordinación entre residencias, asistencia primaria y hospitales”.
14. Cristóbal Valderas, presidente de CLECE
Campos a mejorar
Demandado sobre cómo se puede mejorar este escenario, la respuesta del presidente de CLECE fue rotunda: financiación. “Hay que empezar a cuidar a las personas en su casa con la ayuda a domicilio. Si lees la ley de dependencia, el Estado tenía que poner el 50%. Y doce años después de su aprobación, estamos en el 15%. Tenemos listas de espera de 350.000 personas. Tienen la ayuda aprobada, pero no se le puede dar. Muchas personas se mueren esperando el servicio”, indicó.
De ahí que sea primordial cumplir la ley. “Y que se cumpla poniendo medios”, subrayó. Ahí puso el ejemplo de una enfermera que se dio de baja en una residencia de ancianos en un pueblo de la sierra de Madrid por maternidad. Era la única que tenía la residencia. Como no había enfermeras en la zona, no se pudo hacer la sustitución. Y la administración multó a CLECE.
“Eso significa un problema reputacional para nosotros. Y lo hemos resuelto no presentándonos al concurso”, remarcó. Otro asunto que debe tratarse de cara al futuro, según el presidente de CLECE, es el de la dignificación laboral. Y eso pasa porque tengan jornadas completas, que puedan conciliar, para que no se vayan a otros trabajos o a otros países.
“Los concursos públicos priman las subastas, es decir, el dinero, no la calidad del servicio. No tienen en cuenta la dignificación salarial de las personas que llevan el servicio”, indicó. También se refirió a las diferencias leyes a las que tienen que hacer frente, dependiendo de la comunidad autónoma. “Las subastas, en un concurso público, es una bomba de relojería”, añadió. Y, para concluir, consideró necesario establecer un sistema público de evaluación de la calidad de vida de los usuarios de las residencias: “En el Reino Unido lo tienen. En España sería bueno tenerlo”.