Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), da una extrema importante a las partidas públicas dedicadas a la sanidad. "Uno de los grandes retos que tenemos es que se garantice el efecto redistributivo que atribuimos al gasto sanitario, tanto a nivel regional como personal", ha indicado, al tiempo que ha glosado algunos asuntos que la inquietan.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) ya sufría una "sobrecarga que se ha visto acrecentada por la pandemia", ha indicado Herrero, que ha recordado que "todavía tenemos determinadas áreas que no están cubiertas como la salud bucodental y la mental".
Además, ha indicado que hay que revisar los recursos humanos de Atención Primaria y hospitalaria. Campos que generan unos gastos en personal que las comunidades autónomas han pedido a la AIReF que evalúe pormenorizadamente y que haga recomendaciones de mejora, ha añadido.
De hecho, el gasto en sanidad es un sujeto de evaluación constante en los Spending Review de la Autoridad, cuya presidenta ha participado en una intervención en el ‘II Simposio Observatorio de la Sanidad: Las Lecciones de la Covid-19’, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.
En ella, ha recordado que el sanitario "es un gasto fundamental para el ciudadano, que considera que los recursos que se le dedican son insuficientes". Por ello la AIReF busca áreas de mejora y eficiencia para optimizar los recursos en este campo.
Uno de los ámbitos en los que ha puesto la lupa la Autoridad ha sido el gasto farmacéutico, ha indicado Herrero, en el que hay numerosas posibilidades de mejora.
Para empezar, falta corresponsabilidad para las comunidades autónomas en la toma de decisiones respecto a los precios de los medicamentos. Tienen escaso peso en la Comisión Interministerial de Precios (que es el organismo responsable) a pesar de que cargan con el peso del 95% del peso del gasto farmacéutico nacional.
Por otro lado, alerta de la falta de coordinación entre comisiones de farmacia y considera que se podría dar una potencial reducción del gasto con un mayor uso de genéricos y, sobre todo, biosimilares. España está muy lejos de los países de nuestro entorno en el uso de estos productos.
Además, hay una baja aplicación de la ley de contratos, con mucha "recurrencia" a la compra directa, lo cual reduce la transparencia. También ve campo de mejora en los equipos de alta tecnología del SNS y ha alertado de su obsolescencia: "el 44% de los equipos tiene más de 10 años". Así mismo, ha lamentado la "falta de planificación e infrautilización" de determinados equipamientos.