Franco supervisa los planes de construcción de un poblado.

Franco supervisa los planes de construcción de un poblado. Archivo Santos Yubero

Historia

¿Hito o fracaso? La verdad sobre la política "social" de Franco de vivienda protegida y barata

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Franco se llevó una "impresión muy penosa" tras un viaje por Andalucía en 1961. En los alrededores de Sevilla se revolvió ante el olor repugnante que desprendían unas chabolas pegadas a un cementerio en las que "las moscas son infinitas y martirizan a los que tienen que vivir en medio de tanta podredumbre". "En ningún lugar de Marruecos he visto espectáculo tan deprimente", confesó a su primo carnal, quien le respondió que "en Madrid pasa lo mismo y que familias enteras duermen en chabolas diminutas, mezclados todos en un hacinamiento lamentable".

El problema de la vivienda seguía sin resolverse en la España de los 60, por muchos esfuerzos que hiciese la propaganda del régimen para intentar transmitir una imagen de mayor prosperidad. Según un estudio de 1945, la Guerra Civil había provocado la pérdida del 0,5% del parque de viviendas, un número muy inferior al que sufrieron otros países tras la II Guerra Mundial. La mayoría eran edificios dañados por las bombas arrojadas por la aviación rebelde sobre localidades como Guernica o epicentros republicanos como Madrid, Barcelona o Valencia, aunque el dictador achacaba constantemente las destrucciones "a los rojos".

El Instituto Nacional de la Vivienda (INV), cuyas placas con el yugo y las flechas son todavía visibles en algunos edificios de toda España, se creó en 1939 en el seno del Ministerio de Acción y Organización Sindical para abordar esta complicada coyuntura. En ese mismo "Año de la Victoria" y en un intento de desarrollar una política de cierto contenido social, se redactó la primera ley para la construcción de "viviendas protegidas". Según se consagraba en los principios de Falange y del Movimiento, los españoles tenían derecho a un "hogar familiar".

Un edificio construido por el Instituto Nacional de la Vivienda en Madrid.

Un edificio construido por el Instituto Nacional de la Vivienda en Madrid. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

La recuperación económica y la reconstrucción del país en la posguerra se fiaron a una política autárquica —proteccionismo nacionalista con una férrea voluntad de autosuficiencia productiva—. La escasez presupuestaria —se rechazó pedir un crédito a un Estado extranjero o a un consorcio de bancos privados— y de materiales básicos como el cemento a raíz del aislamiento y la insuficiencia de mano de obra especializada —en algunos casos se trató de paliar con prisioneros— y técnicos provocó el fracaso del Primer Plan de la Vivienda (1944-1954).

La actividad constructora en estos años, según un estudio del economista Alfonso Fernández Carbajal, fue muy escasa y ni siquiera cubrió las necesidades derivadas del crecimiento vegetativo. Además, se primó lograr con la construcción objetivos macroeconómicos como generar empleo y se sentaron las bases de un marco de actuación en el que los ingresos de las familias no eran un factor determinante para optar a los pisos. Las ayudas, además, se canalizaron mayoritariamente por el lado de los promotores.

Si bien la Ley sobre Viviendas de Renta Limitada de 1954 intentó sistematizar todo el régimen de ayudas oficiales en esta materia, subdividiendo los hogares objeto de protección estatal en dos grandes grupos, la situación empezó a mejorar algo con la creación del Ministerio de la Vivienda en 1957, dirigido por el falangista José Luis de Arrese. En la exposición de motivos se confirmaba el diagnóstico negativo y se afirmaba que el Estado había "puesto su más ambiciosa ilusión en esta batalla de la vivienda, que quiere ganar a costa de cualquier clase de sacrificio". El ministro reconoció que el déficit de viviendas sociales se situaba en el medio millón, aunque la realidad era mucho peor.

El Plan Nacional de Vivienda en el periodo de 1956-1960 resultó todavía infructuoso —se construyó solo el 37% de las viviendas de renta limitada previstas—. Pero el inicio de la etapa del desarrollismo vino acompañado de un espectacular incremento en la demanda de casas. El siguiente plan iniciado en 1961 y prolongado hasta más allá de la muerte de Franco contemplaba crear 3.713.900 viviendas, distribuidas en libres y protegidas, y estas últimas a sus vez entre promoción privada y pública u oficial. Se excedieron los objetivos cuantitativos con más de cuatro millones de unidades, pero no los cualitativos. 

Estatua ecuestre de Franco delante del Ministerio de la Vivienda.

Estatua ecuestre de Franco delante del Ministerio de la Vivienda. Archivo Santos Yubero

Como detalla Fernández Carbajal, el reducido número de viviendas de promoción oficial, las destinadas por sus características a las familias con menos ingresos, contrasta con la amplísima superación de las previsiones en el caso de las viviendas libres: 838.500 y 494.200 proyectadas respectivamente, frente a 369.900 y 1.400.200 construidas. El catedrático Carlos Barciela, estudioso de la economía y de las instituciones económicas españolas, expone en su obra Con Franco vivíamos mejor (Catarata) que las viviendas de protección oficial suponían en 1970 el 3,4% y en 1975 el 4,7%, frente al 8,3% de 1985, ya en democracia.

Este investigador subraya también que el régimen franquista apostó por una política de fomento de la vivienda en régimen de propiedad, con el que perseguía "el desarrollo de una mentalidad favorable hacia el orden social existente": "Durante el largo periodo de pago de la vivienda, los trabajadores evitarían poner en riesgo sus ingresos y el correspondiente pago de sus deudas. Era, en definitiva, un importante factor de sometimiento y de estabilidad social. Los dirigentes franquistas sabían muy bien que, si los trabajadores se convertían en propietarios, aunque fuese de una vivienda modesta, serían mucho menos proclives al conflicto, ya que tendrían algo que perder".

La congelación de los alquileres fue otra de las medidas más discutidas de la política de Franco para regular el mercado inmobiliario. En 1946 se aprobó una Ley de Arrendamientos Urbanos que fijaba restricciones a la hora de fijar y revisar la renta y que creó un marco legal que favorecía enormemente a los inquilinos frente a los arrendadores. Una decisión que en los casos más extremos empujó a los propietarios al abandono de sus inmuebles para que su mal estado justificase su demolición y la venta del solar.

"La única política de vivienda coherente y eficaz habría sido la de la masiva construcción de viviendas sociales por el Estado o con el apoyo a la iniciativa privada", concluye Barciela. "Pero eso habría significado un importante esfuerzo presupuestario e, inevitablemente, una reforma del sistema fiscal y, claro, a eso Franco no estaba dispuesto".