El Gobierno no cede ante los fabricantes y prohibirá vender coches contaminantes en 2040

De nada han servido las reuniones con el sector del automóvil, ni tampoco el que suponga el 10% del PIB de nuestro país. El Gobierno tiene claro que uno de los principales focos de contaminación en España es el automóvil y está dispuesto a ponerle límites. Así que en la nueva Ley de Cambio Climático se obligará a que en 2040 todos los coches que se vendan sean emisiones cero. 

Se trata de una norma que, salvo cambio de última hora, irá al Consejo de Ministros del próximo martes. En ella se mantiene la redacción inicial, en contra de algunas informaciones aparecidas en las últimas horas, en la que se destaca que “se adoptarán las medidas necesarias para que los turismos [...] reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos cero emisiones”.  

Fuentes conocedoras del borrador que Teresa Ribera presentará en el Consejo de Ministros explican que eso, en la práctica, significa que a partir de ese año todos los coches que se vendan en los concesionarios no podrán contaminar, con independencia de la tecnología que utilicen

Mejorar la eficiencia

Es decir, el Ejecutivo permitirá que se sigan vendiendo coches de gasolina y diésel, pero no podrán emitir ningún tipo de contaminantes. Eso hará que el sector tenga que hacer un esfuerzo por mejorar aún más la eficiencia de esos combustibles, algo en lo que llevan trabajando desde hace años y que era una de sus grandes peticiones. 

Obviamente, con esa regulación se abre también la puerta a un avance mucho más rápido del coche eléctrico e híbrido, pero también de otras tecnologías como el Gas Natural Comprimido (GNC), Ahora bien, para lograrlo tanto el Gobierno como el sector tendrá que trabajar en una rápida implementación de nuevos puntos de recarga.

Otros puntos del borrador, que han sido adelantados por la Cadena Ser, indican que la normativa establece en 2050 la neutralidad climática, y establece que en 2023 las ciudades con más de 25.000 habitantes deben contar con áreas de bajas emisiones.

También contempla que esas áreas no se puedan desmantelar si no es con el permiso del Ministerio. La idea es que el uso del vehículo privado en entornos urbanos se reduzca en un 35% hasta 2030 y los tráficos interurbanos en un 1,5% anual. Para ello también contempla que se apoye el transporte público, así como otras fórmulas de movilidad como el coche compartido o la bicicleta. 

Se trata de una norma que estaba lista desde la pasada legislatura, pero con el cambio de Gobierno tuvo que retirarse y volver a comenzar. Ahora se han hecho algunos ajustes, pero el grueso de la misma será el marco que ya estaba previsto por parte de la vicepresidenta cuarta del Ejecutivo.