La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional una querella contra el Grupo Isolux Corsan y contra quienes durante los años 2008 a 2015 ocuparon en la misma los cargos de Presidente, Luis Delso; Vicepresidente, Consejero Delegado y Director Financiero, con el fin de investigar el presunto pago de comisiones ilegales a funcionarios públicos de alto nivel de la República Argentina.

En concreto, el proyecto relacionado con esta práctica sería la adjudicación a dicha sociedad en el año 2007 de la construcción de una central termoeléctrica en la ciudad de Río Turbio en aquel país.

La querella se dirige exclusivamente contra los responsables de Isolux en España al tiempo de los hechos y no contra los ciudadanos argentinos responsables de la sucursal en Argentina, al encontrarse ya estos procesados y pendientes de juicio en aquel país.

La querella se sustenta en la investigación llevada a cabo por la justicia argentina en el conocido como caso “cuadernos de la corrupción”, según la cual durante los años 2003 a 2015, varios funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional habrían constituido una asociación ilícita, dirigida por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández  actual Vicepresidenta de la Nación. Durante este tiempo se habrían dedicado al cobro de comisiones ilícitas vinculadas a la concesión de obras públicas a diversas empresas.

Según el Juez a cargo de esa investigación, entre los años 2008 a 2015 Isolux habría efectuado, al menos, 19 entregas de dinero a tales funcionarios, cada una de ellas por regla general por un importe de 300.000 dólares. La investigación ha apuntado que, aunque esas entregas se ejecutaron por los responsables locales de Isolux, fueron autorizadas por la matriz española que, además, transfirió periódicamente los fondos necesarios para ello desde España.

Además del normal ejercicio de sus funciones, la acción de la Fiscalía Anticorrupción se dirige a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España tras la ratificación en el año 2000 del Convenio de lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.