El veto persistente de Hungría y Polonia al fondo de reconstrucción y al presupuesto plurianual de la UE (un paquete de estímulo de 1,8 billones de euros con el que la Unión pretende amortiguar la crisis del coronavirus) indigna al resto de socios europeos. El hartazgo por este pulso es tal que ha logrado unir a enemigos que parecían irreconciliables. El club de los frugales, liderado por Holanda, y el bando de los amigos de la cohesión, que encabeza España, están de acuerdo en que no hay que ceder al chantaje de Budapest y Varsovia.

Aunque aún ningún líder se atreve a decirlo en voz alta, el resto de Gobiernos empiezan a buscar alternativas para superar el bloqueo. El fondo anti-Covid de 750.000 millones de euros está ahora conectado al presupuesto plurianual y a las instituciones de la UE, lo que da a Hungría y Polonia derecho de veto. El plan B sería transformarlo en un acuerdo intergubernamental a Veinticinco, dejando fuera a Budapest y Varsovia. Esta opción ya se usó en 2012 cuando el entonces primer ministro británico, David Cameron, vetó el Pacto Fiscal Europeo y el resto de socios siguieron adelante sin Londres.

La indignación con Polonia y Hungría ha estallado en la reunión de embajadores de los Veintisiete ante la UE celebrada este viernes. Allí, la presidencia alemana ha informado de que en los últimos días no ha habido ningún progreso en el diálogo con Budapest y Varsovia para que rectifiquen. "La situación sigue siendo difícil", explica un alto diplomático europeo.

Durante la discusión, los embajadores polaco y húngaro se han quedado "totalmente aislados". "Nadie ha expresado ningún apoyo a su posición. No había ningún apetito entre los embajadores para cambiar el mecanismo de condicionalidad", aseguran las fuentes consultadas. Precisamente, lo que quieren Budapest y Varsovia es suprimir el nuevo reglamento que permitirá congelar los fondos de la UE a los países que no respeten el Estado de derecho, es decir, cuestiones como la independencia judicial, la libertad de prensa o el trabajo de las ONG.

Tanto los embajadores de los frugales como los de los países de la cohesión han reiterado su apoyo al compromiso sobre el presupuesto de la UE y el fondo de reconstrucción, así como al mecanismo de condicionalidad. Han resaltado que el acuerdo alcanzado en julio por los líderes europeos "sirvió para estabilizar los mercados" y han avisado de que ponerlo ahora en cuestión podría provocar nuevas turbulencias.

Explorar otras opciones

El veto de Varsovia y Budapest resulta especialmente preocupante para España, ya que amenaza con retrasar -o incluso impedir definitivamente- la llegada de fondos europeos para amortiguar el impacto económico de la pandemia. El Gobierno de Pedro Sánchez espera recibir 140.000 millones de euros y ya ha presupuestado 27.000 millones en los Presupuestos de 2021, que podrían no llegar a tiempo.

Algunos embajadores han avisado de que si el bloqueo no se levanta rápidamente, eso supondría una "ruptura fundamental" en la forma de trabajar de la UE y obligaría a "explorar otras opciones". Una referencia, sin nombrarlo, al plan B del acuerdo intergubernamental que excluya a Hungría y Polonia. 

La Comisión Europea avisa de las consecuencias "muy negativas" del bloqueo presupuestario. "La capacidad de actuar de la UE se vería muy gravemente limitada", ha dicho a los embajadores. 

De momento, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sigue enrocado. Sostiene que el mecanismo de condicionalidad en materia de Estado de derecho es un intento de "vincular asuntos financieros con cuestiones políticas" como la inmigración, las cuestiones de género o la soberanía nacional, y por ello exige que se suprima.

El primer ministro húngaro asegura que su país tiene músculo financiero para sobrevivir a la crisis de la Covid-19 sin las ayudas europeas. El actual bloqueo perjudica sobre todo a "los países de la UE con un alto nivel de deuda", que se van a encontrar en grandes problemas", ha dicho este viernes en una entrevista radiofónica. Es decir, caerán antes Italia y España que Hungría.

Su socio de veto, el polaco Mateusz Morawiecki, ha hablado este viernes por videoconferencia con la canciller alemana Angela Merkel, que en su calidad de presidenta de turno de la UE es la responsable de desbloquear la negociación presupuestaria. Del contenido de las discusiones no ha trascendido nada.

Democracias iliberales

Morawiecki y Orbán celebraron el jueves una reunión presencial en Budapest para reforzar su alianza. Los dos países están sujetos ya a un procedimiento sancionador de la UE por poner en riesgo el Estado de derecho. También coinciden en su rechazo a acoger refugiados y en hacer bandera de su conservadurismo moral y se autodefinen como "democracias iliberales".

A la Comisión Europea no le convence nada la idea de un plan B. Su presidenta, Ursula von der Leyen, ha sugerido a Polonia y Hungría que si no están de acuerdo con la nueva condicionalidad presenten un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). "Ese es el lugar en el que normalmente resolvemos nuestras diferencias de opinión sobre textos legales. Y no en detrimento de millones de europeos que esperan desesperadamente nuestra ayuda", ha dicho esta semana Von der Leyen en el Parlamento.

En una entrevista con EL ESPAÑOL, el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, también se mostró reticente a un acuerdo intergubernamental, que a su juicio retrasaría la llegada del dinero y además no sería tan sólido como el plan actual. Todo apunta a que habrá que esperar a la próxima cumbre de líderes europeos, programada para el 10 y el 11 de diciembre, para ver si es posible desbloquear a tiempo el fondo anti-Covid y el presupuesto plurianual de la UE.