El impacto económico negativo para España, si es que se vetan proveedores de 5G en la futura Ley de Ciberseguridad, sería de entre 1.200 y los 8.100 millones de euros en su PIB durante los próximos quince años, según un informe de Oxford Economics, que calculó el impacto de restringir la competencia entre los suministradores de redes en Europa.

El Gobierno de Pedro Sánchez presentará este lunes la Ley de Ciberseguridad que, entre otras cosas, deberá definir si se vetan operadores de infraestructuras -como Huawei- en parte del despliegue de redes 5G. Este periódico ha podido confirmar que la idea no es señalar a ninguna compañía, aunque en el sector se temen "sorpresas de última hora", con restricciones en puntos concretos de la red.

Volviendo al informe de Oxford, éste evalúa tres escenarios para los principales países europeos, dependiendo de lo restrictivas que sean las políticas en términos de seguridad de redes. En este sentido, para España y en el escenario menos restrictivo se produciría un impacto negativo en el PIB de 1.200 millones hasta 2035; de 3.700 millones en el escenario de impacto medio y 8.100 millones en el de mayores restricciones.

"Restringir la competencia en el mercado de las infraestructuras de red puede reducir significativamente el crecimiento económico en España durante los próximos 15 años", dice el informe.

"Los servicios 5G y las actividades asociadas estimularán la actividad económica por valor de 14.600 millones de euros en PIB y generarán alrededor de 329.400 puestos de trabajo en España", apunta el informe cuando se refiere a un escenario ideal en el que no se vete a ningún proveedor.

Impacto en el empleo

Por el contrario, y en el caso de costes, el escenario menos restrictivo podría aumentar el gasto anual medio de las operadoras de telecomunicaciones en 141 millones de euros (un 9% más) en el despliegue de 5G; en 292 millones en el escenario medio (+19%) y en 442 millones en el escenario más restrictivo (+29%). Los diferentes informes del sector sitúan las inversiones en toda la red 5G entre los 4.500 y los 6.000 millones de euros para las operadoras españolas.

En términos de empleo, 2,7 millones de personas sufrirían retrasos en el acceso al 5G en 2023 en el escenario menos restrictivo, cinco millones tendrían limitaciones en el escenario medio y hasta siete millones de personas sufrirían estos retrasos en el escenario más restrictivo. El informe explica que con menos proveedores aumentarían los costes de componentes y, por tanto, las compañías retrasarían su despliegue.

Del mismo modo, advierte que en un contexto de la recesión y posterior recuperación, un mercado competitivo para la infraestructura 5G ayudaría a maximizar las ganancias de la innovación tecnológica y el crecimiento en España.

"Los posibles beneficios futuros de la 5G son difíciles de predecir. Si bien la mayoría de los actores de la industria esperan que 5G transforme la economía, 5G puede terminar siendo simplemente una mejora de la tecnología 4G existente; o podría ser revolucionario en la forma en que lo era la máquina de vapor o la electricidad. La incertidumbre sobre la naturaleza de los beneficios también se reflejará en las consecuencias económicas de restringir la competencia en el mercado de la infraestructura de red", expone el informe.

En términos europeos el informe sugiere que restringir a un proveedor de infraestructura 5G en los 31 países europeos aumentaría los costes totales de inversión en casi 3.000 millones de euros por año, en promedio, durante la próxima década (a precios de 2020).

Costes en Europa

Esto representa un aumento del coste real anual del 19%, lo que se traduce en tres millones de euros al año en Islandia, pero hasta 479 millones de euros al año en Alemania. Además, la restricción de la competencia provocaría retrasos en el despliegue en toda Europa. Bajo el escenario de coste central, se estima que 56 millones de personas menos estarían cubiertas por la red 5G en 2023.

Tal retraso también resultaría en una innovación tecnológica más lenta y un crecimiento económico reducido. En el mismo escenario, el PIB nacional en el año 2035 se reduce en unos 6.900 millones de euros en Alemania y 7.300 millones de euros en Francia. En los 31 países europeos analizados, el PIB total perdido en 2035 se calcula en 40.000 millones de euros (a precios de 2020).

A partir de 2021 todos los países europeos comenzarán a decidir su estrategia en seguridad de redes de telecomunicaciones, abarcando el 5G, pero también el cloud y el edge computing. Basándose en la caja de herramientas (tool box) aprobada en febrero por la Unión Europea, cada miembro deberá adaptar esta normativa a su propia realidad.

Reino Unido y Alemania

Reino Unido ha sido el país más restrictivo, bloqueando expresamente a Huawei en su red core y estableciendo fechas concretas para que todas las operadoras dejen de contratar sus equipamientos con la compañía china en sus infraestructuras críticas.

En el caso de Alemania, la opción ha sido la contraria, estableciendo una normativa de seguridad estricta, pero en ningún caso vetando operadores concretos. Quien quiera estar en sus redes deberá cumplir protocolos específicos en función de criterios técnicos y objetivos. 

Las informaciones confirmadas por Invertia indican que España seguirá el camino alemán con un protocolo de seguridad de redes estricto, pero sin vetar a nadie. Un conjunto de normas que se publicarán en la Ley de Ciberseguridad que se presenta este lunes.