Desde siempre, el mar se ha considerado como una fuente inagotable de recursos para el ser humano. Ha proporcionado comida, recursos y, ahora también, energía. Sin embargo, cada vez nos damos más cuenta de que el término inagotable se va difuminando, quedando ante nosotros una realidad bien distinta: los recursos marinos poco a poco van reduciéndose.

Bien es cierto que se ha intentado poner remedio a asuntos destacados, como la preservación de los caladeros, elementos esenciales en la naturaleza y en la economía. Sin embargo, hasta ahora se ha visto que los esfuerzos han sido en balde.

A pesar de las regulaciones y las cuotas impuestas desde instituciones como la europea, vemos cómo cada vez hay menos barcos y menos recursos. Esta situación provoca que nos planteemos cómo hemos llegado hasta aquí.

Uno de los factores clave para entender esta sobreexplotación y deterioro de los océanos es la falta de control de la capacidad pesquera. Desde 1995, los buques de pesca que faenan en España se han aprovechado de las ayudas procedentes de la Unión Europea para modernizar sus buques, aumentar su capacidad y, con ello, favorecer a la sobreexplotación del medio marino.

La Unión Europea decidió tomar cartas en el asunto y, en 2002, dictó un reglamento (2371/2002), por el cual se fijan las reglas de la política pesquera común. Entre ellas, se encontraba la reducción de capacidad de la flota pesquera europea, fijando un sistema de control de la capacidad de los buques pesqueros por parte de los Estados Miembro y bajo supervisión de la Comisión Europea.

Este incumplimiento reiterado ha llevado a unas cuotas de pesca escasas

Dicho de otra manera, en función de una potencia delimitada para los buques sujetos al control de capacidad (arrastre y cerco, para las artes de pesca fijas se establecieron otros criterios), a través del esfuerzo pesquero (kW y horas de trabajo) y los Totales Admisibles de Capturas (TAC) se establecería la cantidad de pesca permitida que ese barco podría recoger.

Lo que al principio parecía un plan sin fisuras, se convirtió en una regulación que hacía aguas por todas partes: Desde la publicación de esta medida, la potencia de los barcos no solo no ha disminuido, sino que además no ha hecho más que crecer.

Por su parte, a pesar de los mandatos que tiene el Gobierno de España para revisar y sancionar a los barcos que no cumplen con la normativa, desde la Administración nacional no se ha hecho nada para revertir este problema.

Mientras, los encargados de regular la Política Pesquera Común se preguntan el porqué de que cada vez haya menos peces que poder pescar. La respuesta es bien sencilla: declarar una potencia, mientras que la real es bien distinta.

Desde la Plataforma de Afectados por el Incumplimiento de la Potencia Pesquera llevan denunciado la situación desde 2015. Primero, ante el gobierno de España dos años consecutivos, después, ante la falta de respuesta, elevamos la queja ante la Comisión Europea. Tras un primer momento en el que hicieron caso omiso de sus denuncias, en enero de 2019 volvieron a presentar la denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Hoy, los barcos que incumplen la normativa, e incluso los que han sido inspeccionados, continúan faenando en situación irregular

Esta vez, se admitió, la Comisión Europea la respaldó y publicó un informe en el que se incluían las denuncias presentadas desde la Plataforma entre 2015 y 2017, además de mostrar claras evidencias del incumplimiento del reglamento por parte de 15 estados miembros, entre ellos España.

El informe subrayaba que el 51% de los buques revisados en los 15 Estados miembros no cumplían la norma y que el 67% de los mismos o no cumplían o había indicios de que la nave había sido manipulada. En definitiva, apenas un 30% de los barcos examinados cumplían con las obligaciones de esa regulación.

Pero ¿qué ha cambiado desde entonces? Lo cierto es que nada. Pese al informe que da la razón a la plataforma, la situación de ilegalidad persiste. Hoy, los barcos que incumplen la normativa, e incluso los que han sido inspeccionados, continúan faenando en situación irregular.

Prueba del desconocimiento existente en los organismos de decisión europeos es la reacción del expresidente del Comité de Pesca del Parlamento Europeo, Chris Davies, que al conocer las conclusiones que arrojaban el informe de la Comisión, tildó de “fraude y farsa” la política pesquera común que se había llevado a cabo hasta la fecha.

Desde la plataforma no cesa en el empeño de continuar denunciando esta situación. Por ello, han decidido presentar su denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo para exigir que se encuentre una solución.

Asimismo, solicitan que se ponga coto a la ilegalidad y se busquen opciones viables para el control y seguimiento de la normativa. Hasta que eso no se haga, la sobreexplotación permanecerá vigente, la competencia entre los buques y los diferentes artes de pesca no será justa y la Política Pesquera Común seguirá siendo un fracaso.

*** Francisco Pérez es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Potencia Pesquera