La electricidad siempre nos rodea, está constantemente presente facilitando nuestras actividades e interacciones con el medio físico. Desde primera hora de la mañana haciendo sonar nuestro despertador, climatizando nuestro hogar a una temperatura confortable, lavando la ropa del trabajo, conservando los alimentos en buen estado... Cuando salimos a la calle por la noche sin chocarnos en cada esquina, y, ahora mismo, leyendo este artículo.

La energía siempre ha sido una fuente de vida y la electricidad se ha convertido en su forma más cercana, a nuestra total disposición, para mover los engranajes de nuestro sistema socioeconómico actual. Bien es cierto que no es el único. La movilidad, entendida como el desplazamiento de un objeto, en este caso de personas, entre un punto de origen y otro de destino, está copada por los combustibles fósiles. De momento.

A día de hoy, la electricidad supone un 22,2% de la demanda energética total que tenemos en nuestro país y el Gobierno propone un objetivo del 27% para 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y un 52% en 2050, partiendo de un 26% en el año 2020 (objetivo que no se corresponde con la realidad).

Con estos datos en la mano, hay que destacar que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) también propuso ese 50% de electrificación a nivel mundial contando con países más desarrollados y otros que no lo son tanto,. Debemos, por tanto, dejar la puerta abierta a la necesidad de que España aspire a un objetivo mayor, siendo un país puntero y líder en electrificación. Máxime si tenemos en mente que en la actualidad 1/3 de la población mundial no tiene acceso a la electricidad.

Estos datos, más allá de si son objetivos más o menos ambiciosos para cumplir con los compromisos adquiridos por el Acuerdo de París de reducción de emisiones de GEI, nos dan una idea preliminar de hacia dónde avanza el futuro y cuál será el vector energético sin emisiones que nos lleve hasta él.

Ahora bien, ¿cómo funciona el sistema eléctrico en España? ¿Es tan cara nuestra electricidad como dicen? Esta es una pregunta que ha rondado la cabeza de los españoles durante las últimas semanas a causa de los estragos provocados por la borrasca Filomena en el mercado eléctrico (con máximos de 94,99 €/MWh y mínimos históricos de 1,42 €/MWh).

Después la pregunta, tan crítica como volátil y con gran impacto durante unos días, se esfuma del disparadero mediático, pero sigue igual de presente en nuestra vida y modelo de producción y consumo. Ellos deciden cuando es noticia, siendo una realidad qe la electricidad, por su vital importancia en todos los sectores, no debe ser un tema que se saca encima de la mesa por meros intereses políticos o sociales y luego se guarda en el cajón del olvido. Tiene tiene que ser un tema de debate constante porque, siendo realistas, la electricidad es cara a lo largo de todo el año.

 Tiene tiene que ser un tema de debate constante porque, siendo realistas, la electricidad es cara a lo largo de todo el año.

Es una evidencia. Según Eurostat, con datos de 2018, los españoles pagamos la quinta electricidad más cara de toda la Unión Europea (UE), 0,2477 euros/kWh. Estamos solo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda. Las causas son tan complejas como enrevesadas, siendo la estructura de la tarifa eléctrica un verdadero jeroglífico para los ciudadanos de a pie. En este sentido hay que mencionar que, en el precio de la electricidad, según datos de 2019, un 61% corresponde a costes regulados y un 39% al coste de la energía (antes de impuestos).

¿Se puede limpiar la tarifa eléctrica para reducir el coste de la electricidad?

Sin duda y, además, no supondría ningún trámite normativo tedioso y prolongado, sino que debería ser resultado de la negociación como instrumento democrático, tras un amplio consenso político en torno a la energía, lo que siempre hemos reivindicado desde la Fundación Renovables porque beneficia a toda la ciudadanía. En el último informe publicado por la Fundación Renovables, ¿Qué hacemos con la tarifa eléctrica?, se proponen diferentes líneas de actuación para llevar a cabo esa “limpieza” de la tarifa eléctrica.

El primer objetivo es el coste de la energía, poniendo la diana en el mercado eléctrico con su ya ineficiente modelo marginalista en la fijación de precios, algo en lo que hay consenso en el sector energético. No podemos seguir teniendo un modelo diseñado para centrales térmicas con altos costes variables cuando, en 2030, un 74% de la generación eléctrica se hará con renovables que tienen un coste marginal tendente a cero.

Las subastas de energía, como las acaecidas a finales de enero, serían una solución, porque las centrales disponen de un precio cerrado a largo plazo y no se ven afectadas por el modelo marginalista, abaratando el precio de la electricidad con un precio medio ponderado de 24,47 €/MWh para la fotovoltaica y 25,31 €/MWh para la eólica (el precio medio en 2019 fue de 47,71 €/MWh).

Por otro lado, los ingresos del impuesto del CO2 deben recuperarse en la tarifa eléctrica porque se impone a todas las centrales y no solo a las de combustibles fósiles, que era el principal objetivo del impuesto cuando se creó. Finalmente, habría que abrir un debate en torno a la relación entre la propiedad de los activos hidroeléctricos de carácter privado y el agua como un bien de dominio público.

Pasamos a la guinda del pastel, ese 61% que suponen los costes regulados, que muchos no se atreven a tocar, y es la principal causa del encarecimiento de la tarifa eléctrica.

¿Por qué no lo hacen? La respuesta es que hay demasiados intereses económicos en juego, tanto privados como públicos. Desde la Fundación Renovables defendemos que la tarifa eléctrica responda al “pago por uso”, es decir, pagar por la electricidad que realmente consumimos y no para generar rentabilidad a las inversiones realizadas en las infraestructuras que permiten abastecer nuestra demanda.

Un 41% de los costes regulados viene del RECORE que ahora el Anteproyecto de Ley para la creación del FNSSE (Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico) quiere sacer de la tarifa eléctrica, lo que supone un buen primer paso, pero con un amplio margen de mejora, desde definir las exenciones con una carácter transitorio y degresivo hasta su mantenimiento en el tiempo como herramienta de mejora de la sostenibilidad energética.

Otro 38% de los costes regulados pertenece a la retribución fijada en función de la rentabilidad de las inversiones para las actividades de distribución y transporte de electricidad, lo que no está alineado con el servicio que realmente prestan.

En esta dirección, teniendo en cuenta el futuro eléctrico que nos espera, consideramos importante debatir también sobre si esta actividad debe ser asumida por los contribuyentes y no por los consumidores.

La tarifa eléctrica debe responder al “pago por uso".

Por otro lado, para eliminar el 15% de los costes regulados fijados como cuota para amortizar el déficit de tarifa hay posibilidades como extender el plazo de amortización hasta el límite de 2034 o su inclusión de forma parcial en el FNSSE.

Además, consideramos que la partida de costes extra peninsulares, que supone el 6% restante, debería incluirse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Finalmente, el IVA al 21%, otorgándole así al carácter impositivo de un bien de lujo, debería revisarse y corregirse, al menos para los consumidores domésticos como sujetos pasivos de IVA, por no hablar del impuesto del 7% a la generación de electricidad que se aplica a todas las energías cuando solo debería aplicarse a aquellas que no son medioambientalmente sostenibles, como mencionaba anteriormente.

Llegados a este punto, nunca hubiéramos imaginado que la complejidad inherente al gesto de encender la luz todas las mañanas, cuando todavía ni estamos totalmente despiertos, fuera tan elevada.

Si fuéramos verdaderamente consciente de la importancia de este gesto, de nuestra relación de interdependencia con la energía e, incluso, si defendiéramos una recuperación económica basada en la electrificación de la demanda, ampararíamos las propuestas para abaratar un derecho innato que nos pertenece y cuyo acceso, más allá de ser asegurado por el Estado a un precio reducido con una política energética electrificada y efectiva, debería ser universal. Lo que nos sale a un precio desorbitado no es la luz, son la inacción y las decisiones de los Gobiernos a lo largo de los últimos años.

Parafraseando a Einstein: “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”.

*** Ismael Morales es responsable de Comunicación de Fundación Renovables.