La pandemia llegó de la mano de una de las peores crisis económicas que el mundo ha vivido. Con la incertidumbre en máximos y las secuelas de las anteriores recesiones todavía palpables, las iniciativas de las empresas y las familias se estancaron y se abrió la veda de las políticas anticíclicas. Los impulsos a los estados para contrarrestar la caída de la economía proliferaron desde diferentes instituciones, desde el FMI hasta la Comisión Europea.

“Es el momento de acometer inversiones públicas de alta calidad en proyectos prioritarios'', concluyó el pasado mes de octubre el organismo internacional, subrayando la oportunidad de abordar las ingentes necesidades de inversión en infraestructuras, tanto en economías emergentes como en desarrollo, con un endeudamiento a un coste muy reducido.

Según sus estimaciones, en un momento de gran incertidumbre como el actual, el aumento de la inversión pública un 1% del PIB podría llegar a impulsar el crecimiento de un país un 2,7% y aumentar un 10% la inversión privada y un 1,2% el empleo durante dos años.

Desde Bruselas se dieron pasos en esa dirección. Desde un primer momento, la Comisión dio luz verde a las capitales para que dispararan su gasto con el fin de hacer frente al shock y sirvió en bandeja liquidez con el sello del Banco Central Europeo, pero el resultado ha sido desigual.

España amplía la brecha inversora respecto a las cuatro mayores economías europeas en el periodo 2021/2022. En concreto, la inversión pública anotará un déficit estimado del 64% respecto a la media de la inversión pública total de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, según las previsiones de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

El montante, que se estima en 56.700 millones de euros, supone menos de un tercio de la inversión pública total que llevarán a cabo Alemania (198.600 millones) o Francia (185.800 millones) para intentar compensar el desplome de la economía provocado por la pandemia.

La diferencia, lejos de ser circunstancial, responde a la tendencia de los últimos años. Según las cifras del comparativo de la inversión pública de las dos últimas décadas (2000/2010) que ofrece la patronal constructora, la citación pública en España se ha reducido un 34% frente al crecimiento que ha experimentado en países como Reino Unido, Alemania o Francia, con un incremento en términos reales de un 37%, 21% y 4% respectivamente.

El año de la pandemia

La caída de la inversión pública ha afectado de la misma forma, aunque en diferente medida, a la licitación y a la contratación en el sector de la construcción: durante 2020, la licitación pública en obra civil se ha reducido un 26%, hasta los 8.364 millones de euros, y la contratación pública, un 40%, quedándose en 6.348 millones.

Estos datos sitúan al sector en niveles de 2014, según los datos de la patronal, que subraya además de la situación provocada por la pandemia, dos importantes ineficiencias. Por un lado, el estancamiento de la ejecución presupuestaria de los dos grandes ministerios inversores, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En conjunto, el pasado año no superaron el 68,7%.

Esto se debe, explican, retrasos injustificados en los procedimientos de licitación y adjudicación de contratos, a la suspensión y resolución de contratos a causa de las adjudicaciones a ofertas con precios anormalmente bajos y a la elevada judicialización de los problemas que surgen de la interpretación y cumplimiento de los contratos, pero tampoco es algo ajeno.

Según los datos de Seopan, en los últimos 14 años se han dejado de ejecutar 41.100 millones de euros que habrían supuesto 48.000 empleos anuales y otros 20.145 millones de retorno fiscal.

Por otra parte, la patronal destaca la indecisión política para solucionar los obstáculos regulatorios que impiden la captación de capital en los mercados para financiar las infraestructuras que el país necesita para resolver su déficit en infraestructuras prioritarias y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas. Un ejemplo de ello, subrayan, es que el valor de las concesiones de infraestructuras en el pasado año apenas alcanzó los 50 millones.

2021, ¿oportunidad?

Las perspectivas para el sector este año están llenas de interrogantes. La incertidumbre en cuanto a la inyección de los fondos comunitarios provoca que el potencial crecimiento, de entre el 1% y el 2,7% estimado, esté condicionado por el cumplimiento de la ejecución presupuestaria -especialmente de Adif, que representa el 24,4% de la obra civil nacional-, por el impulso de los contratos de colaboración público-privada y por la capacidad de las administraciones de gestionar las ayudas europeas.

La inyección comunitaria para 2021 está cifrada en unos 34.490 millones de euros pero, según la patronal, los reducidos plazos y los retrasos en la Unión Europea para aprobar las normas reglamentarias de los Fondos no pintan un panorama demasiado halagüeño. De hecho, Seopan considera que hay riesgo de perder parte de este montante y pone sobre la mesa la posibilidad de plantear a las autoridades competentes una posible ampliación de los plazos de ejecución de las ayudas.